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El Servicio de Justicia Restaurativa resuelve 19 casos en 2017

En 11 años de andadura ha resuelto 226 delitos y faltas / Sigue demandando la derivación de delitos más graves

V. MARTÍN
21/01/2018

 

Desde que se pusiera en marcha en el año 2006, el Servicio de Justicia Restaurativa de Castilla y León- Amepax ha resuelto 226 delitos y faltas. La Justicia Restaurativa se centra primordialmente en que el delito causa daños a las personas y a las comunidades y la justicia debe propiciar que se reparen esos daños. Las partes pueden y deben participar en este proceso ya que los delitos no solo vulneran la norma creada por el estado sino que causan un daño a la víctima y los delincuentes deben tomar responsabilidad por su conducta, además se les debe dar una oportunidad para compensar el daño que han causado.

A lo largo del año 2017 llegaron al servicio 27 casos. En tres de ellos no se pudo intervenir por la imposibilidad de localizar a una de las partes y un caso sigue pendiente de resolución. «Este año nos ha llegado algún caso menos que años anteriores porque el expediente digital dificulta la selección y derivación de casos al servicio», comenta su responsable, Virginia Domingo, quien apunta que, «aunque la diferencia no es mucha, confiamos que este asunto se arregle lo antes posible».

Así las cosas, de los 23 casos intervenidos- 3 delitos y 20 faltas- el servicio resolvió con éxito 19. «El mayor problema con el que nos encontramos en el caso de los delitos, es poder localizar a las partes, especialmente al infractor», explica Domingo, quien añade que «otro problema es cambiar la mentalidad de las personas, que suelen pensar que la Justicia Restaurativa solo es buena para delitos leves, sin embargo, la realidad demuestra que es en delitos más graves donde más se puede ayudar a las víctima».

En este sentido, atendiendo a la tipología de las infracciones, en un 28% de los casos fueron amenazas; en un 25% fueron lesiones; hurtos en un 19% de los casos; en un 13% fueron estafas; en un 12% injurias o coacciones y en un 3%, daños. «A pesar de que se suelen derivar asuntos con tipologías delictivas muy similares, en especial contra el patrimonio y lesiones, tenemos claro y así lo demuestra la realidad de nuestro entorno, que debemos centrarnos más en cada caso, que en la clase de delito», asevera Domingo.

Cuatro de cada diez casos derivados al servicio proceden de la fiscalía, mientras que un 35% llegan derivados de los propios juzgados; un 5% de abogados y en dos de cada diez casos son las partes implicadas la que se ponen en contacto con el servicio. «Valoramos mucho que cada vez nos lleguen más casos a petición de las partes porque eso significa que lejos de pensar que nuestro servicio no vale para nada, cada vez es más conocido y acuden a nosotros para ver si podemos ayudar».

A través de los 23 casos recibidos, el servicio ha atendido a 56 personas, 29 eran infractores y 27, víctimas. En 3 de cada 10 casos la relación de las partes era de vecindad; en un 21% de ellos, de amistad; en un 11% los implicados eran familia y en un 6% compañeros de trabajo. Además, en un 31% de los casos no tenían ningún tipo de relación. Por edades, más de la mitad de las personas atendidas- un 57%- tenían entre 18 y 30 años; un 34% tenían entre 31 y 45 años; un 7% entre 46 y 60 años y el 2%, más de 60.

A tenor de las resoluciones, en un 40% de los casos se llegó a una reparación de tipo moral y un acuerdo de actividad, es decir a un compromiso mutuo de ambas partes, como por ejemplo pactos de convivencia, de no agresión, etc. También en 4 de cada 10 casos, la resolución llegó con una reparación moral y económica, en un 13% de los casos fue una reparación moral y en un 8%, una reparación económica. «Siguen primando las reparaciones no económicas porque muchas veces las personas demandan una serie de necesidades que nada tiene que ver con el dinero, recuperar la seguridad, que el infractor se comprometa a no volver a hacerlo son dos de las más habituales», explica Domingo.

Sobre los resultados del servicio, la memoria realizada recoge que un 70% de los participantes- 40 personas de las 56 atendidas- lo califican como excelente, un 20% como muy satisfactorio y un 9%, como satisfactorio.

Una oficina que no llega y una directiva que no se cumple

La responsable del Servicio de Justicia Restaurativa de Castilla y León- Amepax, Virginia Domingo, critica la «falta de implicación» del Ministerio de Justicia con la puesta en marcha de la Oficina de Atención a las Víctimas. «Menos fotos y más implicación es lo que necesitamos», asevera Domingo, quien recuerda que «tampoco se está cumpliendo el Estatuto de la Víctima», en cuya creación participó la propia Domingo a través de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa asesorando al ministerio.

En este sentido, la responsable recuerda que «el Estatuto de la Víctima recoge la creación de una Oficina de la Víctima que debe contar con una serie de recursos, unos recursos que en Burgos se limitan a una psicóloga y una funcionaria». Además, aunque el documento no obliga a los estados a apoyar la Justicia Restaurativa de una forma directa, sí lo hace de forma indirecta. «Hay un punto que dice que las víctimas deben ser informadas de los servicios de Justicia Restaurativa existentes y eso se está incumpliendo porque alguien que no nos conoce, como es el caso del personal de la oficina, no puede informar de nuestro servicio».

Domingo se plantea extender «una queja a Europa». De hecho, «desde el Foro Europeo se nos ha enviado una encuesta para valorar cómo se está implementando el estatuto, que proviene de una directiva europea, y ya hemos advertido que no se está cumpliendo».

 

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