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La PAH se harta y deja de colaborar en los casos de riesgo de desahucio

Remitirán a servicios sociales los casos ya que «nadie parece prestar atención a este pequeño problema»

MARTA CASADO
11/10/2018

 

El funcionamiento del Parque Municipal de Viviendas se complica aún más. El martes la concejal responsable de Acción Social, Gema Conde, comunicó que el equipo de Gobierno dejará de ser proactivo ante la falta de propuesta de los partidos políticos y la falta de apoyo en medios o personal de la Junta de Castilla y León, competente en materia de vivienda. Ahora se suma la ‘huelga’ que los 30 voluntarios de la Plataforma de la Hipoteca (PAH) plantea desde ayer. Esta organización realizaba un apoyo en la gestión de este parque y de diferentes situaciones complicadas en materia de vivienda que llegaban a su puerta. Unificaban las demandas de las familias que acudían de ventanilla en ventanilla de la administración «dando palos de ciego».

El caso de desahucio de Ciriaco y su familia en la calle Briviesca, hizo saltar la chispa entre Conde y la PAH ante la pasividad del resto de grupos que no han planteado soluciones a los problemas de carga laboral o del cambio o no de perfil de los concesionarios de las viviendas según se quejan tanto Conde como la plataforma

La realidad es que el conflicto que llega en el peor momento. Están venciendo los acuerdos de alquiler social y carencias hipotecarias suscritas con los bancos para evitar desahucios y hay «problemas de todo tipo» para renovarlos. Las cifras del Consejo General del Poder Judicial apuntan que en la provincia de Burgos se produce un desahucio diario si bien ya no es hipotecario sino de alquiler principalmente. En la PAH, a día de hoy, llevan una treintena de casos. En algunos de ellos la situación les ha dejado literalmente en la calle y vagan a día de hoy de pensión en pensión.

Desde la PAH aseguran que como «nadie parece darle importancia a este ‘pequeño problema’ y desde la concejalía de Servicios Sociales dicen que todo va bien, la PAH ha decidido derivar allí a todas las familias que nos hagan consultas», relatan desde la agrupación. Así que realizan un «llamamiento a todas las familias burgalesas que tengan o prevean tener problemas con su vivienda por impago, renovación o tramitación de alquileres procedimientos de ejecución hipotecaria o desahucio de alquiler ya abierto que busquen la ayuda de las administraciones públicas y en las sedes de los partidos políticos».

Pero también avisan que si estas familias no encuentran soluciones para mejorar su situación una vez han acudido a las administraciones y la Justicia y «haber agotado todas las vías posibles sin obtener solución», acudirán al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que aplica el Tratado Internacional por los derechos económicos de los ciudadanos acudiendo al Ministerio de Exteriores y Ministerio de Justicia que personan a un abogado del estado en el proceso judicial abierto y exige a las administraciones las soluciones aportadas para evitar un desahucio. La resolución está vinculada desde julio del año pasado a indemnizaciones a los afectados por parte de la administración competente o a la solución del problema de vivienda. «En aquellos casos en los que se cumplan los requisitos, será este organismo quien evite los desahucios, dicte cautelares y pida explicaciones al Estado» apuntan desde PAH Burgos.

Hasta el momento esta organización se convertía en la última puerta a la que llamaban las familias. Denuncian desde la agrupación que «nadie hace un seguimiento integral del problema ni aconseja a los afectados en las diferentes vías (defensa legal, posibles ayudas, acompañamiento en la negociación o ayuda en la tramitación burocrática)». Una labor que hacían los voluntarios de la PAH, en algunos casos en colaboración con Cáritas, pero, de momento, se plantan.

 

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