El Correo de Burgos | Domingo, 17 de diciembre de 2017

VALLE DE MANZANEDO / Cruce de caminos y acusaciones

El vallado de Fuente Humorera y Rioseco se resolverá por vía judicial

Una exedil denunció en 2011 la presunta usurpación de caminos públicos del propietario de la finca que alberga ambas localidades / El juicio se celebrará próximamente una vez cerrada la fase de instrucción

20/11/2016

Se siente «acosada» y asegura que se ha visto obligada a soportar un «gran coste económico además de personal». Aún con todo, Margarita Pérez, exconcejala del PP en el Valle de Manzanedo, se niega a tirar la toalla y seguirá reclamando el libre acceso a los caminos y bienes públicos de Fuente Humorera y Rioseco, dos pueblos abandonados que desde el 2000 forman parte de una finca de más de 800 hectáreas que alberga una explotación de caprino, una fábrica de quesos ecológicos y un coto privado de caza. En su interior se encuentran la iglesia de San Román y la ermita de San Tirso, «a la que fueron de romería mis abuelos y mi padre». Sin embargo, Pérez explica que el vallado cinegético de los terrenos «impide a los vecinos poder pasear libremente por donde antes lo hacían nuestros antepasados».

Aunque «llevaba años denunciándolo ante diversas instancias», no fue hasta febrero de 2011 cuando la exedil interpuso una denuncia penal por un presunto delito de usurpación.La fase de instrucción se ha dilatado hasta septiembre de este año, cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villarcayo incoó un juicio por delito leve. La fecha todavía no se ha fijado, ya que la letrada de Pérez, Virginia Jiménez, recurrió el auto por una cuestión «de forma» que «todavía no ha resuelto Su Señoría».

Antes de acudir a los tribunales, la denunciante puso de manifiesto su disconformidad al respecto «mediante Ruegos y Preguntas, primero de forma verbal y luego por escrito» en los plenos del Ayuntamiento. Previamente, en abril de 2003, la Corporación dio luz verde al empresario ganadero para vallar la finca siempre y cuando se permitiese el libre acceso a los bienes y caminos públicos. El único requisito exigido, a fin de garantizar el control de sus animales y evitar fugas, fue la instalación de un paso canadiense.

La salida del entonces regidor, Manuel Ruiz (PP), y la llegada de María del Carmen Sainz (PSOE) a la Alcaldía propició, según Pérez, un cambio radical a la hora de afrontar este proceso. Sobre todo cuando en agosto de 2010, «con mi voto en contra, se acordó suspender el procedimiento de recuperación de oficio de bienes de dominio y uso público y admitir a trámite la solicitud de Fuentehumorera S.L. -la empresa del denunciado- de permutar los mismos por fincas rústicas situadas en Peñalba». No obstante, Pérez-Andújar asevera que fue el propio Ruiz quien «sugirió la permuta», aunque el procedimiento «se paró» porque «no se presentó» a las elecciones municipales.

Sea como fuere, la actual alcaldesa -también denunciada, al igual que la esposa y un hijo del propietario de la finca- y varios ediles socialistas figuran como investigados en la instrucción. A este respecto, la letrada de la exconcejala popular precisa que «se ha incoado el procedimiento abreviado» por un posible delito de prevaricación. De esta forma, se pretende dirimir si estos funcionarios dictaron «a sabiendas» una resolución «injusta».

También declaró, en calidad de testigo, Juan Carlos García, vecino de Villarcayo con raíces familiares en San Martín del Rojo, cuya parroquia es propietaria de los templos ubicados en la finca. Durante su comparecencia, en abril de 2013, afirmó que «desde su casa» en dicha localidad «no puede acceder a esos bienes de titularidad pública por cuanto los accesos a los mismos están cerrados con vallas y con candados». De igual manera, indicó que entre San Martín del Rojo y Fuente Humorera «ha existido siempre un camino vecinal» por el que ya no se podía transitar «por el mismo motivo».

La instrucción también salpicó al Arzobispado de Burgos. A finales del año pasado, el ecónomo diocesano de la institución religiosa, Vicente Rebollo, justificó documentalmente que tanto la iglesia de San Román como la ermita de San Tirso son propiedad de la Iglesia. En su declaración, también exponía que el párroco de San Martín del Rojo confirmó que «desde la parroquia no se ha dado ningún permiso para cerrar los accesos a esos templos». No en vano, el cura reconocía que ha podido visitar ambos inmuebles «sin ningún problema ni dificultad», amén de añadir que «nadie me ha pedido nunca ir (...) para visitar esas ruinas», que por otra parte «ahora están más vigiladas y cuidadas».

Otro de los puntales de este conflicto guarda relación con los propiedades que en teoría existían en Fuente Humorera y Rioseco. Pérez argumenta que el Diccionario de Madoz recoge que «Fuente Humorera tenía plaza, fuente, cementerio...». Sin embargo, matiza que «muchos de estos bienes públicos han sido omitidos en el Catastro», mientras que el propietario de la finca siempre ha negado que dichos elementos se localicen dentro de su propiedad.

Respecto al cementerio... Pérez recalca que «existía y existe porque yo he estado allí tras saltar la valla». Asimismo, dice conocer a una persona que «tiene o tenía» -corre el rumor de que se han exhumado cuerpos sin consentimiento, pero no hay prueba alguna que lo certifique- a su abuela «allí enterrada». Tras hacerlo, según la versión que le dieron a la exedil, «se encontró teniendo que dar explicaciones de su visita, primero a los perros que por allí andaban suelos» y después «al hijo del empresario y a la Guardia Civil».

