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El Pleno ‘da carpetazo’ a la investigación sobre los consorcios

PP y PSOE aprobaron con sus votos el dictamen de la comisión de investigación, que fue elaborado por los socialistas

V. MARTÍN
10/02/2018

 

Con los votos favorables del equipo de Gobierno y de PSOE, el Pleno del Ayuntamiento de Burgos aprobó ayer el dictamen de la comisión de investigación de los consorcios de Villalonquéjar y del Desvío Ferroviario. El documento, elaborado por la agrupación municipal socialista, recoge que no existe culpabilidad dolosa en las actuaciones llevadas a cabo ni por parte de los responsables políticos ni por los gestores del Consorcio, aunque admite que se han cometido varios errores en la gestión como las firmas de los convenios de 1988 y 2014 o la tardanza de los responsables municipales en abordar una reestructuración de la deuda en mejores condiciones.

Imagina, Ciudadanos y el concejal no adscrito Fernando Gómez votaron en contra del dictamen, mientras que la edil no adscrita Silvia Álvarez de Eulate decidió abstenerse. Precisamente Álvarez criticaba «la falta de comparecencias y de información que ha habido a lo largo del proceso investigador», una reclamación a la que sumaba Gómez, quien recordaba que «solo han comparecido en la comisión 13 comparecientes de los 31 convocados». A su juicio, «porque las conclusiones ya estaban sacadas antes de que se iniciara la investigación».

Más crítica se mostró la portavoz de Ciudadanos,Gloria Bañeres, quien calificó el dictamen de los socialistas de «light» y añadió que «se trata de un escrito cronológico». Para la edil naranja, los consorcios ha supuesto «un incumplimiento sistemático de la legalidad y ha generado grandes deudas asumidas por el Ayuntamiento de forma temeraria». Criticó el papel de las entidades consorciadas, en concreto de las cajas de ahorros que, «tras tras salir y entrar como bancos, se han comportado de pena con el Ayuntamiento». Volvía a insistir la concejal en remitir al Consejo de Cuentas de Castilla y León y al Tribunal de Cuentas toda la información para que «sean ellos quienes depuren responsabilidades».

En este mismo camino, el portavoz de Imagina, Raúl Salinero, apuntaba que «los consorcios no han cumplido sus objetivos y son los burgaleses quien están pagando y pagarán el lastre que han supuesto» y cargaba la responsabilidad política en el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, y en el PSOE por «bajar el listón del compromiso a las cajas, cargándose el legado de Olivares y haciendo creer ahora que todo estuvo bien».

A este tenor, el concejal socialista Antonio Fernández Santos afeaba a Bañeres que calificara el dictamen de ‘light’ «solo porque dice la verdad» y aseguraba que el dictamen elaborado por la formación naranja «es todo mentiras salvo que habría que haber realizado la reformar de los estatutos a partir del año 2014». Argumentó el concejal que, en la puesta en marcha de los consorcios, «las cajas fueron necesarias y hasta su ‘bancalización’ tuvieron un comportamiento normal, fueron los bancos- tras sendas absorciones de las cajas municipales- los que se comportaron mal, sin ni siquiera realizar quitas en la refinanciación de la deuda».

Criticó también a los populares, a quienes apuntó como «responsables de poner en marcha esta comisión de investigación dentro de un ‘juego de niños’ con Ciudadanos para salvar las poltronas y de la que luego ni siquiera han desarrollado conclusiones».

Por su parte, el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, calificó la comisión de «rara, extraña, con conclusiones imaginativas y una baja participación». El popular quiso recordar que «la intención siempre fue sacar adelante la viabilidad de los consorcios y se tomaron decisiones más o menso acertadas, decisiones colegiadas por un consejo rector no por un alcalde, por lo que no se pueden pedir responsabilidades políticas por decisiones tomadas por consejos» y apuntó que el papel de los consorcios es positivo porque «no hay muertes porque no hay vías y hay empleo porque hay polígonos».

Unas palabras que suscribió Fernández Santos asegurando que «ha habido rentabilidad social con la eliminación de las vías y con la creación de 1,3 millones de metros cuadrados de suelo industrial».

 

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