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Burgos acoge la mediación en causas judiciales laborales e hipotecarias

La Junta de Gobierno aprobó la subvención de 20.000 euros para crear la oficina de asesoramiento intrajudicial que gestionará el Colegio de Abogados con procuradores y trabajadores sociales

MARTA CASADO
21/04/2017

 

La Junta de Gobierno Local dio luz verde a dos convenios en materia de asesoramiento judicial con elConsejoGeneral delPoder Judicial y con los colegios de abogados, procuradores y trabajadores sociales. El objetivo de estos dos convenios es la puesta en marcha de una oficina de mediación intrajudicial que actuaría en el ámbito del derecho social y en conflictos judiciales. La particularidad es que la oficina actuará «cuando el proceso judicial esté ya iniciado y actuar antes de emitir sentencia de ahí la necesidad de un acuerdo previo con el Consejo General del Poder Judicial».

El convenio suscrito con el Poder Judicial es el tercero de esta índole que se realiza en España, ya está desarrollado en Madrid y Barcelona y se inicia su implantación en Castilla y León, y persigue ampliar la filosofía de la medicación antes de llegar a un fallo judicial en un litigio abierto en materia social. Es un programa pionero en Castilla y León al que se suma el Ayuntamiento, sin coste alguno, que pretende atajar el proceso judicial entre un acto de conciliación fallido y una sentencia judicial para litigios sobre horarios, permisos y licencias para el cuidado de hijos o conflictos de vacaciones en el marco de las relaciones laborales.

Para que este fin se pueda desarrollar el Consistorio, a través de la Junta de Gobierno, aprobó conceder una subvención de 20.000 euros a los colegios de Abogados, Procuradores y Trabajadores Sociales para llevar a cabo esas misiones de mediación intrajudicial. Al ámbito social el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados incluye también el servicio de intermediación hipotecaria para todas aquellas personas que estén o prevén que puedan estar en un proceso de impago de las cuotas hipotecarias o que ya esté inmerso en un proceso de alzamiento. El único requisito para poder acceder a esta oficina es estar empadronado en Burgos y estar inmerso en algún conflicto laboral o hipotecario esté o no en situación procesal.

«El Ayuntamiento tanto en temas de conciliación como de conflictos hipotecarios tiene un interés social por el bienestar de sus vecinos que puedan evitar una situación de desahucio», explicó al respecto la concejal Carolina Blasco. De ahí que se haya firmado el convenio que estará vigente por un año con derecho a prórrogas otros cuatro. De los 20.000 euros que se destinarán a esta oficina, que será gestionada por elColegio de Abogados para la designación del personal que actúe de mediador y acudir a los profesionales del ámbito de la procuraduría o trabajadores sociales de los otros dos colegios firmantes del convenio. El reparto de los 20.000 euros anuales del convenio se destinará en un 80% para personal y el 20% para otros gastos asociados.El Colegio de Abogados percibiría el 70% de la subvención hasta la primera justificación del desarrollo de la oficina que pasaría a percibir el 30% restante.

La concejal del PSOE, María del Mar Arnáiz, mostraba ayer su indignación porque este convenio se aprobara por la vía directa de la Junta de Gobierno sin haberse tratado con anterioridad en la Gerencia de Servicios Sociales.

«Los corporativos de los distintos grupos no hemos tenido a nuestra disposición el expediente asociado a estos dos convenios durante los dos días hábiles que han precedido a la Junta de Gobierno Local de esta mañana. El alcalde ha decidido unilateralmente aprobar dos convenios que previamente apenas habíamos podido valorar en la gerencia de Servicios Sociales, y que por supuesto el Consejo nada había decidido al respecto», apunta Mar Arnáiz. La edil ha presentado una reclamación ante esta forma de proceder en la firma de los dos convenios y ha criticado que respecto a la intermediación hipotecaria no cumple el acuerdo de pleno que «exigía un asesoramiento y no un acompañamiento judicial». Por ello Arnáiz rechaza la actitud del alcalde que ha aprobado «unilateralmente» este convenio que se podría haber rechazado en el Consejo de Servicios Sociales.

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