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Abierto el juicio contra el presidente y cinco directivos de Caja Segovia

El auto los acusa de administración desleal y apropiación indebida mediante «abuso de cargo» / Urdieron un plan de prejubilaciones exclusivo por un importe superior a 17 millones de euros

TERESA SANZ TEJERO
08/03/2017

 

Ocho meses después del sobreseimiento del caso de las Prejubilaciones millonarias del Caso Caja Segovia, el mismo juez que dictaminó el archivo de las diligencias, el magistrado titular del Juzgado nº2 de primera Instancia e Instrucción y de lo Mercantil, Roberto Niño Estébanez, se ha visto obligado por la Audiencia provincial de Segovia a reabrir el caso, en cuya decisión ha pesado de manera trascendental la sentencia del Tribunal Supremo que enjuició y encarceló a los directivos de Novacaixa Galicia.

El Juzgado número 2 de Segovia dictó ayer un auto por el que encausa a los seis máximos ex directivos de la desaparecida Caja Segovia que fueron respectivamente el presidente de la entidad de ahorro: Atilano Soto Rábanos; su director general: Manuel Escribano; el Jefe de Recursos Humanos: Enrique Quintanilla; la vicepresidenta segunda del consejo de Administración y secretaria del comité de retribuciones: Elena García Gil; el secretario general: Antonio Tapias y el vicepresidente primero del Comité de Administración y vocal de retribuciones: Manuel Agudíez.
Son los seis directivos a los que se ordena investigar por si hubieran incurrido en delitos societarios de administración desleal y apropiación indebida. Los hechos, que indiciariamente podrían tener relevancia penal, apuntan al ‘diseño premeditado’ para urdir ‘un posible sistema de prejubilaciones en su exclusivo beneficio’.

«Con absoluto respeto al derecho fundamental de la presunción de inocencia de los investigados», subraya el magistrado en el auto, el mismo texto ordena la investigación por el posible «abuso de las funciones propias de sus respectivos cargos sociales», llegando a afirmar que pudieron «establecer en su propio beneficio y en perjuicio de Caja Segovia, un sistema de prejubilaciones exclusivo para los seis ex directivos, diferente y separado respecto del sistema de prejubilaciones de los demás empleados de la entidad».

El auto judicial recuerda que el mencionado Plan de prejubilaciones fue aprobado por el Consejo de Administración en su reunión del 22 de diciembre de 2010, pocas fechas antes de que el 31 de diciembre de ése mismo año la entidad desapareciera y se integrara en Bankia.
El auto establece que el Plan de Prejubilaciones que debe juzgarse se estableció por importe de más de 17 millones de euros; exactamente 17.190.886 euros, cifra que, según el auto, «fue garantizada mediante la suscripción de pólizas de seguros con la entidad CASER, con cargo al ejercicio 2010 de Caja Segovia; ejercicio en el que la cifra de beneficio neto total después de impuestos de Caja Segovia era inferior al importe de las prejubilaciones, toda vez que el beneficio indicado no superaba los 16.619.000 euros», según relata el texto judicial.

En el mismo auto, el magistrado-juez, Roberto Niño Estébanez, deniega las diligencias de investigación solicitadas por la Fundación Caja Segovia, al considerar la Audiencia Provincial que solo se practiquen las diligencias de investigación que sean «rigurosamente imprescindibles para determinar los hechos indiciariamente punibles y la determinación de sus autores», y agilizar así el caso y su resolución.

El auto, fechado en Segovia a día de ayer, 7 de marzo de 2017, se dicta en cumplimiento de lo ordenado por la Audiencia Provincial de Segovia el pasado mes de enero, revocando el sobreseimiento acordado por el mismo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 que, en junio del 2016 acordó el archivo del caso, basándose el juez en «la atipicidad penal de los hechos denunciados e investigados» y argumentándose entonces que la entidad presentaba beneficios todos los años.

El Caso de las Prejubilaciones millonarias de Caja Segovia, así llamado, fue denunciado a finales de 2011 por la formación política UPyD que, posteriormente, se retiró del caso, aunque se incorporaron otras formaciones como IU y la denuncia se reactivó con la llamada agrupación Centrados por Segovia, provenientes en su mayoría de las filas de la escindida UPyD.

Fueron Centrados en Segovia los que tras el archivo y sobreseimiento de la denuncia presentaron un recurso contra este archivo, al que se adhirió la propia Fundación Caja Segovia, que arrastra la pérdida patrimonial de la desaparecida Caja de ahorros que llegó a dejar hipotecado su edificio emblemático y sede cultural: el Torreón de Lozoya, en el centro del casco histórico.
La formación denunciante ha mantenido durante estos cinco años que el caso estaba «deliberadamente ralentizado», recordando que desde su denuncia por el Juzgado número 2 han pasado varios magistrados.

Tras el recurso presentado hace dos meses contra el sobreseimiento, la Audiencia Provincial de Segovia –a cuya instancia no había llegado el caso en todo este tiempo- ha ordenado la apertura del juicio oral.

El auto de ayer acuerda la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado respecto a los seis directivos de la desaparecida Caja Segovia, ordenando la continuación del procedimiento hacia la siguiente fase procesal que supondrá la apertura de ese juicio oral.
El archivo de la causa que ahora continúa fue apoyado por la Fiscalía Provincial de Segovia y se dictó antes de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo emitiera la sentencia que enjuició las prejubilaciones de los directivos de Novacaixa Galicia, resolución que ha sido principalmente tomada en consideración por la Audiencia Provincial de Segovia para revocar aquel sobreseimiento que ahora se invalida.

Contra este auto cabe interponer recurso de reforma ante el Juzgado en tres días y/o recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Segovia en cinco días hábiles.

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