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Rajoy en la tormenta perfecta

La deriva del debate de pensiones preocupa al presidente y a un PP acostumbrado a contar con el electorado mayor. El bloqueo político catalán satura a un Gobierno atado al 155, sin presupuestos y con citas en las urnas en el 2019

GEMMA ROBLES
04/03/2018

 

Mariano Rajoy tiene por delante otra semana complicada. En las próximas horas debe hacer una de las cosas que menos le agradan: un cambio en su Gobierno, obligado a buscar un sustituto a Luis De Guindos, ministro de Economía, que se marcha al Banco Central Europeo (BCE). Además, el debate sobre las pensiones y las protestas callejeras de los mayores están tomando unas dimensiones que preocupa en el seno del PP –nueve millones de afectados y muchísimo votante popular, al menos hasta ahora- mientras empoderan a una oposición que permanecía algo anestesiada por el 'tsunami' catalán.

La batalla con Ciudadanos, por su lado, lejos de aflojar va tomando enjundia política, amenazando a los de la gaviota con despojarles de esa inusual zona de tranquilidad encontrada en una intrincada legislatura: Albert Rivera y sus escaños ya no serán el dique de contención que evite a Rajoy los debates más duros y peliagudos en el Congreso.

Se trata de una decisión estratégica en un momento clave, de un "ahí se las apañen" enarbolado por los naranjas que permitirá ver cómo los populares han perdido el freno en la Cámara baja. Hasta el momento lo habían manejado con soltura ayudados por sus socios de Cs, rebautizados desde el 21-D como sus principales adversarios electorales. Eso lo cambió todo. Y deja en nada la paz legislativa de la que se había beneficiado un PP débil y en minoría. De entrada los de Rajoy tendrán que enfrentar próximamente un intento de derogación o modificación radical de algunas de sus medidas estrella años atrás, con la 'ley mordaza' como primer escalón.

LA CUESTIÓN CATALANA QUEMA

Asimismo una Cataluña sin horizonte claro de gobierno le sigue quemando al presidente entre las manos, forzando a sus colaboradores a simultanear las obligaciones derivadas de la aplicación del 155 con las tareas propias del Ejecutivo central. El independentismo no ha tirado la toalla, pese a seguir atrapados en el bucle de una investidura que se les resiste. Los Abogados del Estado, en consecuencia, continúan en alerta constante, pendientes de los pasos que va dando el Parlament y de si hay algún intento de crear o resucitar desde Bruselas organismos ligados a una declaración de independencia considerada ilegal.

Se sigue desde La Moncloa el día a día de las causas derivadas del 1-O y el proceso soberanista en el Supremo, la Audiencia Nacional y los juzgados catalanes, sin perder de vista lo que sucede en Bélgica y Suiza, donde se encuentran Carles Puigdemont y Anna Gabriel, respectivamente. Nadie se atreve a descartar tampoco la repetición de elecciones en Catalunya como salida de emergencia en el último minuto, opción poco estimulante para un PP que pasó a la insignificancia en los últimos comicios autonómicos y que apura el reloj para renovar su proyecto y sustituir a Xavier García Albiol.

LOS PRESUPUESTOS Y LA PUGNA CON RIVERA

Mientras no se resuelva el embrollo catalán, Rajoy mantendrá congelados proyectos como el de la financiación autonómica y seguirá viva la intervención que permite el 155 de la Carta Magna. Si ese es el contexto político y no otro, las comunidades irán subiendo la intensidad de sus críticas y reproches al Gobierno por falta de recursos para servicios sociales esenciales (ojo que en el 2019 hay elecciones municipales, autonómicas y europeas) y el PNV no dará su brazo a torcer con los presupuestos del 2018, esos que se van a aprobar como anteproyecto el próximo 23 de marzo.

Los populares necesitan para sacar adelante las cuentas públicas además de a los vascos y a partidos pequeños con los que están asociados electoralmente, a los grupos canarios y a Ciudadanos, que por goteo ha ido actualizando (endureciendo) las condiciones que exige para ofrecer su voto a unos presupuestos que podrían garantizar a Rajoy su mandato hasta 2020: demandan que no haya subidas de impuestos y haya equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con cuerpos autonómicos, junto a la dimisión o cese de la senadora popular Pilar Barreiro, imputada en el 'caso Púnica'.

Desde el Gobierno se ha llegado decir que si no hay acuerdo presupuestario el presidente tirará de prórrogas y decretos para intentar aguantar cuatro años en el poder. Pudiera ser legal, pero arriesgado de sostener políticamente, especialmente en Europa. En todo caso se da por sentado que el paso de los meses irá aplacando las resistencias de Cs, sobre todo si los demás partidos llamados a avalar esas cuentas ponen finalmente su firma en el proyecto.

FUNCIONARIOS, POLICÍA Y AYUNTAMIENTOS

El ministro Cristóbal Montoro, de Hacienda, lleva además un tiempo capitaneando encuentros sectoriales ligados a los presupuestos de 2018 que supondrán mejoras para colectivos como los funcionarios o válvulas de escape para aumentar el gasto en los ayuntamientos. La idea de los conservadores es situar a los naranjas entre la espada y la pared en este terreno pantanoso, esto eso, entre elegir decir sí a los presupuestos o hacerse responsable con su negativa de que las promesas gubernamentales se queden en humo y no se lleven a la práctica.

Eso explica asimismo la urgencia con la que esta vez el Ministerio de Interior está negociando con sindicatos policiales y asociaciones de Guardia Civil la equiparación de sueldos. Es un colectivo nutrido y relevante, simbólicamente, para el electorado de centro-derecha. Claro que, como no hay bien que por mal no venga a este Ejecutivo, cerrar el pacto supondrá, inmediatamente, que los militares y los funcionarios  de prisiones exijan de inmediato su propia subida. Ya han avisado.

 

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