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DECISIÓN JUDICIAL

Cristina Kirchner, a juicio por corrupción

La expresidenta argentina, acusada de administración fraudulenta de la obra pública, asegura que es un acto de revancha política

EL PERIÓDICO
02/03/2018

 

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner afrontará un juicio oral y público por presunta administración fraudulenta en la obra pública de Santa Cruz, la provincia austral donde forjó su proyecto político con su difunto esposo, Néstor Kirchner. Así lo decidió el juez federal Julián Ercolini al aceptar una petición en ese sentido del fiscal Gerardo Pollicita. De acuerdo con el fiscal, Santa Cruz recibió el 11% de la obra pública durante el Gobierno kirchnerista, un porcentaje desproporcionado que no se corresponde con el peso económico y poblacional de esa provincia.

En enero pasado, Fernández de Kirchner había presentado al juez una solicitud similar de llegar cuanto antes a la instancia oral para que los argentinos tengan “un esclarecimiento definitivo y público” sobre las imputaciones que se le endilgan “de manera sesgada, arbitraria y contraria a derecho”. La exmandataria quiere convertir el juicio –todavía sin fecha precisa-  en una tribuna política que le permita no solo defender su gestión (2007-2015) sino responsabilizar al Gobierno de centroderecha que encabeza Mauricio Macri de los costos sociales del viraje económico de estos dos últimos años.

El 'caso AMIA'
Por la misma causa están acusados y bajo prisión preventiva su ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez. En 12 años de gobiernos kirchneristas, Báez pasó de casi la nada a convertirse en un magnate, algo que, para la fiscalía, explica la existencia de una matriz de corrupción. No obstante, tanto la exprexs como en su entorno aseguran que se trata de un acto de persecución y revanchismo.

 En los próximos días se espera que otro magistrado, Claudio Bonadio, envié también a juicio oral y público a la expresidenta por haber intentado firmar un acuerdo con Irán para interrogar a una serie de presuntos implicados en el atentado terrorista contra la mutual judía de Buenos Aires (AMIA), en el que murieron 86 personas el 18 de julio de 1994. El acuerdo, aprobado en su momento por el Parlamento argentino, nunca rigió porque Teherán no cumplió su parte. El fiscal Alberto Nisman, de sólidos contactos con la CIA y la inteligencia israelí, aseguró que formaba parte de un plan de impunidad de los responsables del acto terrorista. Horas antes de fundamentar su acusación ante el Congreso, Nisman fue encontrado muerto en su domicilio.

 

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