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El nuevo impuesto de residuos de la Junta le costará al Ayuntamiento 1.004.780 euros

El Presupuesto no incluye esta partida por lo que todo indica que el incremento se repercutirá en la tasa de basuras l La subida de la factura sería de entre 3 y 8 euros


11/03/2012

 

J. MAIQUES / Burgos
El nuevo impuesto creado por la Junta de Castilla y León para gravar la entrega y depósito de residuos en vertederos, en vigor desde el pasado 1 de marzo, tendrá importantes consecuencias para el Ayuntamiento de Burgos. Y casi con toda probabilidad recaerá de manera directa en el contribuyente. Desde la Concejalía de Medio Ambiente ya han estimado la repercusión que esta medida tendrá sobre sus fianzas y en ese cálculo prevén un gasto extra que superará el millón de euros de aquí a final de año. Para ser exactos, 1.004.780.
Por aquello de que el Presupuesto municipal, aprobado este viernes, no incluye este importe en ninguna partida, todo hace indicar que serán los ciudadanos los que asuman este nuevo sacrificio. Un esfuerzo que, tal y como señala la concejal de Medio Ambiente, Carolina Blasco, supondría un incremento en la factura de basura que rondaría entre «los tres y los ocho euros» (dependiendo de la zona de la ciudad donde tenga su domicilio).
En cualquier caso, y aunque la decisión no está tomada aún, todo apunta a que esa subida se hará efectiva antes del inicio del verano. Entre otras cosas, porque el plazo para el pago de la tasa suele abrirse en el mes de junio.
También es cierto que existe la posibilidad de que el Ayuntamiento asuma ese millón de euros o que deje la subida para años venideros. Pero la realidad de las finanzas locales, cada vez más exprimidas, invita a pensar que la Concejalía de Hacienda repercutirá este gasto extra en los ciudadanos.
La pista más fiable la dio el pasado lunes el responsable de las cuentas municipales, Salvador de Foronda, cuando, en el anuncio de la liquidación del Presupuesto de 2011, avanzó que la congelación de tasas e impuestos en años precedentes ha sido una lacra para la economía local.
Así las cosas, si el Ayuntamiento decide incrementar este año la tasa de basuras, deberá modificar la ordenanza que regula este precio en un Pleno. Y con la estrechez de plazos, deberá ser en el que se celebre en abril o mayo.
Malestar municipal
No ha sentado nada bien en el Consistorio la decisión de crear este nuevo impuesto que, desde la Junta de Castilla, se ha justificado en el propósito de contribuir a fomentar el reciclado y la valorización de los residuos, así como disminuir el impacto sobre el medio ambiente derivados de su eliminación en el vertedero.
En este sentido, la concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de la capital señala que el criterio de que «el contamina paga», expuesto por la Junta, no tiene demasiado sentido para justificar este impuesto. Entre otras cosas, porque, tal y como recuerda, «todo recae» sobre las entidades locales. Y precisamente es el Consistorio quien financia todas estas políticas para minimizar el impacto de los residuos en la contaminación. Por tanto, según la edil, es una contradicción afirmar que se castiga al que contamina cuando, en realidad, se daña a quien más hace por evitarlo.
Por otro lado, desde la Administración regional apuntan que la recaudación de este impuesto se destinará a proyectos de mejora ambiental. Algo que también se ha interpretado como un sinsentido ya que, en realidad, lo que hará el Ayuntamiento (en realidad, el contribuyente) será adelantar un dinero que luego la Junta devolverá en proyectos medioambientales.
El malo de la película
Por otro lado, también se puede intuir que el nacimiento de este nuevo impuesto ha creado un malestar importante porque el Ayuntamiento se verá obligado a incrementar la tasa y, a cambio, ni dispondrá de más fondos y ni elegirá a que actuaciones lo dedica. Es más, deberá vigilar para que, tal y como se le promete, se le devuelva ese dinero a proyectos de la ciudad. Porque, aunque se dice que la recaudación se destinará a proyectos verdes no se especifica si las inversiones serán exactas a lo que la capital aporta. Y es que, podría darse el caso de que, por un principio de solidaridad, se pague con el dinero de los contribuyentes de la capital inversiones en otras poblaciones.
Del mismo modo, también puede molestar que desde la Administración regional se obligue al Ayuntamiento a hacerle la tarea sucia de pedir más dinero a los ciudadanos. Una decisión que los haría parecer ante la opinión pública como los malos de la película.

 

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