El obispo intenta zanjar el caso Ramos Gordón y no perseguirá a los encubridores

El prelado de Astorga recibe a cinco ex seminaristas de La Bañeza e insiste en que no castigará al cura pederasta porque su caso «está cerrado y no se va a abrir bajo ningún concepto»

El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, en una imagen de hace dos semanas.
ICAL

ALICIA CALVO

Una hora y diez minutos de reunión con el obispo de Astorga para dejar claro que la Diócesis no va a perseguir a los encubridores de los abusos sexuales cometidos por el ex párroco de Tábara, José Manuel Ramos Gordón, en el Seminario de La Bañeza.
Setenta minutos para confirmar que seguirán sin asumir responsabilidades, y para comunicar que «ya está cerrado y no se reabrirá bajo ningún concepto» este caso, el primero de pederastia reconocido por la Iglesia en Castilla y León y que levantó una cascada de nuevas acusaciones contra ese cura pederasta.

Así lo contaron en un comunicado los cinco ex seminaristas de La Bañeza, tras el encuentro que mantuvieron ayer con el prelado Juan Antonio Menéndez.
En esa cita, reclamaron la investigación de todos los casos de pederastia en ese seminario leonés y en el colegio Juan XXIII, de Puebla de Sanabria, en los que decenas de ex alumnos aseguran que fueron testigos de abusos sexuales durante los 70, 80 y 90.
Pese a que por un lado el obispo sostiene que ha iniciado «una amplia y exhaustiva investigación», por otro, Menéndez se contradice e intenta zanjar el caso de Ramos Gordón, a la luz del relato de los propios ex seminaristas.

Éstos contaron que tanto el prelado como el vicario judicial, Julio Alonso, insistieron durante la reunión en que el caso «ha prescrito». En esta afirmación se amparan para no investigar a quienes conocían los abusos que José Manuel Ramos Gordón perpetraba contra los menores y no actuaron.
La primera víctima, F. L. [la que acudió al Papa Francisco, destapó el caso y consiguió que Ramos Gordón confesara en un proceso canónico] habló de que al menos dos curas más conocían el infierno que sufrían cada noche él, su hermano y otros dos niños.

F. L. señaló directamente al recién ascendido vicario de Ponferrada, Javier Redondo de Paz, y al ya fallecido ex rector del Seminario, Gregorio Rodríguez. Pero nombró a otros sacerdotes.
Esta negativa del Obispado a que «den la cara» los que ocultaron los abusos fue la primera de las exigencias de los ex seminaristas frustradas ayer. Pero hubo más reveses.
Los ex alumnos también pidieron que la Iglesia impusiera a Ramos Gordón una pena acorde a la gravedad de los hechos cometidos y, ante esto, se toparon con que el Obispado se enrocó, de nuevo, en que «ya ha sido suficientemente castigado», de una manera «justa y acorde con la ley canónica».

Esta valoración choca con ese supuesto castigo, que se limita a apartarlo del sacerdocio por al menos un año y a que realice ejercicios espirituales y ejerza su labor pastoral en una residencia para sacerdotes mayores y enfermos.
Pero ni siquiera este supuesto castigo se cumplió porque la Diócesis le permitió oficiar misa en los dos homenajes que recibió por parte del pueblo zamorano de Tábara, cuando el Obispado ya sabía que se había declarado culpable de abusar de dos niños.
Tanto trató el obispo de zanjarlo ayer, que señaló que «se ha llegado hasta donde se ha podido llegar».

Los ex alumnos reconocieron que, pese a estar «satisfechos para ser una primera reunión», sus objetivos no se habían «cumplido».
Eso sí, después de afirmar que ni el caso de Ramos Gordón se reabrirá, que ni le castigará como reclaman las víctimas que denunciaron los hechos –dos ex alumnos de La Bañeza y uno de Juan XXIII–, ni abrirá la investigación al resto de sacerdotes que negaron el auxilio a los menores, el obispo aseveró que «colaborará para que todos los casos salgan a la luz».
En un escueto comunicado de seis líneas, el Obispado indicó que tiene la «firme intención de no tolerar, ni en el presente ni el futuro, ningún caso de delitos de este tipo», y así se lo manifestó a los ex alumnos.

El prelado les comunicó que ya había iniciado esa investigación que anunció ante los medios, aunque no entró en detalles sobre el proceso. Tan sólo indicó que persigue «verificar la verosimilitud» de los relatos de abusos sexuales sostenidos por varios ex alumnos del Seminario de la Bañeza y del colegio Juan XXIII, de la localidad zamorana de Puebla de Sanabria.
El encuentro no satisfizo en nada a Emiliano Álvarez, el ex seminarista que puso otro nombre sobre la mesa. Denunció hace dos semanas ante el Obispado abusos sexuales por parte otro cura, Ángel Sánchez Cao, mientras estuvo interno en el Seminario de la Bañeza, a finales de los años 70, cuando sólo tenía diez años.

Álvarez calificó la de ayer como «reunión de palabras huecas por parte del obispo, sin ningún tema concreto sobre la mesa».
Este ex alumno asistió sólo como acompañante de sus cinco ex compañeros y no estuvo presente durante la conversación con el prelado, pero las conclusiones transmitidas le parecen «insuficientes».
Para Álvarez, se trata «de una tomadura de pelo porque el obispo sólo ofrece buenas pero no está haciendo nada».

Este ex seminarista esperaba «mayor contundencia y que se persiguiera a los encubridores». También insiste en que «investiguen y aparten» a Ángel Sánchez Cao, actualmente destinado a El Barco de Valdeorras, Orense.
Para que Álvarez diera por bueno que la Diócesis quiere llegar hasta el fondo, le propone que «coja la lista de alumnos desde 1977 –el año en el que relata que Sánchez Cao abusó de él– y pregunte uno a uno qué vieron y qué les pasó. Lo demás es sólo hablar por hablar», opina.

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