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CASO PÚNICA

Técnicos de la Comunidad de Madrid apuntan a Esperanza Aguirre en Púnica

Los primeros imputados que comparecen ante el juez aseguran que no se tomaba ninguna decisión sin que ella y su jefa de gabinete lo supieran. Niegan que se inflaran los contratos, aunque admiten que no podían contratar con otra empresa que no fuera de Mercado

ÁNGELES VÁZQUEZ
16/09/2019

 

Los primeros imputados que han declarado en la Audiencia Nacional en relación con la presunta financiación irregular el PP, después de la imputación de las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, han señalado a la primera y a su jefa de gabineta y directora de comunicación durante años, Isabel Gallego, como las personas que controlaban todo en la Comunidad de Madrid. "Nada se hacía ni se movía sin que Isabel Gallego y Esperanza Aguirre dijeran cómo", ha señalado uno de los técnicos que compareció en el Juzgado Central de Instrucción número 6.

Una afirmación que casa muy bien con la acusación que Anticorrupción dirigió contra Aguirre y que el juez Manuel García-Castellón hizo suya al imputarla en el 'caso Púnica'. No obstante, fuentes jurídicas señalaron que los cinco primeros imputados que han prestado declaración ante el juez de refuerzo Alejandro Abascal negaron cualquier irregularidad en los contratos concedidos por la Comunidad de Madrid que estaban bajo su responsabilidad y que aseguraron que la legislación madrileña obligaba a que los contratos pasaran por Presidencia.

Lo que sí admitieron es que tenían la instrucción de que la publicidad se contratara con Over Marketing, del empresario Horacio Mercado, presente en la reunión de 2004, en la que, según Anticorrupción, Aguirre lo ordenó y que el 1% del presupuesto de cada adjudicación pública se destinara a la publicidad.

Además, justificaron el 1% que, para la fiscalía significa un sobrecoste en publicidad que las constructoras pagaban para resultar adjudicatarias de obras públicas, con un ahorro para la propia Comunidad de Madrid. Según fuentes jurídicas, los imputados que han prestado declaración han señalado que con esa obligación en realidad el Gobierno regional se desentendía de ciertas campañas publicitarias como el informar, a través del envío de cartas a los madrileños, de la puesta en marcha de ocho nuevos hospitales de gestión privada.

CONTRATOS CUMPLIDOS

La imputada que se ha detenido en los contratos con más detalle ha sido Rosario Jiménez Santiago, quien fue directora de Empleo y Mujer mientras el consejero de Sanidad era Juan José Güemes, pero el que más veces ha citado a Aguirre y a Gallego ha sido Germán Rasilla, asesor de Marketing de la Viceconsejería de Infraestructuras Sanitarias. Ambos han asegurado ante el magistrado que los trabajos que dependían de sus respectivos departamentos que figuran en los contratos se cumplieron.

También declararon esta tarde en la Audiencia Nacional Almudena Pérez Hernando, que fue directora del Servicio Madrileño de Salud, y Alejandro Hafter, exviceconsejero de Presidente e Interior de Madrid, que fue el único que se negó a declarar por no conocer la causa.

 

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