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La disolución forzosa del Plan Estratégico depende de la asamblea

Foronda aseguró que la junta directiva «acordó iniciar la disolución» mientras que Sanjuan negó que sea así y explicó que «solo se aprobó convocar la asamblea, que será quien tome una decisión»

V. MARTÍN
10/02/2017

 

La junta directiva de la Asociación Plan Estratégico acordaba ayer «la convocatoria de la asamblea general del ente para abordar el futuro de la asociación, como un punto más del orden del día, para que decida si finalmente se disuelve o continúa adelante», tal y como aseguró el gerente del ente Mario Sanjuan. Unas palabras que se contraponen a lo declarado por el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, quien a la salida de la reunión aseguraba que «la junta directiva ha acordado iniciar la disolución de la asociación y llevar esa decisión a la asamblea general, que se hará a mediados de marzo».

Una afirmación que negó el gerente, quien además aseguró que «los socios se han mostrado muy beligerantes y le han exigido al Ayuntamiento que, en primer lugar, exprese por escrito y de una manera formal su decisión de salir del Plan Estratégico, al margen de que haya o no partida presupuestaria».

Este documento sería condición sine qua non para «convocar la asamblea general» porque «los socios han mostrado su total apoyo a la entidad y no quieren tomar una decisión de disolución porque ellos no lo harían». Un apoyo, que según el gerente de la entidad, podría verse reflejado en un comunicado por parte de varios de los socios en favor «del trabajo que el Plan ha desarrollado a lo largo de su andadura».

Esta no sería la primera vez que el resto de socios del plan muestra su rechazo a la disolución del ente y es que en diciembre de 2015, cuando comenzaba este proceso, la reunión de la junta directiva y la asamblea de socios de la Asociación Plan Estratégico reflejaba la soledad de la decisión política de dinamitar este organismo de consulta y acción ciudadana en la que el Ayuntamiento de Burgos «es un socio más, no puede plantear su disolución», según uno de sus miembros, el presidente de la Confederación de Empresarios, FAE, Miguel Ángel Benavente.

Añadió el gerente que, en caso de que los socios tengan que decidir la disolución del Plan, «lo harán forzados porque hay una entidad, como es el Consistorio, que se quiere ir». En este sentido, la salida del Ayuntamiento del Plan Estratégico no tendría porqué suponer la desaparición de las asociación y es que su continuidad también depende del resto de socios, «si creen que debe seguir podría ser así». Por su parte el concejal confirmaba que «si alguno de los socios quiere continuar con el plan, podría hacerlo, ocupando los puestos de quienes estamos ahora».

En un supuesto de que la asamblea general decida la continuidad del Plan deberá «tomar acuerdos sobre diversas cuestiones como la estructura de plantilla, el presupuesto y un programa de trabajo».

En caso de la disolución, Sanjuan recuerda que «uno de los artículos de los estatutos de la asociación recoge que la Junta directiva actuaría de comisión liquidadora. y una vez creada, todos los medios, obligaciones y derechos pasarían al Ayuntamiento de Burgos». Además, sería la propia comisión la que «deba indicar qué hacer con los trabajadores y con los pagos pendientes, entre ellos el millón de euros que el Consistorio debe al Plan».

Cabe recordar que la asociación solicitaba hace varias semanas la redacción de un informe económico y uno jurídico para definir derechos y obligaciones de socios, acreedores y deudores. Documentos, además del escrito reclamado al Ayuntamiento sobre su salida de la entidad, con los que deberá contar la asamblea para «tomar una decisión». Es precisamente en ese documento jurídico donde «se recogen, entre otras cuestiones, la posibilidad de una sucesión empresarial y la subrogación» a la Sociedad de Promoción.

En cuanto a los trabajadores del ente, con el objetivo de hacer frente a la pago de las nóminas hasta que se convoque la asamblea, «los socios harán una aportación mensual extraordinaria», tal y comentó el concejal popular, quien añadió que «además habría que sumar lo que deben parte de los socios».

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