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¿Deberían cotizar los robots?

Miguel Ángel Alonso, abogado y experto en derecho del trabajo y de la Seguridad Social, cree que tendría que haber algún impuesto como alternativa a otra fuente de recaudación

V. C. / BURGOS
13/02/2017

 

A la vista está que nuestra sociedad está viviendo una gran revolución tecnológica. Según los entendidos en la materia en estos últimos veinte años hemos sufrido más avances que en cuatros siglos, lo que supone tener que adaptarse a estos cambios tan rápidos. La introducción de máquinas y robots en las empresas más punteras está a la orden del día y la llamada industria 4.0 cada vez está más extendida.

El problema que se plantea a la hora de la implantación, tanto de la automatización como de la digitalización, es la pérdida de puestos para trabajadores físicos.

Teniendo en cuenta la reciente crisis económica por la que hemos pasado y viendo el peligro por el que está pasando nuestro sistema de pensiones, una de las cuestiones que se han planteado es la posibilidad de que los robots pudiesen cotizar a la Seguridad Social.

Para Miguel Ángel Alonso, abogado experto en derecho del trabajo y de la Seguridad Social, nos encontramos en una situación en la que el trabajo de los trabajadores será menos necesario. Así, la compara con el ludismo, un movimiento que se llevó a cabo por artesanos ingleses en el siglo XIX y por el que los obreros se revolucionaron contra las máquinas porque les quitaban el empleo. «De alguna manera es parecida esa sociedad industrial con esta nuestra tecnológica», afirma.

Alonso opina que ciertamente habría que hacer algo, porque la pirámide de la población se ha invertido y ahora hay más pensionistas que personas cotizando. «La fuente de recaudación de la Seguridad Social ha sido autónoma durante mucho tiempo, incluso con excedentes. Si no se hace nada podría colapsar y quedarse sin dinero», apunta añadiendo que al problema de los pocos cotizantes hay que sumar que la población está más envejecida, «y eso exige tener más recursos».

En este sentido no cree que los robots pudiesen cotizar, sobre todo porque nuestro sistema de la Seguridad Social está pensado para personas físicas. Se plantean además una cantidad de dudas jurídicas, como por ejemplo desde el punto de vista fiscal, ya que con la normativa vigente en España no sería posible exigir el pago de un tributo a las máquinas. Asimismo habría que actualizar la ley de la Seguridad Social, porque si los robots gravasen tendrían derecho al cobro de prestaciones sociales. Sin embargo el abogado subraya que si ve viable el cobro de algún impuesto. «Habría que hacer un impuesto de sociedades o sobre la renta para aplicar recursos. Dependiendo de la cantidad de robots que tenga una fábrica, que pagase una cantidad determinada. Pero lo que es una cuota a la Seguridad Social no, esas máquinas no van a tener pensión».

Alonso insiste en que se necesita más recaudación y para ello hay que plantear otras vías y «echar mano» de ellas, «la hucha de la pensiones se nos está acabando». Estas soluciones deberían de platearse, a su parecer, en un plazo no demasiado lejano. «Quizás estamos asistiendo a una época de poca claridad política. No se atreven a decirnos que no hay para todos».

Por otra parte Alonso recalca que el gobierno ya no protege tanto al trabajador y se valora más a la empresa. «La reforma laboral ha influido mucho en este cambio de concepto y los derechos de los trabajadores han disminuido». Aunque reconoce que la situación se ha estabilizado un poco, pero las empresas se siguen aprovechando y asegura que es partidario de hacer «pequeños retoques» en la propia reforma para favorecer al empleado. «Lo que está claro es que no hay trabajo para todos. Pero tampoco podemos depender todos del Estado, así no habría personas con iniciativa».

El experto manifiesta que nos tenemos que adecuar a esta nueva sociedad en la que nos encontramos, y aboga porque haya un entendimiento entre los políticos y los agentes sociales. «Debemos adaptarnos todos, políticos, empresarios y trabajadores. Y que haya mucho diálogo entre el gobierno y los agentes sociales», concluye.

Más información en la edición impresa.

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