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MUNICIPAL

Conde es partidaria de que la Junta elabore un protocolo para Diógenes

El Procurador del Común recomendó a los ayuntamientos que redactasen unas directrices / En el caso de la capital burgalesa existe una hoja de ruta pero no un marco concreto

N. E. / BURGOS
03/09/2017

 

La Gerencia de Servicios Sociales, que carece de un documento específico para actuar ante la detección de casos de síndrome de Diógenes, está abierta a que sean los servicios técnicos de la Junta de Castilla y León los que diseñen un protocolo marco para las entidades locales de la Comunidad Autónoma. Así, se lo trasladó en una comunicación oficial al Procurador del Común que se interesó por la forma de atención a estos casos en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.

El síndrome de Diógenes se diagnostica a las personas que acumulan compulsivamente gran cantidad de enseres, objetos, materia orgánica y otros materiales inservibles, procedentes muchas veces de los contenedores de basura, lo que ocasiona graves problemas de insalubridad en la propia vivienda y en el entorno. Aumenta también el riesgo de accidentes y de incendios.

La presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Gema Conde, explica que no se han recibido más comunicaciones ni recomendaciones sobre este asunto por parte de la oficina del Procurador del Común y considera que debe ser la Administración regional la que proponga un documento común que adopten las entidades locales.

De esta manera, defiende la forma de actuar de los profesionales de los servicios sociales de la capital burgalesa que, sin un documento específico, abordan la atención siguiendo unas directrices que implican el trabajo conjunto de profesionales de Salud, de Justicia y de Seguridad Ciudadana.

El Procurador del Común, en una resolución fechada en mayo de 2016, destacaba que los Ayuntamientos de León y de Salamanca son los únicos, entre los de más de 20.000 habitantes de Castilla y León, que contaban con un protocolo municipal de actuación ante situaciones de insalubridad en viviendas y locales para coordinar todas las actuaciones y solucionar este tipo de problemática. Recomendaba, por tanto, que se extendiera este protocolo a las localidades de más de 20.000 habitantes.

Es una problemática que está un tanto oculta ya que las personas que suelen sufrirlo son mayores que viven solos y el diagnóstico oficial solo lo pueden determinar los profesionales de la Psiquiatría. Los casos que se detectan en la ciudad están en una media de entre cuatro y seis al año por lo que el grado de incidencia se entiende que es bajo.

Primero los vecinos
Suele ser la voz de alarma de los vecinos de la persona afectada la que activa el mecanismo de actuación. «Preocupados por la situación de riesgo de la persona y también del entorno por la presencia de malos olores y la insalubridad», acuden a la oficina más próxima de servicios sociales y, en algunos casos, a la Policía Local. A veces es un familiar o un allegado el que da la voz de alarma, cuando se encuentra desbordado o no sabe cómo afrontar la problemática.

Cada situación requiere de una atención personalizada y, desde los servicios sociales, los profesionales estudian la mejor forma de acceder a esa persona, sobre todo tratando de buscar su colaboración y así establecer una relación de confianza. Si esto se consigue y la persona afectada permite las visitas domiciliarias, en algunas ocasiones se logra una intervención en dos niveles.

De esta manera, el primer paso es lograr la puesta en marcha de un programa de limpiezas extraordinarias, a través de empresas como Ceislabur (empresa de inserción de la Fundación Lesmes), con la colaboración del servicio de recogida de basura y de los servicios de sanidad para la desinsección y desinfectación. Además, se pueden abordar pequeños arreglos en relación con la habitabilidad de la vivienda.

Los técnicos llaman nivel dos de trabajo a la actuación directa con la persona. En lo material se puede proporcionar un alojamiento alternativo mientras se recupera su vivienda y en lo personal se procura su acceso a los dispositivos sanitarios para su diagnóstico y tratamiento. Tras el retorno a la vivienda, si es el caso, se realizan tareas de seguimiento para garantizar la adhesión al tratamiento médico. Este trabajo se realiza a través del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Sin embargo, a veces el acercamiento a la persona afectada se complica dado que suele ser habitual que exista un rechazo reiterado a una propuesta de ayuda. En situaciones concretas, cuando existen indicadores de que la persona no tiene capacidad para su autocuidado y se observa un riesgo para sí mismo y el entorno, los Servicios Sociales se ponen en contacto con la Fiscalía para que desde allí se promueva un procedimiento de incapacitación si es lo que se recomienda. En otras ocasiones, se promueven medidas de ingresos involuntarios en centros sanitarios o residenciales. Estas situaciones se abordan desde el ámbito de la Coordinación Sociosanitaria, con la colaboración de profesionales de los centros de salud y de los CEAS.

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