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LABORAL

El salario mínimo al alza aviva el fraude en el empleo doméstico

14 entidades que velan por el sector exigen aplicar el control de jornada

L. B. / Burgos
12/06/2019

 

«Lejos de mejorar, las condiciones de las personas que trabajan en el empleo doméstico han empeorado en el último año». En resumen, he ahí el contundente balance del sector que trasladaba ayer Olga Ortega, de UGT, en representación de la plataforma local que aglutina 14 entidades sociales empeñadas en «dignificar» esta labor.

Y es que la reciente subida del salario mínimo tenía un impacto en este trabajo, incluso antes de aplicarse, que dista de ser positivo. Por el contrario, se ha detectado un aumento del fraude, es decir, de los casos en los que el servicio se realiza sin la oportuna alta en la Seguridad Social. «El problema es que los empleadores quieren un servicio bueno pero también barato, incluso gratis», lamentaba Ortega, para indicar como prueba el descenso del número de trabajadores ‘legales’ en el sector a lo largo del 2018, cuando el dato total de la provincia caía de 2.942 a 2.731 en diciembre.

Cae por tanto el número oficial pero las entidades que trabajan a pie de calle saben que la realidad es otra. «La cifra de personas que se dedican a estas labores se mantiene, de eso no tenemos duda», aseveraba la portavoz de la plataforma.

Nuria Revilla, de Burgos Acoge, vaticinó además que el descenso se agudizará en 2019 por el alza efectiva del SMI y que el recorte en el número de contratos que los colectivos gestionan en este ámbito volverá a producirse. En 2018 ya se registraba una rebaja del 30% respecto al anterior ejercicio, con un total de 957 trámites y 503 acuerdos, 388 para empleadas externas y 115 para internas.

Ortega reclamaba medios para combatir este repunte de economía sumergida, «una lacra contra la que se puede luchar». Para ello la Plataforma de Empleo en el Hogar exigía imponer el registro de jornada, pues estos profesionales se han quedado fuera de la norma de control horario recién implantada, y dotar de recursos suficientes a la Inspección de Trabajo.

Al respecto, la representante sindical lamentaba la falta de denuncias de particulares afectadas. «Sí se registra alguna reclamación individual contra despido que suele saldarse con acuerdos. También sabemos que la Seguridad Social ha levantado actas de infracción pero en casos de empresas privadas que ofrecen estos servicios de manera irregular», indica Ortega. Y hasta ahí.

Son trabajos a tiempo parcial, «de muy poquitas horas», que se complementan para lograr un salario «con el que se pueda vivir». Esta circunstancia dificulta aún más que los empleadores se animen a pagar las altas y cotizaciones correspondientes «que deben corresponder siempre a la parte contratante». Al ser una situación generalizada -con excepciones, claro- las trabajadoras la asumen como normal. Eso, unido al miedo a perder el ingreso por pequeño que sea, complica descubrir malas prácticas.

«Además, no hay que olvidar que este colectivo profesional está integrado mayoritariamente por mujeres, mayores de 50 años y en gran medida extranjeras o en riesgo de exclusión, lo que frena las posibles denuncias por temor a quedarse sin empleo», añadía Luis Alberto Jiménez, representante de Cruz Roja.

Más información en la edición impresa

 

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