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MANIFESTACIÓN

Un millar de personas exigen una democracia 'social y participativa'


11/03/2013

 

M. R. / Burgos
Más de un millar de personas salieron ayer a las calles para sumarse a las movilizaciones convocadas por las más de 150 organizaciones que integran la Cumbre Social para clamar contra el paro y para exigir una regeneración democrática.
Los secretarios provinciales de UGT y Comisiones Obreras, José Luis García Pascual y Fidel Velasco, respectivamente, encabezaron una marcha que partió a mediodía de la plaza del Cid. Era la primera de las grandes movilizaciones que se organizaban este año contra el paro, que en Burgos ya afecta a cerca de 34.000 personas. Y, como señalaba días atrás Velasco, cada vez hay más gente que no tiene ningún tipo de prestación, lo que ha incrementado las bolsas de pobreza en la provincia.
El lema de la pancarta de la cabecera 'Contra el paro. Por una democracia social y participativa' expresaba con claridad los motivos de la manifestación, que recorrió las principales calles del centro de la ciudad. Justo cuando la manifestación pasaba por el pasaje que une el paseo del Espolón con la Plaza Mayor, la megafonía instalada junto al lugar en el que se leyó el manifiesto de la Cumbre Social al final de la manifestación, no dejaba de repetir la ya famosa respuesta que dio hace unos días la secretaria general del PP, María Dolores de Cospeldal, a una pregunta sobre cómo se había resuelto la relación laboral con el también ya famoso ex tesorero del partido, Luis Bárcenas. En el manifiesto que se leyó a continuación se expusieron las razones por las que se había convocado la manifestación. En primer lugar, para «reprobar» las actuaciones de la Unión Europea con «políticas fracasadas centradas exclusivamente en la reducción del déficit público y la deuda». Se recordó que ya hay más de 250.000 personas paradas en Castilla y León, de las que más de 100.000 no reciben ningún tipo de prestación.
También se denunció que se han incrementado las desigualdades entre los salarios de los hombres y las mujeres y se incidió en el «desmantelamiento» de los servicios públicos. Del mismo modo, en el manifiesto se rechazó la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local porque «debilitará las capacidades de actuación de las corporaciones locales». Hubo también una referencia a los «intentos de deslegitimación o represión» de los derechos de expresión y manifestación. La «abierta complicidad entre cargos públicos y empresas» fue otro de los aspectos que se rechazaron y se exigió que la política vuelva a estar «al servicio de las personas».

 

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