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Lacalle ofrece a los vecinos de 450 VPO en concesión la posibilidad de ser propietarios

Los inquilinos adquirieron la vivienda en la época del PSOE y deben devolverla a los 75 años l El Ayuntamiento ingresaría 6 millones de euros si todos los inquilinos se deciden a comprar


04/07/2012

 

J. MAIQUES / Burgos
El Ayuntamiento de Burgos ofrece a los burgaleses que en la época del Gobierno de Ángel Olivares adquirieron una Vivienda de Protección Oficial (VPO) en régimen de concesión a 75 años la posibilidad de comprar su piso. Hacerlo de tal forma que se conviertan en los propietarios de ese bien con todos los derechos. Dicho de otra manera, que ellos mismos (o sus herederos) no tengan que salir del inmueble una vez transcurridos esos 75 años de uso y disfrute ya que la vivienda será suya y solo suya. Una operación de la que, por otra parte, también se beneficiaría el Consistorio ya que esa venta llevaría aparejado unos jugosos ingresos a las arcas municipales que, según fuentes expertas consultadas por este periódico, podrían llegar a alcanzar «entre los 6 y los 8 millones de euros».
Para conocer el origen de la historia hay que remontarse al año 2003. En ese momento, el entonces alcalde socialista, Ángel Olivares, decide promover la construcción de VPO cediendo de forma gratuita (o casi) el suelo de 10 parcelas a los promotores que resultaron adjudicatarios del preceptivo concurso público. De este modo, se aseguraba que las viviendas salieran a un precio mucho más asequible que si se hubieran enajenado los terrenos a precio de mercado. A cambio, los edificios revertirían al Ayuntamiento pasados esos 75 años.
Así las cosas, esta medida propició la construcción de unos 250 pisos repartidos por lugares tan dispersos de la ciudad como Cellophane, Gamonal Norte, Enrique III o en el desarrollo urbanístico de Almacenes Cámara. Viviendas a las que habría que añadir alrededor de otras 200 que se levantaron en la zona de Fuentecillas y Gamonal Norte (en el entorno del polideportivo Esther San Miguel). Estas últimas, que se levantaron gracias a una concesión administrativa. Aunque en este caso, en régimen de alquiler.
¿Por qué este cambio de planes del Consistorio en apenas nueve años? Al margen de decisiones políticas, la posibilidad de permitir que la Administración venda y el inquilino pueda comprar nace con la modificación del Reglamento de Urbanismo de la Junta de Castilla y León aprobado hace aproximadamente tres años. Un cambio que, tal y como explicó ayer el alcalde, Javier Lacalle, «fue propuesto por nosotros» (por el Ayuntamiento de Burgos) y cuya aplicación ha abierto una puerta que antes estaba cerrada.
En cualquier caso, el primer edil avanzó que el equipo de Gobierno «ya ha mantenido desde hace año y medio algunas conversaciones» con algunos interesados. Y aunque no han escondido su deseo de adquirir la propiedad (no son dueños del suelo donde se ha urbanizado), la realidad  es que no se ha concretado nada.
En este sentido, Lacalle señaló que la predisposición del Ayuntamiento para vender es la mejor pero, al mismo tiempo, añadió que «la pelota está en el tejado de los compradores». Y es que, para poder llegar a algún acuerdo es requisito indispensable que los vecinos manifiesten primero que quieren comprar.
Así las cosas, la principal dificultad para que la actuación tenga éxito se encuentra en la siempre difícil tarea de que una comunidad de vecinos manifieste de forma unánime su deseo por adquirir en propiedad el suelo que, sin ir más lejos, les haría propietarios del edificio. Más que nada, porque ahora solo son poseedores de lo que se denomina como 'derecho de superficie'. No obstante, el alcalde indicó que «aunque lo normal y lo ideal es la venta de la parcela completa, no descartamos nada», afirmó para no cerrar la posibilidad de que se puedan vender los pisos de forma individualizada. Eso sí, para ello habría que estudiarlo jurídicamente ya que podría tener alguna «complejidad».
En cualquier caso, el alcalde fue crítico con el método elegido entonces por el PSOE para promover la construcción de VPO ya que esta fórmula de concesión a determinados años «solo genera problemas y disgustos para los vecinos y para el Ayuntamiento». Lacalle prefirió no apuntar una cantidad concreta de lo que podría ingresar el Consistorio si sale adelante la venta de todas las viviendas aunque sí estimó en un indeterminado «varios millones de euros» la cifra que llegaría a las arcas municipales.
Este tipo de acuerdos, que ya se han realizado con éxito en ciudades como Madrid, se alcanzan después de que las dos partes implicadas (Ayuntamiento y vecinos) pacten un precio que se ajuste, en mayor o menor medida, al del mercado.

 

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