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El dueño del ático de Santa María acude al juez para detener el derribo

Interpone otro contencioso que se suma al proceso en el que recurrió la declaración de ruina

N. E. / Burgos
11/06/2018

 

La suspensión cautelar de las obras subsidiarias de derribo de la buhardilla del edificio de la plaza Santa María, número 8, así como el recurso contencioso administrativo contra esta actuación que promueve el Ayuntamiento de Burgos ya está en manos del juzgado. Con estas dos iniciativas, los propietarios de este ático, que desde la entrada en vigor del último Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), del año 2014, está fuera del ordenamiento, desafían la maquinaria administrativa que sienten que en su caso va más rápido que en otras cuestiones parecen alargarse sine die.

Así lo expresa el letrado, José María Castilla, que representa a los hermanos Fuentes Santamaría, también en el primer contencioso administrativo que presentaron a los juzgados en el que recurren la resolución de la declaración de ruina, así como la denegación de la licencia de obras a la comunidad. Estos procedimientos están abiertos y todavía no hay una resolución judicial, pero mientras llega ahora lo más importante para esta familia es parar la ejecución de las obras de derribo de su propiedad; una buhardilla adquirida por sus abuelos en el año 1961.

Por su parte, desde el área de Licencias del Ayuntamiento tienen redactado un expediente para promover el derribo de una buhardilla mediante ejecución subsidiaria. Según informan desde el Ayuntamiento, este anexo al edificio que se encuentra frente a la Catedral de Burgos se encuentra en situación de ruina inminente y está fuera del ordenamiento urbanístico y, por tanto, urgen el derribo para evitar daños a terceros. De hecho, ya se ha pedido presupuesto a varios profesionales para realizar el derribo con la idea de pasar la factura del coste a los propietarios y calculan que serán unos 170.000 euros.

El abogado de los dueños de esta propiedad asegura que el Ayuntamiento ya ha pasado el primer recibo del coste de esta actuación a estos vecinos y comenta que la primera cuantía que reclama asciende a unos 900 euros. Para Castilla este procedimiento representa una «incautación de bienes» ya que se pretende derribar una propiedad, que pague el coste el dueño y, por su puesto, sin haber intentando antes una expropiación o la negociación de alguna clase de indemnización por la pérdida de una propiedad privada.

Por otro lado, la familia Fuentes Santamaría recuerda que mucho antes de que la situación haya derivado en una supuesta ruina inminente en 2011 iniciaron los pasos para rehabilitar este espacio, antes de la entrada en vigor del último PGOU, e insisten que hasta 2017 no tuvieron respuesta a esta petición. En ese momento, se les denegó el permiso para ejecutar las obras ya que se comunica que la buhardilla está fuera de ordenamiento y se recomienda la demolición para devolver el estado original al inmueble.

Los propietarios tienen recurrido en el contencioso administrativo la denegación de esta licencia de obras. Castilla explica que el silencio del Ayuntamiento de más de cinco años, desde que se presentó la solicitud en el año 2011, debe entenderse que la obra está aprobada por silencio administrativo.

Según indica, las administraciones tienen un plazo para resolver las solicitudes de licencia que no debe exceder de tres meses. Estas actuaciones que solicitaban los dueños hubieran supuesto un freno al deterioro del inmueble que, por el contrario, se fue agravando hasta la situación en la que se encuentra en la actualidad. Por este motivo, consideran que el Ayuntamiento es el culpable del estado de la buhardilla «porque en el plazo de cinco años, siete meses y cuatro días ha sido incapaz de dictar una resolución sobre la licencia solicitada», según se recoge en el escrito presentado ante el juez.

El abogado comenta también que este largo invierno y primavera con precipitaciones de nieve y lluvia han aumentado el deterioro de la cubierta. El pasado noviembre se instalaron unos andamios en el edificio porque cayeron unos cascotes sobre la acera y desde ese mes hasta ahora las inclemencias meteorológicas fueron a más.

La familia propietaria ha encontrado documentación gráfica sobre cómo era este edificio para argumentar que esa buhardilla existía desde, al menos, el siglo XIX. Existen fotografías de 1853, del británico Charles Clifford, en las que se puede comprobar que ya existía este inmueble.

 

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