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AGRICULTURA

«La semilla legal es una garantía para el agricultor y el sector»

M.C.
09/01/2017

 

La producción de trigo en la Unión Europea se ha incrementado en más de 22 millones de toneladas en los últimos quince años, según un estudio de la Asociación Europea de Semillas (Esa). El 80% de este aumento se debe a la mejora vegetal. Así lo destacan desde la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, Anove, que recuerda que España está sujeta a una normativa europea en el ámbito de la propiedad intelectual, de derechos de la industria sobre la semilla. El objetivo, como destaca su secretario general, Antonio Villarroel, «no es buscar el lucro de la industria obtentora, sino garantizar el desarrollo tecnológico y el futuro del sector agrario».

A diferencia de países como el Reino Unido donde el 95% de la semilla y material vegetal es legal, en el caso de la semilla de cereal, solo el 28% está «bajo control» en España, un 16% en Castilla y León. Anove reconoce, sin embargo, que «se sigue avanzando poco a poco en la dirección correcta» para que el agricultor tenga las suficientes garantías y «salvaguardar la inversión en I+D de la industria».

Desde Anove recuerdan que solo está prohibido copiar semilla protegida para luego cultivarla y comercializar su producto, aunque el agricultor la haya pagado la primera vez que la adquirió. Sin embargo, dicen, «siempre puede sembrar sin ningún pago cualquiera de las semillas que están libres de royalties». A esto hay que añadir que hay excepciones para pequeños agricultores y minoraciones significativas en determinados cultivos. Por tanto, la ley, según el secretario general de Anove, solo penaliza y las fuerzas de seguridad del Estado solo intervienen cuando se trata de semillas que han sido desarrolladas por la industria y cuyos derechos todavía no han vencido.

Las empresas obtentoras representan a uno de los sectores que más invierte en I+D, muy por encima de la media nacional. Hay que apuntar que poner una nueva variedad en el mercado cuesta de 1 a 1,5 millones de euros y se tardan de 10 a 12 años en conseguirlo. En este sector, más del 30% del empleo está orientado a I+D, «una de las tasas más elevadas de toda la industria y otro indicador del enorme coste que supone dotar de estas herramientas tecnológicas al agricultor».

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