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Villanueva afirma estar «tranquilo» tras declarar ante la juez por el uso de la línea de datos

El exconcejal no respondió a las de los medios «por respeto a su señoría y al procedimiento» El Juzgado deberá decidir si archiva el caso o ve indicios de delito


23/01/2013

 

J. MAIQUES
El exconcejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burgos Eduardo Villanueva visitó ayer los juzgados de Reyes Católicos para declarar como imputado en relación con el uso de la tarjeta de datos municipal que generó un consumo de 128.000 euros y que, a la postre, desembocó en su dimisión el pasado 26 de octubre. Una cantidad, por otra parte, que Telefónica, después de que se produjera la renuncia del edil y por la insistencia del equipo de Gobierno, devolvió a las arcas locales admitiendo con esta decisión aplicar una tarifa plana de 39 euros.
Villanueva acudió al Juzgado de Instrucción Nº1 minutos antes de las 11 horas de la mañana y abandonaba el edificio poco después de las 12.15 horas. Tanto a la entrada como a la salida de las dependencias judiciales, el ex edil justificó su silencio a las preguntas de los medios de comunicación «por respeto a su señoría y al procedimiento» en curso. Solo al interrogante sobre si se encontraba tranquilo o preocupado, el exedil, que llegó acompañado de sus abogados al edificio de Reyes Católicos, contestó que estaba «tranquilo». Una sensación que, al menos aparentemente, sí transmitió.
 La declaración de Villanueva se antoja como un testimonio fundamental dentro de un proceso en el que acaba de iniciarse la fase de instrucción. A partir de ahora, el Juzgado seguirá recopilando todas las pruebas que considere relevantes para el caso y para ello podrá reclamar que pasen otras personas próximas al caso por las dependencias judiciales.
A partir de ahí, el Juzgado deberá tomar una determinación que pasa por dos opciones: archivar el caso o, si ve algún indicio de que el ex edil pudiera haber cometido algún delito, que lo resuelva el Juzgado de lo Penal. En este último caso, además, deberá definir por qué presunto delito, tipificado en el Código Penal, se puede juzgar a Villanueva una vez que el único daño económico a día de hoy son los alrededor de 2.000 euros que ha abonado el Ayuntamiento por los intereses del Plan Montoro (desde Hacienda afirmaron que la factura se había pagado por un error de una funcionaria).
Por otra parte, la Fiscalía, la única parte de la acusación personada ayer, tendrá que decidir, a la vista de las declaraciones y de las pruebas aportadas, si entiende que el asunto se debe quedar en nada o si, por el contrario, pide que pase por un juicio para depurarse.
El PSOE y el PCAS, las dos formaciones políticas que pidieron personarse en la declaración, se encontraron a finales del pasado año con la negativa del Juzgado a participar en la interrogación que ayer se realizó al edil. La juez argumentó que ninguno de los dos partidos pueden considerarse como directamente perjudicados por las consecuencias, si las hubiere, de los supuestos delitos denunciados. Una decisión ante la que interpusieron un recurso de apelación con el propósito de que los magistrados de la Audiencia Provincial tuvieran la última palabra para pronunciarse sobre si les asiste, o no, ese derecho.
Con todo esto, la duración del proceso en este momento es una incógnita ya que lo primero que se tiene que resolver es la instrucción. Y una vez que la juez vea si hay o no indicios de delito, el procedimiento seguirá adelante o quedará resuelto.
En este tiempo, las únicas declaraciones que se conocen de Villanueva son las que hizo en una rueda de prensa anterior a su dimisión y las de un escrito enviado a los medios de comunicación el día de su renuncia. En ambas ocasiones, el ex edil defendió su inocencia argumentando que Telefónica había cometido un error al no aplicar la tarifa contratada. Respecto al uso que hizo de la línea, el concejal habló de un consumo habitual y profesional del duplicado de la tarjeta que utilizó en un modem de su domicilio.

«Indebido e inapropiado»

Los partidos de la oposición, con especial incidencia el PSOE, criticaron el «uso indebido e inapropiado» con el que el informe de Secretaría General definió la actuación de Villanueva. Dos acciones que, junto a la alarma social generada, provocaron que los máximos dirigentes del Partido Popular exigieran su dimisión.
Desde el Partido Socialista, ante las sospechas de que la tarjeta de datos se hubiera utilizado para la campaña electoral de mayo 2011, pidieron al alcalde que reclamara a Telefónica cuál había sido el uso que Villanueva hizo de la tarjeta. La compañía, por su parte, respondió que no disponía de los datos (del contenido) y que si los tuviera tampoco los podría facilitar de acuerdo a la Ley.
Por su parte, en el equipo de Gobierno manifestaron tras la dimisión de Villanueva que también había sido determinante para exigirle su salida que el entonces concejal dijera que la tarjeta no era propiedad de ningún corporativo. Y es que, si bien estaba asignada al departamento de Informática, era él el que hacía uso del famoso duplicado.

 

 

 

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