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El Gobierno recurre la investidura de Puigdemont

La vicepresidenta alega que al Ejecutivo le toca intentar frenar la investidura pese al Consejo de Estado

EL PERIÓDICO
26/01/2018

 

Lo que en la noche del jueves era un polémico anuncio, ya es una decisión oficial de Mariano Rajoy bendecida por su consejo de ministros: se presenta recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la propuesta del presidente del Parlament, Roger Torrent, de designar a Carles Puigdemont como candidato a la investidura. Por tanto el Ejecutivo central no da un paso atrás pese a la advertencia del Consejo  de Estado,  su máximo órgano asesor, de que podría estar equivocándose en cuanto al momento de presentar esa impugnación, con el riesgo de perderla. Según ha justificado ante la prensa la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se asume el riesgo de que el Tribunal Constitucional pueda o no admitir a trámite la iniciativa gubernamental y, posteriormente, darles la razón o quitársela en el fondo del asunto planteado porque, según dijo, desde la Moncloa se busca defender a España y evitar que el expresident vuelva a desafíar al Estado de Derecho el próximo martes. "Gobernar es decidir y tomar decisiones a veces en momentos nada fáciles", ha añadido Santamaría.

Esta última frase, asumiendo que la decisión adoptada es de alto voltaje, la ha repetido en un par de ocasiones la vicepresidenta, que se sabe objeto de críticas externas -Puigdemont exigió el jueves su dimisión por el revés del Consejo de Estado y Podemos y otros partidos critican su estrategia- y también internas, puesto que en las filas populares hay quien lleva tiempo cuestionando su modus operandi en Cataluña, aunque no lo hagan en público. No obstante la número dos de Rajoy ha incidido en que el Ejecutivo, con este recurso que también apoyan PSOE y C's para frenar a Puigdemont, se limita a cumplir con su obligación de hacer respetar la legalidad constitucional y estatutaria e impedir más "desafíos".

"Importante daño al Estado de Derecho"
Además con más claridad de lo que lo hizo el jueves, jornada en que ofreció otra rueda de prensa por el mismo asunto, Sáenz de Santamaría ha dejado en evidencia que el primer objetivo es impedir que el expresident huido protagonice una investidura telemática que pueda dar la vuelta al mundo. Por eso el Gobierno presentará de inmediato su recurso reclamando al TC la suspensión cautelar de la decisión de la Mesa del Parlament de designar a Puigdemont candidato. "Creemos que hay que usar esta prerrogativa para evitar que se siga adelante con una candidatura con la que se haría un importante daño al Estado de Derecho que después no se podría solventar", ha aseverado.

Se arriesga así el Ejecutivo a que el Alto Tribunal pueda seguir los pasos del Consejo de Estado y decirle que se ha apresurado al presentar la impugnación y denegarle la admisión, como ya ocurrió en la 'era Aznar' con el primer recurso que se presentó contra el plan Ibarretxe. Sería un segundo varapalo tremendo para el Gobierno. Pero con ese riesgo latente Rajoy y Santamaría han elegido apostarlo todo por este recurso, pese a que hasta hace unas horas defendían públicamente que aún no había llegado el momento. Y es que si el Constitucional sí admite a trámite y suspender esa decisión de la Mesa, Puigdemont no podrá ser aspirante el próximo martes salvo que Roger Torrent, el presidente del Parlament, se rebele ante el Alto Tribunal, lo que sin duda tendría consecuencias.

"Con todo el respeto al Consejo de Estado, nosotros tenemos el compromiso político y el deber constitucional de hacer todo lo legalmente posible, con todas las herramientas a nuestro alcance, para evitar que un señor huído de la justicia que está en busca y captura por delitos muy graves y se ha negado ante el Supremo a rendir cuentas pueda ser investido -concluyó Santamaría al tratar de explicar por qué hacen esto ahora, pese al Consejo de Estado-. Respetamos los criterios jurídicos del Consejo, pero su dictamen no es vinculante y el Gobierno cree que tiene argumentos legales suficientes para intentar evitar que se continúe con este desafío [...]. Nuestra obligación es tratar de evitarlo [...]. Este Gobierno asume el compromiso legal y político de defensa de la legalidad".

 

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