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Las personas con discapacidad exigen la presencia de personal en las gasolineras

Patronal, sindicatos y el colectivo de personas con discapacidad consideran «un paso atrás» la derogación de la ley regional que obliga a las gasolineras a contar con un empleado durante su apertura

V. MARTÍN
17/02/2018

 

El pasado mes de diciembre, la consejera del Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, anunciaba una ronda de contactos con otros grupos con el objetivo de modificar la ley que obliga a las estaciones de servicio a contar con al menos un empleado mientras la gasolinera esté en horario de apertura. Según la popular, la nueva ley contraviene la normativa europea y ahora el Gobierno regional ha decidido retroceder ante un posible expediente sancionador de la Unión Europea.

El portavoz y vicepresidente de la Agrupación de vendedores al por menor de carburantes y combustibles de Castilla y León, Rafael Pizarro, asevera que esta decisión «ha sido una sorpresa para los empresarios de la región» y ha generado «un enorme enfado». Duda que «la Junta de Castilla y León no pueda hacer nada y que sólo sea una decisión de la Unión Europea» y recuerda que el Gobierno regional «tenía la posibilidad de hacer un estudio en la Comunidad sobre la necesidad y la utilidad de modificar el Estatuto del Consumidor con el objetivo de garantizar la atención en este tipo de estaciones de servicio». Un estudio que no se ha desarrollado y que «no parece que vaya a realizarse».

Cabe recordar que la puesta en marcha de esta normativa se centraba en garantizar condiciones de seguridad y de protección de la salud para la ciudadanía en general y garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad. Precisamente, la derogación de la norma «supone un importante paso atrás», asegura Pizarro, quien apunta que «es una mala decisión con la que acabamos perdiendo todos, pero sobre todo la ciudadanía y especialmente una de sus partes más sensibles como son las personas con discapacidad o movilidad reducida».

En este sentido, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) «ha solicitando a la Unión Europea que prohiba las estaciones de servicio desatendidas porque es un modelo de negocio que discrimina a las personas con discapacidad», explica el presidente de Cermi Castilla y León, Francisco Sardón, quien recuerda que «para muchas personas el vehículo es el transporte más utilizado por personas con movilidad reducida por su comodidad, pero es imposible que repostemos en una estación de servicio que no esté atendida».

En una misiva remitida a la comisaria europea de la Competencia, Margrethe Vestager, y a la Comisaria Europea de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, el comité asegura que «el hecho de que la legislación europea permita la existencia de este tipo de gasolineras pone trabas al derecho al libre movimiento de las personas con discapacidad». Una realidad que la entidad quiere abordar en una reunión con la comisaria- que ya han solicitado- con el fin de exponer la situación en la que se encuentra el sector social de la discapacidad. «En un momento en el que estamos trabajando por conseguir la accesibilidad universal para que las personas con discapacidad sigamos mejorando en movilidad y en autonomía, la derogación de esta norma es un paso atrás», apunta Sardón, quien recuerda que «el servicio de repostaje es importante para cualquier ciudadano».

De esta forma, para Cermi, exigir la presencia permanente de personal, mientras estén abiertas al público, que atienda en las tareas de repostaje no quebranta la legislación europea de mercado sino que «es una exigencia de la propia normativa europea que obliga a los proveedores de bienes, productos y servicios a disposición del público que realicen los ajustes razonables para impedir que se excluya o se discrime a las personas con discapacidad».

En este sentido, Juan Carlos García, presidente de Fundación Aída, critica que «actualmente sea necesario que una persona presione un botón para vender tabaco, pero no se considere necesario que haya un operario en una estación de servicio con un producto peligroso e inflamable como es el combustible». A este tenor, García recuerda que «la obligatoriedad de que las gasolineras cuenten con un empleado mientras ofrecen servicio de repostaje es positivo en ámbitos tan distintos como la seguridad, en caso de incendio o de atentado; de cara a los consumidores, que podrán solicitar una probeta o una hoja de reclamaciones y en el ámbito de la discapacidad porque muchas personas con movilidad reducida pueden conducir, pero tienen dificultades o imposibilidad para repostar».

Por otra parte, Pizarro añade que con la derogación de la norma también se ve perjudicado el empleo. «El trabajo se resentirá a corto y medio plazo porque estas estaciones de servicio despedirán a las personas que han contratado, precisamente en un sector donde el empleo siempre ha gozado de gran estabilidad».

 

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