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La ligera descongestión de los juzgados permite resolver un 34% más de casos

Con 112 asuntos por cada mil habitantes, Castilla y León es la séptima comunidad con menor tasa de litigiosidad / En los tribunales ingresaron 273.637 asuntos, un 30,7% menos que en 2015

AITOR FERRERO
09/03/2017

 

Los juzgados castellanos y leoneses resolvieron el pasado año 547.274 casos, un 34% más que en 2015. Así lo indica el informe Situación de los órganos judiciales en el año 2016 que el Consejo General del Poder Judicial hizo público ayer y en el que se observa que la descongestión de los juzgados el pasado año, en los que entraron un 30,7% menos de asuntos, favoreció que la resolución de los mismos avanzase a un ritmo significativo.

Los tribunales y juzgados de Castilla y León contabilizaron en 2016, por su parte, un total de 111,8 asuntos por cada 1.000 habitantes, litigiosidad que se halla 13 puntos por debajo de la media estatal, situada en 124,9. De este modo, la Comunidad cuenta con la tasa más baja tras La Rioja (84,4), País Vasco (86,9), Navarra (94,3), Extremadura (102,2), Castilla-La Mancha (102,3) y Aragón (109,5). En la otra cara de la moneda, se situaron Canarias, con 158,7 asuntos por cada 1.000 habitantes y Andalucía, con 145,5.

El número de resoluciones en Castilla y León ofreció una evolución clara. La primera mitad del año registró un aumento desproporcionado del número de casos resueltos que se normalizó en la segunda. En el primer trimestre, cada órgano judicial de la Comunidad resolvió, de media, un 95,2% de los asuntos que tenía sobre la mesa, un porcentaje que, ya llamativo, aumentó en el segundo trimestre hasta el 102,9%. En la segunda mitad del año, coincidiendo el volumen de asuntos resueltos cayó, de media, hasta el 57,7%, en el tercer trimestre coincidiendo con la menor actividad que entrañan los meses veraniegos, mientras que, en el cuarto, el volumen se estabilizó con un 82,6%.

Que los juzgados pudiesen hacer frente a tal cantidad de autos responde a la merma en el número de ellos que entraron y que permitieron a los funcionarios ocuparse también de expedientes atrasados.
En cuanto a las diferencias entre jurisdicciones, las resoluciones de causas civiles fueron las que más crecieron. Frente a las casi 126.000 que se contabilizaron en 2015, al año siguiente se resolvieron cerca de 208.000, una variación del 65,3%. El segundo crecimiento significativo tuvo lugar en las causas de lo social, con un 61,5% más de expedientes resueltos. También se incrementaron el número de asuntos contenciosos solventados, aunque en este caso la subida fue más tímida, de un 29%, mientras que, en las cuestiones penales, en 2016 se resolvieron un 16,1% más que el año precedente.

Que los asuntos civiles y sociales fuesen los que más se resolviesen responde a la mayor facilidad legal que entrañan frente a casos penales o relacionados con la Administración, que entrañan un mayor número de integrantes.

Los asuntos ingresados, por su parte, también disminuyeron de forma distinta según el área jurisdiccional. Las causas penales fueron las que más cayeron debido, sobre todo, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor el pasado 6 de diciembre y por la que los atestados policiales en los que no existe un autor conocido ya no se remiten a los juzgados de instruccción. En concreto, este tipo de asuntos cayeron un 40,3%, pasando de 240.121 en 2015 a 143.308 el año siguiente.

Los siguientes que más cayeron fueron los de orden civil, si bien la disminución fue bastante más ligera que la de penal, un 16,7% menos, con un total en 2016 de 103.928 causas nuevas. Los expedientes que se abrieron el año pasado sobre temas contenciosos –relacionados con la Administración– alcanzaron los 7.340, un 15% menos que en 2015, mientras que los de orden social se rebajaron desde 21.150 a 19.061, una rebaja del 9,9%.

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