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LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN

Anticorrupción pide enviar el 'caso del 3%' a la Audiencia Nacional

Alega la complejidad de la causa para que se investigue en Madrid la presunta financiación irregular de CDC. Entre las diligencias pendientes figura interrogar a varios imputados de la operación de hace casi un año

ÁNGELES VÁZQUEZ
23/01/2018

 

La Fiscalía Anticorrupción quiere que la presunta financiación irregular de CDC, destapada en el ‘caso del 3%’, sea investigada en la Audiencia Nacional. El fiscal adscrito al caso, José Grinda, ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) en el que apela a la complejidad del asunto para que el fraude en las administraciones públicas catalanas detectado sea investigado con los medios con los que cuenta el tribunal ubicado en Madrid, informaron a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

Cuando el juez Josep Bosch dé el visto bueno a la petición fiscal, como se prevé, la Audiencia Nacional asumirá una instrucción iniciada en 2015 a partir del presunto amaño de un concurso público para la adjudicación de un parking en Torrembarra, en el que se detectaron sobornos pagados por el empresario Jordi Sumarroca al entonces alcalde, Daniel Masagué. De ese hilo, denunciado por concejales del municipio, se llegó a algo mucho más importante: el pago de cohechos a CDC, a través de donaciones a la Fundació CatDem, de la que era tesorero Andreu Viloca, puesto que también desempeñaba en el partido y en otras fundaciones.

Con la documentación intervenida en los registros y, especialmente, la que trató de destruir en una trituradora, se comprobó que Viloca hacía un especial seguimiento de las adjudicaciones y licitaciones otorgadas por CDC, tanto en ayuntamientos, como los de Figueres, Sant Celoni, Sant Cugat y Lloret de Mar, como a nivel provincial y autonómico, a través de Infraestructures de la Generalitat de Cataluña.

El sistema era bastante sencillo y, precisamente por ello, difícil de detectar. Las empresas hacían donaciones a CatDem o a Forum Barcelona justo antes o inmediatamente después de la adjudicación que habían logrado gracias a un pliego de condiciones previamente pactado con ellas. Para ello Viloca y después se supo que también el ‘exconseller’ Germà Gordó, que declaró ante el Tribunal Superior de Justicia por su condición entonces de aforado, se reunían con empresarios para concretar los pagos y las adjudicaciones, por lo menos así lo habían declarado varios de ellos ante el magistrado.

DILIGENCIAS PENDIENTES

El ministerio público llevaba tiempo dándole vueltas a la posibilidad de que la Audiencia Nacional asumiera esta causa en la que se investigan delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos. Entre las diligencias pendientes figura tomar declaración como imputados a algunos de los 18 arrestados el 2 de febrero del año pasado -que aún no han comparecido ante el juez- y que la Guardia Civil termine de examinar la amplísima documentación intervenida entonces. También habrá que estudiar en detalle los resultados de la comisión rogatoria tramitada por Andorra, en la que, según fuentes jurídicas, a priori no se han encontrado rastros de pagos en el extranjero.

La posibilidad de que la causa acabara en la Audiencia Nacional fue el principal argumento utilizado por los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo para oponerse a su revelo, como pretendía el anterior responsable de Anticorrupción, Manuel Moix, que tuvo que dimitió cuando se supo que tenía una participación en una empresa panameña a cuyo nombre figuraba un chalé familiar en la sierra madrileña.

 

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