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JUSTICIA

El Estatuto de la Víctima mejora la atención durante el proceso judicial

La norma incluye por primera vez la asistencia a víctimas indirectas, por ejemplo a familiares / A la víctima directa le reconoce ciertos derechos tanto si ha denunciado como si no lo hecho

V. M.
30/11/2015

 

La puesta en marcha del nuevo Estatuto de la Víctima supone un gran paso adelante en la atención tanto de las víctimas directas como de las indirecta y tanto hayan denunciado o no lo hayan hecho. Esta norma de obligada asunción por parte del territorio español como consecuencia de varias directivas europeas, parte de una idea fundamental, «el delito no es un injusto contra la sociedad sino un atentado contra los derechos de la víctima», tal y como explicó la jueza decana, Blanca Subiñas.
En España «no partíamos de cero y es que ya contábamos con una normativa que protegía los derechos de la víctima, pero estaba organizada de forma dispersa, como por ejemplo la Ley de Violencia de Género, víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, víctimas del terrorismo y víctimas menores».
El estatuto lo concentra y «añade más derechos, lo que resulta mucho más beneficioso para la víctima porque clarifica su situación procesal y extraprocesal». La jueza cree que era algo necesario ya que «hasta el momento el derecho penal se ha centrado mucho en el estatuto del investigado y ahora se da visibilidad a la víctima, ya que hasta el momento siempre se ha pensado que el delito era una relación entre el ciudadano que delinquía y el Estado».
Partiendo de que hay derechos de tipo procesal y extraprocesal, el estatuto «refuerza la posición de la víctima en el proceso penal, independientemente de que sea denunciante o parte», es decir, a partir de ahora, «a la Ley no le importa que la víctima no quiera denunciar, ni siquiera que no quiera mostrarse parte porque se le reconocerán ciertos derechos como recibir un a información detallada de todos los derechos que va a tener en el proceso penal- derecho a la información- dentro de este, si no quiere que se le informe de nada durante el proceso, también se le respetará, salvo casos excepcionales que se le notificará en cualquier caso, como es el día que se celebra el juicio y cual es la sentencia, dos datos que ya se notificaban antes».
Otro de los derechos fundamentales que recoge el Estatuto de la Víctima es «recibir determinadas resoluciones independientemente de que sea parte, los hitos más importantes del proceso, como si se sobresee o no el procedimiento, si se irá a juicio o los datos sobre la situación personal del investigado». En este sentido, hay ocasiones, como es el caso de la víctimas de violencia de género que «se le proporciona estos datos, lo quiera o no lo quiera», comenta.
Por otra parte, en materia de ejecución de la sentencia, «se reconoce el derecho de la víctima a ser oída en concesiones del tercer grado, en autos de libertad condicional y para la concesión de determinados beneficios penitenciarios de los delitos más graves, antes de que el juez dicte sentencia».
Para la jueza, estas opciones pueden suponer un arma de doble filo porque «tal vez estemos generando a la víctima falsas expectativas ya que lo normal es que intervenga en el proceso como parte personada con asistencia letrada», y añade que «se entiende que ese profesional es capaz de canalizar las querencias de la víctima y, en este caso, tampoco deja claro si la intervención de la víctima debe ser con presencia de un letrado o no».
Otro de los puntos destacados del Estatuto de la Víctima son «mayores medidas de protección en las comparecencias judiciales». Entre ellas, «derecho a que se le tome declaración el menor número de veces posible, de la forma más rápida y por parte de una persona empática, que las comparecencias judiciales y los reconocimientos médicos sean los menos posibles así como a evitar que haya contacto directo con el infractor y que se proteja su intimidad». Estos se desarrollarán independientemente si lo dictamina el juez o no, pero además «a estas medidas podrán sumarse medidas de protección complementarias como recibir declaración sin confrontación visual- algo que no es nuevo pero a lo que se da forma».
En el caso de los menores, existe la posibilidad de que se acuerde la declaración a través de expertos. «Los niños pequeños, hasta unos diez años dependiendo de cómo sea, si no es a través de expertos en ciencias de la conducta, es sumamente complicado que se les pueda extraer un testimonio válido», comenta la jueza, «esto permitiría preconstituir la prueba y evitar que el niño tenga que acudir a la sala de vistas.
Otro de los derechos que anteriormente se desarrollaba pero que ahora recoge la ley supone «la celebración de las vistas sin público y sin presencia de medios de comunicación- puede solicitarlo la víctima y el juez lo valorará- para proteger su intimidad pero es algo graduable».
extraprocesales
Dentro del estatuto se recogen además una serie derechos extraprocesales, entre los que se incluye la denominada Justicia Restaurativa, que «no es mediación», ya que, esta tiene sentido «en otros ámbitos como puede ser un litigio en el ámbito civil o mercantil».
No así en el caso penal, ya que «es un procedimiento penal, la titularidad es del Estado y este no pondrá fin a un proceso penal porque tiene como fin reparar a la víctima y al infractor, por lo que se da la posibilidad a la víctima de acudir a la Justicia Restaurativa». En este sentido, la jueza decana hace especial hincapié en que esta opción «puede ser muy útil no sólo en los delitos más leves» sino «ser una herramienta de acompañamiento a la víctima ya que el objetivo es conseguir una reparación de la víctima en todas los ámbitos, tanto económico como moral y emocional».
Del mismo modo, dentro de estos derechos extraprocesales se incluye el acompañamiento, «en principio, es por la persona que la víctima elija pero en caso de no tener a nadie, aquí juegan un papel fundamental los trabajadores sociales, si la víctima viene sola y se desmoronan, ellos pueden ejercer ese derecho». A este tenor, se suma «el derecho a informar a la víctima sobre toda la red asistencial de servicios sociales y el acceso a ellos, a la asistencia psicológica, que no es nueva pero que hay que protocolizar» y es que «hoy en día existe una oficina de atención a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, formada por una gestora y una psicóloga», añadió la jueza decana.
«Al Estatuto aún le hacen falta unos cuantos reglamentos y protocolos de actuación», comentó la jueza quien además añadió que «hay que echarle imaginación para poner en práctica a una ley sin una dotación presupuestaria, aunque no partimos de cero en este ámbito y hay muchos profesionales que trabajan en circunstancia bastante adversas y sacan adelante leyes sin una cuantía económica ninguna».

 

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