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Podemos solicita fiscalizar los dos consorcios y el contrato del HUBU

Su propuesta para el Consejo de Cuentas incluye el Campo de Aviación de Villarcayo y el Plan Estratégico / Cree que en todos los casos hay «sobradas razones» para que el órgano «aporte luz»

L. B. / Burgos
07/03/2018

 

Los procuradores de Podemos por Burgos, Laura Domínguez y Félix Díez, detallaron ayer las propuestas de fiscalización que su grupo en las Cortes trasladará al Consejo de Cuentas. Aprobado el plan anual del citado tribunal con el único voto a favor del PP, la abstención de Ciudadanos y el rechazo de PSOE y Podemos, se abre ahora el plazo para presentar enmiendas.

Así, la formación morada registrará hoy el documento en el que incluye cuatro controvertidos asuntos vinculados con la provincia de Burgos. En concreto, solicita al Consejo de Cuentas que someta a un detenido análisis el proyecto urbanístico del Campo de Aviación de Villarcayo, la gestión de la Asociación Plan Estratégico, la financiación de los consorcios del Desvío y Villalonquéjar y el contrato para la construcción y explotación del Hospital Universitario de Burgos.

Félix Díaz aseguraba al respecto que en todos los casos existen «sobradas razones» para reclamar al citado órgano que «aporte luz». Se refirió en concreto al preocupante oscurantismo que rodea los dos consorcios vinculados al Ayuntamiento de Burgos, así como a lo averiguado sobre la concesión del nuevo complejo asistencial local en la comisión de investigación

Al respecto, Domínguez subrayó que la capacidad de los grupos políticos para interpretar la «escasa y tardía» información que el Gobierno regional proporciona sobre este procedimiento (con facturaciones que llegan dos años después de solicitarse, por ejemplo) hace que el Consejo de Cuentas sea el tribunal indicado para «dilucidar cuánto estamos pagando por el HUBU». La procuradora aclaró que la clave es conocer el gasto más allá del canon, «partida que vemos crecer año a año en el presupuesto», es decir, determinar el coste real por paciente, por suministro, por cama p por prueba, en definitiva «por conceptos diferenciados».

Consideraba la representante de Podemos que esta labor previa del Consejo de Cuentas será esencial para un futuro rescate del centro, que requerirá también «un estudio de viabilidad y una auditoría del propio edificio, habida cuenta de las deficiencias que en sus pocos años de funcionamiento se han podido detectar».

CRUCE DE ACUSACIONES CON EL PARTIDO SOCIALISTA

El plan anual de fiscalización del Consejo de Cuentas propiciaba una guerra entre PSOE y Podemos antes incluso de aprobarse. Y es que la pasada semana los socialistas burgaleses acusaban a la formación morada de, con su abstención, bloquear una posible actuación de este órgano en el contrato del HUBU.

Preguntado ayer por la cuestión, el procurador Félix Díez recordó lo que ya días antes había trasladado a la secretaria provincial del PSOE, Esther Peña, en Twitter. «Confundieron una votación sobre el procedimiento con la relativa al plan, en la que de hecho votamos en contra al igual que el PSOE», zanjaba el representante de Podemos en las Cortes. «Así pues por error o a sabiendas y con un interés electoral, lo desconozco, los socialistas mintieron», proseguía, para indicar que «la única realidad es que el PP, con permiso de Ciudadanos, ha restringido la posibilidad de llevar este asunto al Consejo de Cuentas».

Y es que las aportaciones registradas por los distintos grupos se someterán a votación en la Comisión de Economía y Hacienda, donde se topará seguramente con el bloqueo ‘popular’.

El PSOE, por su parte, anunciaba que también presentará una enmienda al plan recientemente aprobado para introducir el contrato del HUBU. Insistía además en el comunicado que remitió al respecto que la resolución que contó con la abstención de Podemos «anula la capacidad de negociación que suponía el sistema anterior a la aprobación del nuevo procedimiento» por lo que, a la postre, «impedirá que el Consejo de Cuentas fiscalice el mayor contrato de la Junta, el más complicado por ser una concesión de obra pública y el más irregular con 650 millones de euros ya de sobrecoste».

 

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