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JUICIO CRIMEN PADRE SILVERIO

El forense ve «razonable» ingresar al acusado en un centro psiquiátrico

El especialista puso como ejemplo el Hospital Fuente Bermeja / Fiscalía y acusación particular piden su internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario para evitar posibles huidas

V. MARTÍN
21/02/2018

 

El juicio a O. V. R., acusado de un delito de asesinato con alevosía y dos delitos de asesinato en grado de tentativa por los sucesos ocurridos el pasado 11 de noviembre de 2015 en la calle Padre Silverio, quedaba ayer visto para sentencia tras la celebración de la segunda jornada de la vista. En sus declaraciones, la Fiscalía confirmaba que «no tiene vuelta de hoja» que el acusado apuñaló a sus compañeros de trabajo y a A.S.S, de 80 años, que se encontraba en la calle del Carmen esperando un taxi. Una afirmación que asumen las partes al igual que el carácter inimputable del acusado debido al trastorno bipolar que tiene diagnosticado desde el año 1997.

La duda principal y que deberá resolver el magistrado se centra en qué medidas se aplicarán sobre el acusado. En este aspecto, José Amador Martínez, médico forense especializado en psiquiatría encargado de la valoración psiquiátrica del acusado y que acudió a la vista en calidad de perito, considera «razonable» que O.V. R. acuda a «un centro de media estancia», espacio que presta asistencia sanitaria a personas con trastornos mentales que tienen dificultades para recuperarse en el entorno ambulatorio y que precisan hospitalización durante varios meses.

El médico puso como ejemplo el hospital burgalés de Fuente Bermeja y apuntó que «podría estar ingresado durante un tiempo sin determinar y si a través del control psiquiátrico se valorar una evolución positiva se podría plantear un régimen ambulatorio con supervisión psiquiátrica y el compromiso de la familia».

El especialista se basó en el comportamiento del acusado durante estos dos últimos años para hacer su propuesta. «Mientras ha estado en prisión no ha tenido ninguna recaída gracias a una vida estable y ordenada, la toma de la medicación y una revisión periódica del tratamiento». La evolución de O. V. R. en estos dos años «ha sido favorable» y es que mientras que el primer año se le administraba la medicación bajo vigilancia, desde hace un año «es él quien se la toma y no ha tenido conflictos ni recaídas».

Preguntado por la acusación particular por la posibilidad de que se repita lo ocurrido, el médico señaló que «con un tratamiento adecuado y un seguimiento del mismo es cierto que hay posibilidad de que vuelvan a ocurrir brotes como el de 2015, pero también es cierto que es muy improbable». Añadió el especialista que «como cualquier persona con un enfermedad mental grave hay riesgo de abandono de la medicación, especialmente en momentos en los que experimentan un sentimiento de bienestar por encima de la realidad».

En cualquier caso, el experto apuntó que el objetivo de un internamiento en un hospital como Fuente Bermeja es lograr «la rehabilitación del paciente y su reinserción social, en este caso, sin un límite de tiempo». Sin embargo, ni la Fiscalía ni la acusación particular vieron clara esta medida. Más aún tras las declaraciones del jefe de psiquiatría del HUBU, Jesús de la Gándara, quien recordó que Fuente Bermeja «es un hospital y no una cárcel» y como tal «no tiene medidas de retención o contención de los pacientes, al margen de unas medidas normales de control». Reconoció además que, «aunque no ocurre frecuentemente, se ha dado algún caso extraño de fuga o algún paciente que, tras un permiso de fin de semana, no quiere volver». Además, confirmó a la Fiscalía que «el tratamiento que tiene O. V. R. podría llevarse sin problemas en un centro psiquiátrico penitenciario».

En este sentido, en su informe final, la Fiscalía recordó que las medidas a aplicar «no solo deben suponer lo mejor para el tratamiento del acusado sino la seguridad de los demás» y planteó a la sala si en este objetivo «sería sensato enviar al acusado a Fuente Bermeja donde no hay medidas de seguridad que eviten una posible fuga». La Fiscalía recordó que «el hecho de que se interne al acusado en un régimen cerrado no implica que más adelante, si hay una evolución favorable, no se pueda revisar la medida».

Ánimo de matar

Por otra parte, tanto Fiscalía como acusación particular dejaron claro en sus informes que sí existió ánimo de matar y el agravante de alevosía. «Las puñaladas se produjeron en zonas con órganos vitales y todas a la misma altura», apuntaron los abogados de las víctimas, mientras que el Fiscal confirmó que se buscó la muerte en base a las dimensiones del cuchillo y la intensidad de las puñaladas. «En uno de los casos llegó a romper la costilla de un hombre joven con la dificultad que eso conlleva». Tampoco tuvieron posibilidad de defenderse, añadió la Fiscalía. En los tres casos «el acusado sorprendió a las víctimas con su acción».

Por su parte, la defensa solicitó que se cambien los delitos de asesinato con alevosía y en grado de tentativa por «homicidio y lesiones», ya que no hubo intención de matar al entender que el acusado pudo haber asestado más de una puñalada a sus excompañeros y en el caso de A. S. S. «tuvo posibilidad de defenderse por muy remota que fuera».

La psiquiatra asegura que se atendió al acusado

Después de que la familia del acusado asegurara el lunes ante el Tribunal que O.V. R. no fue atendido por su psiquiatra en ninguna de las dos ocasiones que fueron a la consulta en día previos al suceso porque veían que «no estaba bien», la psiquiatra apuntaba ayer, en la segunda jornada del juicio, que atendió a O. V. R. y «se le ajustó la medicación que toma para la estabilización del estado de ánimo». La especialista explicó que lo hizo porque «sospechaba que O. V. R. había dejado de tomar la medicación», pero que «en ningún momento se le vio psicótico».

Sin embargo, en su informe de valoración, José Amador Martínez, psiquiatra forense que examinó a O. V. R. tras los hechos, apuntó que ese día «era evidente que estaba padeciendo un trastorno psicótico por una reagudización de la personalidad paranoide» y que tenía una «percepción autodelirante y una disolución de la realidad, así como una ausencia de conciencia de su enfermedad».

Una vez operado de su autolesión aseguró al doctor que «se sentía ninguneado en el trabajo» y bajo ideas delirantes y paranoides aseveró que «se sentía controlado, amenazado y temeroso». Un contexto «bajo el que se produjeron los hechos». De vuelta al juicio, O. V. R. pidió perdón a los familiares del fallecido y a sus ex compañeros.

A tenor de las indemnizaciones, las defensas de las aseguradoras alegaron que no son su responsabilidad al entender que «los hechos no se produjeron en el local de Josmy en calle del Carmen sino en la lonja de padre Silverio, no incluida en la póliza de seguro» y porque «los hechos no tienen nada que ver con el trabajo que desempeñaba el acusado en la empresa».

 

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