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TRIBUNALES

La juez imputa a Arribas por darse créditos al frente de Caja de Burgos

El Juzgado de Instrucción 2 ve indicios de administración desleal y apropiación indebida

M. R. / V. M.
20/01/2018

 

El Juzgado de Instrucción nº2 de Burgos ha dictado un auto por el que transforma las diligencias previas abiertas contra el expresidente de Caja de Burgos José María Arribas Moral para pasar a ser un procedimiento abreviado por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida por la aprobación de 45 créditos por parte de Caja deBurgos entre los años 2005 y 2010 a empresas de su propiedad o asociadas por valor de 34,2 millones de euros.

El paso que ha dado la titular del Juzgado de Instrucción nº2 tiene importancia por el hecho de que considera que puede haber indicios de delito en la actuación de Arribas. Hasta ahora, el expresidente de la entidad estaba investigado, pero con la transformación den procedimiento abreviado pasa a ser encausado (antes imputado), según las fuentes judiciales consultadas por este periódico. No obstante, ahora se abre un periodo para que las partes puedan presentar recurso, movimiento que ya ha realizado la defensa de José María Arribas, mientras que la Fiscalía ha pedido que quede en suspenso su plazo. Será en ese punto en el que la juez deberá decidir si admite o no los recursos y decidiera continuar con la causa podría elevarse a la Audiencia Provincial según explican las mismas fuentes. Este periódico trató ayer sin éxito obtener una valoración de José María Arribas Moral de este paso dado por el juzgado.

Los hechos por los que se inició una investigación a Arribas se remontan a un denuncia presentada por el partido UPyD ante la Fiscalía de laComunidad en junio de 2013.Según la denuncia presentada por los representantes de la formación magenta, el 93% de los préstamos que el consejo de administración fueron destinados a una empresa, Indasa, que en el año 2012 había entrado en un «concurso de acreedores culpable», según explicaba el abogado de UPyD que presentó la denuncia. En el cuadro que adjuntó en su denuncia este partido aparecía una relación de los créditos concedidos a Arribas. Los demandantes le imputaban a él, y a todos los miembros del consejo de administración un delito de administración fraudulenta o desleal.

En algunos casos, la naturaleza de la operación llevaba el encabezamiento de «préstamo a sociedad vinculada a familiar en primer grado» o«cuenta corriente de crédito a sociedad vinculada». En el año 2005, se le concedieron 7 préstamos, en el año 2006 fueron diez, en 2007 fueron otras siete, en 2008, diez, en el año 2009, nueve y en el año 2010 fueron dos. En total, más de 34,2 millones de euros en 45 operaciones, una cantidad «importantísima», según la denuncia, aunque buena parte de esas operaciones fueran por renovación de créditos ya concedidos anteriormente.

En el caso de Indasa, de que Arribas era miembro del consejo desde 1992, se le concedieron ocho préstamos en este periodo, a pesar, según se planteaba en la denuncia, de que esta empresa no contaba con bienes inmuebles en propiedad ni avales similares, por lo que solo podían estar respaldados por «garantías personales». Tras tres años de pérdidas, entre 2008 y 2009, el consejo de administración de esta empresa presenta en abril de 2011 un concurso de acreedores.

Por ser presidente
Los demandantes se preguntaban ya entonces cómo era posible que dada la precaria situación económica de la empresa José MaríaArribas obtuvo préstamos por más de 34 millones de euros. Según la denuncia presentada por UPyD fue por su condición de presidente delconsejo de administración de Caja de Burgos. En el caso de la empresa Industrias Basauti, de la que era socia Indasa, fueron seis operaciones de crédito y Transformación de Residuos SL, seis.

Asimismo, la denuncia señalaba que esos préstamos se realizaron «sin el control de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla yLeón», órgano que debía dar el visto bueno a este tipo de operaciones.
Una vez que la denuncia presentada ante laFiscalía de la Comunidad, el Ministerio fiscal abrió una investigación que finalmente derivó en el Juzgado de Instrucción nº2 de Burgos, que abrió diligencias. Más de un año después, en noviembre de 2014, este juzgado citaba a Arribas Moral a declarar en el juzgado el 15 de enero de 2015 en calidad de investigado (entonces imputado) por la denuncia presentada por UPyD. Cuando la formación magenta acudió a la Fiscalía para presentar la demanda, la respuesta entonces de José María Arribas Moral respondió que todos los créditos que se aprobaron eran legales e insistía en que se había cumplido«escrupulosamente» con la Ley de Cajas.

El 15 de enero de 2015, Arribas Moral acudía a declarara al juzgado. A la salida del juzgado se mostraba «satisfecho» porque, aseguraba, «he podido aclarar alguna duda que hubiera existido». Del mismo modo, insistía en que todas las operaciones de crédito que se le concedieron habían pasado por los controles previstos en los estatutos de la Caja, así como con la validación del consejo de administración y el refrendo administrativo de la Ley de Cajas. Por su parte, el abogado de UPyD, Andrés Herzog, señalaba que «no ha explicado nada de cosas clave».

 

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