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VILLARCAYO

Varios propietarios reclaman al Consistorio la devolución del IBI

Critican que tenía que haber cambiado sus parcelas de urbanizables a rústicas «ya en 2015, pero no lo ha hecho por dejadez y así sigue cobrándonos de más»

17/02/2019 M. M.

Los vecinos reclaman al Consistorio la recalificación del suelo de sus parcelas y la devolución del IBI mal cobrado.Los vecinos reclaman al Consistorio la recalificación del suelo de sus parcelas y la devolución del IBI mal cobrado.

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Contar con tierras en un rincón rural no siempre es sinónimo de tranquilidad. Así lo creen algunos propietarios de la localidad de Villarcayo, quienes reprochan a su Ayuntamiento que «hace años decidiera recalificar miles de metros cuadrados rústicos como urbanos sin consultarnos previamente, con lo que aunque debieron informar de ello con un cartel en el Ayuntamiento o publicándolo en algún periódico, muchos de nosotros no lo vimos y lo descubrimos meses después cuando comenzamos a sufrirlo en nuestros bolsillos».

Así explica su situación Ignacio Gamero, uno de los propietarios de Villarcayo que acaba de denunciar al Consistorio local solicitando la devolución de lo pagado de forma «conscientemente errónea por el recibo del IBI, porque a pesar de haber comentado a sus arquitectos en 2016 y en 2018 que corrigieran la errónea calificación de nuestras parcelas, no han hecho nada por dejadez y porque así siguen cobrándonos recibos mucho más altos de lo que debieran», alega.

De ahí que haya remitido ya su reclamación contra el Ayuntamiento de Villarcayo tanto a la Gerencia de Catastro como a la Fiscalía, «por la desinformación intencionada» ofrecida tanto en julio de 2016 como en octubre 2018 por los arquitectos municipales «conducentes a dificultar el cambio de clasificación catastral», argumenta en su escrito.

Detalla también que la ley 13/2015 de 24 de junio modificó uno de los artículos del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario -aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo-, «con la que se obligaba a todas las administraciones locales a realizar dicha actualización», interpreta. «Y con ello a devolver su carácter rústico a todas aquellas parcelas que, rebautizadas como urbanas en previsión de futuros proyectos urbanísticos, siguen hoy siendo los mismos campos de cultivo que antes, al no haberse hecho nada allí», explica Gamero.

Desfase que, como añade supone el cobro de un recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en nada acorde a la realidad del suelo.

De 4,95 a 300 euros

«En mi caso concreto -explica- se trata de una parcela de 30.000 m2 en la que el Ayuntamiento trazó una división, sin consultar, por la que 6.900 de ellos pasaban a ser urbanos», recuerda. Cambio que, como añade, «supone que desde hace años se nos cobre un IBI por esa pequeña parte urbana de casi 300 euros anuales, frente a los 4,95 euros que pagamos por los restantes 25.000 metros cuadrados que siguen siendo rústicos».

Hecho que les llevó, con la nueva modificación de la Ley de Catastro ya en vigor, a informar a los técnicos municipales del obligado cumplimiento inmediato tras dicha actualización, «pues por ley se tendría que haber realizado en junio de 2015», reitera. Sin embargo, tras ver que el Ayuntamiento seguía sin corregir dichos puntos, volvió al Ayuntamiento a preguntar al respecto. «Así que no pueden escudarse en el desconocimiento, ya que yo personalmente, solicité esa revisión y actualización en julio de 2016, tras ver que se había hecho caso omiso a la ley que llevaba ya un año en vigor».

Añade que tras dejarlo en manos del entonces arquitecto municipal, hoy ya jubilado, volvió el pasado mes de octubre de 2018 a trasladar su queja al actual arquitecto, «y éste me informó que debo ser yo quien pague a un arquitecto que levante acta del estado de la parcela», reprochó. «De nuevo una muestra de la total dejadez de funciones de este Ayuntamiento», considera, «pues debieron ser ellos hace años los que la tenían que corregir, y sin embargo, prefieren mantener el error, que no sólo me afecta a mí sino a más vecinos de Villarcayo y del entorno, al depender de éste casi 30 pedanías y entidades locales menores».

ya en los juzgados

Por ello, añade que de forma paralela a la presentación de sus escritos en el Ayuntamiento, la Gerencia del Catastro y la Fiscalía de Burgos, se ha puesto en contacto con más vecinos, pues en el entorno de su parcela existen al menos otras 40 en similar situación, «quienes estudian también reclamar al Consistorio que regularice esa situación y les devuelva lo que sabe que estos años ha estado cobrándonos mal», comenta.

O ya lo han hecho. Es el caso de un familiar suyo, quien harto de esperar denunció en los tribunales al Ayuntamiento, «estando su caso ya en trámites desde finales del pasado año y por idénticos motivos, pero en su caso afectando a parcelas mucho más grandes que suponen, a su vez, pagos mucho más altos», afirma.

Pedir una modificación

Preguntado el Ayuntamiento al respecto, el concejal de Iniciativa Merindades (IM) Pepe Casado, recuerda que tras conocerse una sentencia emitida en Extremadura al respecto de estos cambios, «defendimos en el Pleno en agosto de 2014 una proposición pidiendo revisar si los cambios afectaban a vecinos de Villlarcayo, así como la devolución del IBI en caso de que fuera así, pero tanto PSOE como PP lo rechazaron».

De igual modo, el actual alcalde Adrián Serna, explica que tras conocer las reclamaciones vecinales -«quienes no han hablado con ningún concejal», asegura-, «hemos consultado al Catastro y nos explicaron que deberá verse si es suelo urbano no consolidado (aquél donde solo es necesario la urbanización de la parcela para construir), o urbanizable, para el que sí se necesita un plan parcial y un proyecto», explica.

Además de «darnos como posible solución que pidan una modificación de las normas urbanísticas para el paso de estas parcelas a urbanizable o rustico, aunque tendrían que haberlo hecho en el plazo de alegación de las nuevas normas urbanísticas, que entraron en vigor entre diciembre de 2014 y abril de 2015», argumentó. Trámite que, reiteró Serna, «deben iniciar ellos pidiéndolo al Consistorio, el cual deberá recabar la documentación y aprobarlo en Pleno para trasladarlo luego a la Junta», resume. Y a la par, perfectamente compatible con la denuncia en los tribunales de la situación, si los vecinos así lo deciden.

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