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La defensa del exorcista apela a la «discreción» para evitar que hable

El sacerdote Jesús Hernández Sahagún declaró ayer en Burgos después de que la Audiencia Provincial reabriese el caso al considerar que la joven pudo verse presionada para echarse atrás

DIEGO SANTAMARÍA DIEGO SANTAMARÍA
28/09/2016

 

Habló por imperativo legal, pero eludió hacer lo mismo a la salida. Jesús Hernández Sahagún, el sacerdote que practicó 13 exorcismos entre 2013 y 2014 a una joven burgalesa -por aquel entonces menor de edad- declaró ayer en el Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos para explicar en qué consistieron exactamente los rituales que practicó y los resultados obtenidos tras dichas intervenciones.

El cura vallisoletano se presentó en los juzgados poco antes de las 10 horas, si bien no tomó declaración hasta las 10.30 aproximadamente. Entró por la puerta principal junto a su abogado, pero después optó por la salida lateral para evitar el encontronazo con los medios. No lo consiguió, aunque como era de esperar se mantuvo en silencio. Mientras tanto, su letrado se limitó a señalar que «no hay ninguna declaración que hacer», amparándose en que «la Ley obliga a la discreción».

Aún con todo, este periódico trató de contactar más tarde con el exorcista. No dio esta vez la callada por respuesta, tan solo replicó que «ya está todo dicho».

El testimonio de Hernández Sahagún se hizo de rogar. En principio, la citación se fijó para el 24 de junio. Sin embargo, el Arzobispado de Valladolid remitió un escrito en el que se informaba de su participación en la XXV Peregrinación Diocesana a Santiago, Pontevedra, Vigo y Combarro, entre el 23 y el 25 de junio, para justificar su ausencia.

Pudiera no haber llegado a pisar el juzgado de no ser por la decisión de la Audiencia Provincial, en abril, de reabrir el caso, archivado previamente por el Juzgado de Instrucción 2 de Burgos, con el fin de «valorar la veracidad interina de los hechos denunciados, así como la voluntariedad de la renuncia a la acción de la denunciante», quien se negó a declarar desde el principio e incluso presentó un escrito exculpando a sus padres, varios catequistas y su profesora de religión.

Aparte de instar al sacerdote a tomar declaración -no lo había hecho con anterioridad-, las nuevas diligencias abiertas por la Audiencia trasladaban la necesidad de determinar si la joven «pudo ser sometida a presión para que modificase su posición procesal». Para ello, la Sala conminó a realizar un «reconocimiento personal» de la denunciante por parte de un forense. De forma paralela, se solicitó su historial psiquiátrico «completo», disponible en el Hospital Fuente Bermeja, y una valoración posterior de un equipo psicosocial para analizar su «grado de credibilidad y voluntariedad (...) tanto en el momento de la emisión del escrito manuscrito cuando ya era mayor de edad, como en el de las declaraciones efectuadas por la misma a lo largo de la causa cuando aún era menor de edad».

No obstante, la víctima de los exorcismos se amparó en su derecho a no declarar, por lo que no respondió a ninguna de las cuestiones planteadas desde todas las partes personadas en el caso. Lo único que hizo en este caso fue entregar otra carta en la que también eximía a los implicados.

 

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