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DERECHOS HUMANOS

Muere Bignone, el último dictador argentino

El exgeneral dictó la ley de autoamnistía con la que quiso perdonar todos los crímenes

EL PERIÓDICO
07/03/2018

 

Solo y sin la reivindicación institucional que esperó hasta el último de sus días, se despidió del mundo el exgeneral Reynaldo Benito Bignone, el último de los dictadores argentinos (1976-83). 'Big None', como le llamaban en el movimiento de derechos humanos, murió en el Hospital Militar a los 90 años. Fue el gobernante de facto encargado de preparar las condiciones para que el país retornara a la senda institucional en octubre de 1983.

Había asumido la presidencia el 10 de julio de 1982, casi un mes después de la derrota de las Fuerzas Armadas argentinas ante Gran Bretaña y la OTAN en la breve guerra por la posesión de las islas Malvinas. Bignone se desempeñó en medio de una debacle completa de la dictadura que había tomado el poder el 24 de marzo de 1976.  En su cargo habían estado antes los exgenerales Jorge Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri. No solo los unía su pertenencia al Ejército, sino la responsabilidad en la represión que había dejado miles de desaparecidos, presos, torturados y exiliados.

A diferencia de sus antecesores, Bignone ya no pudo tapar el sol con un dedo. La herencia del llamado Proceso de Reorganización Nacional se exhibía como una gran herida a cielo abierto. Pronto comenzaron a exhumarse las primeras tumbas clandestinas. En octubre de 1982 se realizó la primera gran manifestación frente a la sede del poder ejecutivo, en la que se reclamó por los desaparecidos.

Ley de autoamnistía
El último de los dictadores intentó huir hacia adelante y, antes de las elecciones en las que se impuso Raúl Alfonsín, dictó una ley de autoamnistía con la cual intentó liberar de responsabilidades judiciales a los participantes en los delitos de lesa humanidad. A la par se ordenó la destrucción de todos los archivos sobre lo actuado por los militares. La llamada ley de "pacificación" fue anulada por el primer Parlamento posdictatorial.

Las sucesivas leyes de "punto final" y "obediencia debida", así como los indultos otorgados por el presidente Carlos Menem a los dictadores condenados por la justicia, impidieron que Bignone rindiera cuentas ante los tribunales. Mientras lo protegía el escudo de la impunidad no dejó de alabar la represión. "La lucha contra el terrorismo en los 60  y en los 70 se trató de una guerra contra integrantes de grupos subversivos que no eran ni demasiado jóvenes ni idealistas", dijo más de una vez. A los defensores de la represión los llamó "modernos Quijotes".

Condenas a cadean perpetua
Pero Bignone no pudo eludir el brazo de la justicia a partir del 2006. Fue sentenciado varias veces a prisión perpetua por sus responsabilidades como jefe del Estado Mayor del Ejército y el organismo encargado de formar oficiales. Participó además del Plan Cóndor, la entente represiva regional. Le tocó también manejar el cuartel de Campo de Mayo.

El actual Gobierno de derechas del presidente Mauricio Macri intenta convertir en parque nacional esa zona donde funcionó uno de los tres grandes campos de concentración durante los años de oprobio. De manera involuntaria, las actuales autoridades tratan de hacer realidad un cuento que Julio Cortázar apenas bocetó y que relata el intento de "un grupo de argentinos decide fundar una ciudad" sobre un cementerio.

"Para el momento supremo de dejar este mundo, resulta preferible el juzgamiento que el repudio unánime de mis superiores, camaradas y subalternos", dijo poco antes de morir. Su deceso tiene lugar en una Argentina que creyó imposible. Desde 2006, cuando se reanudaron los juicios, se abrieron 593 causas por delitos de lesa humanidad, de las cuales un 33% tiene sentencia, el 47% está en etapa de instrucción, el 17% está a la espera de dictamen y el restante 3% en juicio.

Un total de 2.979 represores fueron imputados. Solo 856 recibieron condena, 701 se encuentran bajo proceso , 499 murieron antes de conocer su sentencia y 110 fueron absueltos. El fallecimiento coincide también con la decisión de la justicia de otorgarle la prisión domiciliaria a 95 militares y policías condenados.

 

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