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CAUSA POR REBELIÓN

Llarena admite que se siente acosado en Cataluña

Las defensas renuncian al testimonio de la letrada de la justicia que tuvo que salir de Economía por la azotea

ANGELES VÁZQUEZ
16/05/2018

 

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha admitido que se siente acosado o perseguido en Catalunya por su labor de instructor de la causa por rebelión que se sigue en el alto tribunal contra los líderes del 'procés'. El juez lo ha verbalizado al conceder a la secretaria judicial del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona la condición de testigo protegida para que declarara detrás de un biombo en el procedimiento, circunstancia ante la que los abogados de la defensa han renunciado a su declaración.

Este miércoles estaba previsto que declarara la letrada de la administración de Justicia que tuvo que salir de la Conselleria de Economía por la azotea del edificio el pasado 20 de septiembre por las protestas que se produjeron en Barcelona por los registros acordados por el Juzgado 13 de esa ciudad. Su declaración había sido solicitada por las defensas del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el 'exconseller' Raül Romeva, y el viernes pasado la fiscalía pidió que se realizara en las condiciones en las que lo hacen los testigos protegidos para proteger su identidad y su imagen.

La medida fue acordada por el magistrado que, según fuentes presentes en la declaración, relató que él también sufre el acoso esgrimido por el ministerio público para defender esta medida. Explicó que debe ir con cuatro escoltas y que le miran siete veces en cada esquina. Las defensas se tomaron el establecimiento de que se habilitara un biombo para que no pudieran verla prácticamente como un insulto, especialmente porque la secretaria judicial del 13 es la que asiste en las declaraciones en esa causa en la que ellos están también personadas. Por ello, tras reunirse, decidieron renunciar a este testimonio.

Ello motivó que tanto fiscalía como la Abogacía del Estado formularan una protesta y la acusación que ejerce el partido Vox solicitara al magistrado, que en ejercicio de su función como policía de estrado, impusiera una multa a las defensas por fraude procesal, por renunciar a un testimonio que había sido acordado a petición suya.

 

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