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Servicios sociales refuerza los controles de gestión de los bienes de los menores acogidos

Mejoran el sistema de fiscalización tras detectar presuntas sustracciones de 45.000 euros a seis menores tutelados por parte de un funcionario

MARTA CASADO MARTA CASADO
13/01/2018

 

BURGOS
La Gerencia Territorial de Servicios Sociales ha reforzado el sistema de control de gestión de fondos tras detectar en enero del año pasado las presuntas actividades irregulares de un funcionario de los 15 que integran la sección de Protección a la Infancia de la Gerencia de Servicios Sociales de Burgos. «El sistema de control y fiscalización que había con anterioridad era estricto y muy rígido pero el problema está en que si la persona habilitada para gestionar fondos y realizar ese control es quien presuntamente no lo cumple...», señala la gerente territorial de Servicios Sociales, María Antonia Paniego. Insiste en que «ha sido el propio sistema quien detectó los hechos presuntamente delictivos» a finales de enero del año pasado. Se confirmó la sustracción entre los años 2012 y 2016 por parte de un trabajador, habilitado para la gestión de fondos, de 45.000 euros que correspondían a seis menores tutelados por la Junta de Castilla y León en Burgos.

En ese momento se constituyó una Comisión de Investigación para determinar esas irregularidades en los que se pudo detectar la sustracción de la cantidad y los menores afectados. Se llevaron a cabo dos procedimientos contra el funcionario para retirar la habilitación para gestionar fondos y un expediente disciplinario por el que se le ha apartado de su puesto desde enero de 2017. Se trasladó el asunto a los Juzgados para dirimir responsabilidades ante el sospechoso al ser la Junta quien ejerce la tutela de los menores que, al mismo tiempo, ha paralizado los expedientes administrativos contra el trabajador. Por otro lado se iniciaron los procesos para la restitución de las cantidades a los seis afectados a la mayor brevedad posible. «Durante este año hemos tratado de agilizar en lo máximo posible la devolución de cantidades estableciendo procedimientos de urgencia y en la mayoría de los casos se ha podido restituir la pérdida patrimonial que se ha cuantificado y reintegrado», destaca Paniego. Según anunció la consejera de Familia, Alicia García, se ha procedido al reintegro de 37.000 euros a dos de los seis menores afectados y que las cantidades que faltan hasta los 45.000 contabilizados se devolverán «próximamente».
Mientras tanto esperan que en el proceso de instrucción judicial se pueda determinar el método que este funcionario utilizó para saltar los controles de gestión durante cuatro años. «Es el Juzgado quien tiene que dirimir si las prácticas eran o no delictivas y si ha utilizado un sistema paralelo que impidiera el control o no», destaca la gerente territorial. Un proceso que lleva en fase de instrucción durante casi un año «pero no hemos querido esperar a la resolución judicial para resarcir a las familias afectadas, esto hemos querido hacerlo cuanto antes en los casos en los que se ha localizado y calculado y se ha abonado una compensación por el perjuicio ocasionado».


Por su parte Alicia García recalcó que es la primera vez que sucede un hecho así en la Comunidad donde 1.500 menores son tutelados por el gerente territorial de cada provincia que delega la gestión de fondos en otra persona. La consejera recalcó que este asunto está en «fase de resolución» y defendió la actuación de la Administración que calificó de «diligente» con unos hechos que se produjeron entre 2012 y 2016.

 

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