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La Junta recurre el pago de 8 ME por recortes a grupos de acción local

El TSJ les da la razón por ver mermados el 25% de fondos por decisión «unilateral» del Ejecutivo 

Í. Arrúe
09/12/2015

 

La condena al pago de 7,7 millones de euros a seis Grupos de Acción Local (GAL) de Castilla y León no se va a ejecutar, de momento. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha anunciado que recurrirá la sentencia que el pasado 18 de noviembre dictó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y que no es firme, aunque puntualiza que no cabe el recurso de casación.

La Sala de lo Contencioso de Valladolid falló a favor de la demanda interpuesta en 2012 a la Consejería de Agricultura por mermar –«sin explicación alguna», según los GAL afectados– sus fondos destinados a desarrollo rural bajo metodología Leader (en concreto un recorte del 26,5 % del programa, unos 57 millones de euros). El fallo tambén impone a la Junta el pago de las costas procesales.

Los GAL demandantes que han ganado el litigio –seis de los 44 existentes en la Comunidad– son Tierras Sorianas del Cid y Asopiva, de Soria; Agalsa–Sierra de la Demanda, de Burgos; Asociación Duero Esgueva, de Valladolid; Asocio, de Ávila y Segovia Sur. La suma de los fondos que se detrajeron de los grupos demandantes asciende a 7.740.707 euros.

La decisión de recurrir supone una novedad con respecto a lo que afirmó en días pasados la vicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón. La portavoz del Ejecutivo aseguró el pasado 26 de noviembre, al ser preguntada por los periodistas ,que la Junta «acataría» la sentencia del TSJ.
apelación compatible

Fuentes de la Consejería de Agricultura afirman que la apelación en marcha no es incompatible con las primeras manifestaciones de Valdeón. «Los servicios jurídicos, que han analizado en profundidad la sentencia, han visto que hay materia para recurrir y así se va a hacer», indicaron las fuentes.

La sentencia 2664/2015 del TSJ anula todos los acuerdos de la Junta de Castilla y León desde noviembre de 2012 en relación con el recorte «por no ser ajustados a Derecho» y declara que las relaciones jurídicas existentes entre las partes «se han de ajustar al Convenio firmado por las mismas».

El fallo señala que la Junta, cuando aplicó el recorte en el reparto de fondos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013, incumplió el convenio que firmó con los GAL, porque éste especificaba que solo se podría modificar «con acuerdo de ambas partes» y, pese a ello, «lo cambió de forma unilateral», afirmó.

«Por más que exista una justificación objetiva de revisión del convenio, ello no legitima la actuación administrativa impugnada, pues larevisión deberá efectuarse en la forma prevista en nuestro ordenamiento jurídico», concluye el TSJ.

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