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MUNICIPAL

La continuidad del servicio de escuelas infantiles sigue «sin acuerdo formal»

El contrato finaliza el 31 de octubre / El PSOE ha mantenido 2 reuniones con la UTE para pedir que siga prestando el servicio hasta la llegada del nuevo adjudicatario / La formación no baraja la no continuidad

V. MARTÍN
09/10/2019

 

La continuidad de la UTE encargada de la gestión de las escuelas municipales infantiles sigue pendiente y «sin un acuerdo formal» sobre la mesa. La pasada semana la Junta de Gobierno local aprobaba una instancia para solicitar a la UTE Clece, Servicios Sociales SA y Selectia Servicios Auxiliares SL, actual adjudicataria de la gestión de las tres escuelas, que siga gestionando el servicio mientras se busca una nueva adjudicataria.

Hasta el momento el equipo de Gobierno ha mantenido dos reuniones con los responsables de la UTE para solicitar que siga prestando el servicio hasta finales de año, momento en el que estaría listo el nuevo contrato. «La empresa está agotando sus posibilidades de negociación, pero no pueden dejar un servicio así sin gestionar, tenemos la práctica seguridad de que continuarán prestando el servicio hasta que entre la nueva adjudicataria», comenta la concejal de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez.

La UTE informó al pasado equipo de Gobierno en octubre de 2018 su deseo de no prorrogar el contrato que le une al servicio, y que finaliza el próximo 31 de octubre. El pasado mes de abril, la gerencia de Servicios Sociales aceptaba formalmente la renuncia de la UTE de prorrogar el contrato, pero en ese momento no se activaba el proceso de licitación de un nuevo contrato. Ya a mediados del pasado mes de septiembre, las empresas volvían a informar por escrito que no continuarían con el servicio.

Las empresas alegan que «han detectado pérdidas económicas en la prestación del servicio», explica la concejal, quien apunta que «lo esperado es que aboguen por mantener el servicio y después, si consideran que los gastos han sido superiores, acudan a la vía judicial para reclamar las pérdidas que alegan, siempre y cuando sean justificadas».

La concejal socialista recuerda que durante el contrato, las empresas «deben atenerse a la licitación, ellos ofrecieron un precio y es por el que se presta el servicio». Una vez finaliza el contrato, la prestación del servicio se abonaría a través de reconocimiento extrajudiciales de crédito. «En este caso, los pagos también se realizarían en base a lo que viene reconocido en el contrato, pero si ellos demuestran que los gastos son superiores y lo pueden justificar, podrán reclamar por vía judicial», apunta Rodríguez.

Reconoce que son varias las familias que han acudido a la gerencia para mostrar su preocupación por la continuidad de este servicio que da cobertura a algo más de 300 familias con hijos de entre cero y tres años, a las que además habría que sumar la plantilla de los tres centros infantiles. «Algunas familias nos han trasladado su intranquilidad con este asunto, pero les hemos explicado que entendemos que el servicio se va a seguir prestando», explica Rodríguez, quien lanza un mensaje de «tranquilidad» a las familias. De hecho, el equipo de Gobierno «no se ha planteado un ‘plan B’ porque tampoco la posición de la empresa es inamovible y aunque aún no hay un acuerdo formal, entendemos que continuará prestando el servicio».

Tanto el pliego administrativo como el técnico para la licitación del nuevo contrato «ya están listos» y «se encuentran en Intervención para pasar después a Asesoría Jurídica», comenta la edil. El nuevo pliego se licitará por dos años con posibilidad de dos años de prórroga en la fórmula de uno más uno», pero hasta dentro de «dos o tres meses no habrá nuevo adjudicatario».

La concejal socialista es clara. «Este servicio no puede dejar de prestarse» y asegura que «el Ayuntamiento de Burgos no va a dejar de prestarlo bajo ninguna circunstancia». Cabe recordar que en la sesión plenaria ordinaria del mes de julio se acordó la revisión de la ordenanza 404 centrada en los de los precios de las escuelas infantiles, con el objetivo de caminar «hacia la universalización y gratuidad del servicio de forma paulatina», lo que supondría un coste extraordinario para el Ayuntamiento de Burgos de alrededor de medio millón de euros.

El contrato a la UTE se adjudicó en 2017 por dos años, con opción a prorrogar uno más, por un importe de 1.235.708 euros al año

 

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