El acusado se defiende

La versión de Alfonso Pérez-Andújar nada tiene que ver con el testimonio de la exconcejala. En primer lugar, corrobora la existencia de caminos públicos -«siempre he reconocido que no son míos»-. El problema radica en que dichas vías de libre acceso «circulan por sitios distintos a los que ella dice», por lo que niega haber cometido un delito de usurpación. En cuanto a los caminos públicos que por ley deben permanecer abiertos al público, asegura que se encuentran «intransitables» en la actualidad. «Lo sabe todo el mundo», apostilla.

Cuando prestó declaración hace cuatro años, el empresario manifestó que su relación con Margarita Pérez ya era «difícil» antes de proceder al vallado porque «es propietaria de un rebaño de vacas que sin autorización se comen las cosechas de productos ecológicos». Ahora, aparte de reafirmar esa acusación, tilda de «montaje» el proceso judicial abierto en su contra por motivos«puramente políticos» y «personales».

En el primer apartado, sostiene que Pérez «tiene fijación» por convertirse en alcaldesa. Y en lo personal reitera que a pesar de contar con una parcela de «siete hectáreas (...) siempre ha usado esta zona a su libre albedrío, como si todo fuese suyo». Por ello, el propietario de la finca asevera que ella le propuso vender sus tierras, pero lo que pedía «era una locura».

La imagen de marca de su empresa no se ha visto demasiado afectada hasta la fecha. «A nivel de clientes no lo he notado, pero no es agradable», confiesa antes de expresar su malestar por la visita de unas 25 personas «hace un mes» que protestaron a las puertas de sus terrenos. Eso sí, «del pueblo ni uno», concluye.

Al otro lado de la alambrada, Pérez también se siente presionada desde que interpuso la denuncia. «He sido objeto de numerosas denuncias de agentes medioambientales y veterinarios, sin que en los 25 años previos que llevaba siendo ganadera hubiera tenido ninguna». El «acoso» que sufre procede en buena medida de la Corporación. Y es que según su versión, el secretario del Ayuntamiento -también investigado- retrasa «todo lo que puede» cada año los certificados correspondientes al cobro de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), amén de que «siempre dan errores, con el perjuicio que eso conlleva para mí».

A la espera

De cara al juicio, ambas partes confían en que la Justicia se ponga de su parte. La acusación cuenta con pruebas documentales de la Diputación, de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y del Arzobispado en las que «se niega cualquier tipo de autorización para cerrar esos caminos», detalla Jiménez. Aún así, su clienta mantiene «serias dudas», ya que «en su día la Diputación denunció al empresario, lo condenaron y dicha Institución no mandó ejecutar la sentencia». Por otra parte, considera que el Arzobispado «nada ha hecho por defender los bienes religiosos incluidos dentro del vallado».

En su favor también juegan las resoluciones emitidas por el Procurador del Común de Castilla y León para proceder a la apertura de accesos públicos. No obstante, Pérez-Andújar cree que dichos informes carecen de imparcialidad, ya que en ningún momento se ha contactado con su empresa para corroborar la veracidad de las acusaciones.

La letrada de la ganadera prevé contar con el testimonio de vecinos que ya participaron en la fase de instrucción, pero al mismo tiempo advierte que «otros no han querido involucrarse (...) por temor a tener problemas», de ahí que no se les haya citado.

A la espera del juicio, el empresario se encuentra tranquilo y espera que la jueza se ponga de su parte. Es más, «no tengo ninguna duda al respecto», confiesa amparándose, entre otras cosas, en que el primer magistrado que se hizo cargo del procedimiento -han pasado varios- «dijo que no tenía pies ni cabeza».

Casos similares en Ávila, Segovia y Salamanca

La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), en activo desde 2007, ha realizado un seguimiento del vallado de Fuente Humorera y Rioseco desde que en 2011 un vecino les pusiese al corriente. Según explica su coordinador, Manuel Trujillo, «fuimos nosotros quienes contactamos con Margarita Pérez a finales del año pasado» con el objetivo de «prestar asesoramiento, difundir el problema y realizar acciones como firmas y escritos».

Desde que tuvieron constancia de este caso que califican de «extremo», los integrantes de la plataforma han mantenido «más de 30 conversaciones» con el vecino que dio la voz de alarma y otras «cinco o seis» con Pérez. Ella, por su parte, se ha comprometido a participar y «exponer la problemática» durante las Jornadas de Defensa de los Caminos Públicos que se celebrará en Córdoba entre el 2 y el 4 de diciembre.

Aunque a priori no se han registrado casos similares en la provincia de Burgos -«probablemente porque nadie los ha denunciado»-, el coordinador de PICP tiene «constancia» de «numerosas usurpaciones en las provincias de Salamanca, Segovia y Ávila». De hecho, asegura que la información sobre presuntas ocupaciones en dichos territorios de produce gracias a la integración de Ecologistas en Acción de Segovia y Trochas Viejas de Salamanca dentro de la plataforma.

A pesar de que sus cerca de 500 miembros se involucran al máximo con la causa que defienden, Trujillo incide en que «nos sentimos desamparados por la Justicia y sobre todo por las administraciones públicas, comunidades autónomas y ayuntamientos, que son los que tienen la responsabilidad de mantener abiertos los caminos». En su opinión, son estas instituciones las que «deberían defender sus caminos en los tribunales». Así las cosas, remarca que la ley ofrece «poco margen» a los «ciudadanos» para hacer valer sus derechos en este tipo de conflictos.