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MUNICIPAL / SOCIEDAD DE AGUAS

Las peticiones para aplazar el pago del agua caen un 60%

Hasta diciembre de 2017 se han gestionado 65 acuerdos para fraccionar la deuda y durante 2016 fueron 167 / El año con más solicitudes fue 2015

N. E.
08/01/2018

 

Los acuerdos de pago fraccionado de la deuda en las facturas del agua que se pagan a la Sociedad municipal Aguas de Burgos continúan a la baja este 2017. El número de peticiones es inferior a las registradas en 2010 cuando se puso en marcha esta medida destinada a hogares con problemas económicos.

Los datos facilitados por la empresa pública hasta el 30 de noviembre de 2017 indicaban que se llevaban formalizados 65 y, de seguir este ritmo, con una media de seis mensuales, podría haberse acabado el año con unos 71. Esta cifra es claramente inferior que la de 2010 cuando se contabilizaban 80. A partir de esa anualidad, el número de peticiones para fraccionar el pago fue en incremento al mismo tiempo que se acrecentaba la crisis económica, con la única excepción de 2012 cuando se tramitaron 65.

Esta reducción en las solicitudes de acuerdo durante el pasado ejercicio puede ser un pequeño indicador de la que la situación económica de las familias burgalesas está algo mejor que en los peores años de la crisis cuando se superaban las 300 solicitudes a lo largo del año. Así, por ejemplo, durante 2016 fueron un total de 312 los acuerdos que se formalizaron mientras que en 2015 llegaron a ser 302. Con respecto a 2016, cuando se contabilizaron 167, se observa a lo largo del pasado año una reducción que se acerca al 60%.

Aguas de Burgos puso en marcha esta medida en el año 2010 con la finalidad de permitir a las personas que lo solicitaban hacer frente al pago fraccionado de la deuda adquirida en facturas impagadas para evitar cortes en el suministro de un servicio imprescindible en los hogares. Esta disposición está especialmente dirigida a familias con problemas económicos y se sigue manteniendo en vigor, como explica el gerente de la sociedad pública, Juan Antonio de Miguel.

Además durante estos años, también se ha permitido fraccionar el pago a otros usuarios de la red de aguas como comercios, establecimientos de hostelería, industria y contratos de obra. La gran mayoría de las peticiones proviene de particulares que realizan un uso doméstico del agua.

Como ejemplo, durante 2017 se tramitaron 43 acuerdos domésticos-individuales, es decir de viviendas particulares, mientras se suman otros cuatro más de uso doméstico para comunidades de propietarios. Diez se gestionaron con locales de hostelería y dos más en actividades comerciales, tres en industria y dos en obra.

Desde que se puso en marcha esta medida en 2010 se han gestionado desde las oficinas de la sociedad pública un total de 1.255 acuerdos de fraccionamiento de deuda pendiente. De ellos, 1.011 han sido gestionados por particulares que atravesaban dificultades económicas. Ocho de cada diez peticiones provienen de contratos de hogares.

Para poner en marcha esta disposición es necesario que el titular del contrato manifieste esta necesidad de manera expresa cuando ya se acumulan varias facturas pendientes de pago. Lo más habitual es que se opte por el fraccionamiento de la deuda pendiente, siempre teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso particular (desempleados, familias numerosas...). Estos acuerdos de pago permiten cumplir con el compromiso de abono de los recibos pendientes en el plazo de tiempo que se establezca.

Sin embargo, no siempre se acaba cumpliendo con ese acuerdo entre el cliente y la empresa suministradora. Desde el Servicio de Aguas, ponen de manifiesto que durante 2017 ha habido muchos de estos contratos que se han acabado anulando por el incumplimiento de las condiciones pactadas.

Después de haber buscado la fórmula para que estos usuarios pudieran hacer frente a las facturas impagadas, se han encontrado que el cliente no ha cumplido «sin dar ningún tipo de respuesta ni justificación». Ante estas situaciones han tenido que iniciar de nuevo el procedimiento de corte establecido en el Reglamento de Prestación del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento de Agua, reclamando la deuda y apercibiendo al cliente del corte del suministro.

De los 65 acuerdos que se alcanzaron hasta el 30 de noviembre de 2017, se acabaron anulando 25 de ellos, que representa un 38%, mientras que activos permanecen otros 34. Otros seis están finalizados, tres de ellos anticipadamente lo que quiere decir que se ha cumplido el compromiso antes del plazo fijado para ello.

El número de acuerdos anulados fue muy alto durante el pasado 2016 como se desprende de los datos facilitados por la empresa pública. Si durante ese año se hicieron efectivos hasta 167 acuerdos, 115 de ellos concluyeron por un incumplimiento por parte del abonado en el compromiso de pago.

 

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