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EL EQUILIBRIO DEL TREN

Garantías constitucionales

JORGE M. MOSQUERA JORGE M. MOSQUERA
14/05/2019

 

En tiempos, en España se lloraba por conseguir cualesquiera libertades, aunque fuesen pocas y rancias. Mejores tiempos llegaron y la democracia y una Carta Magna garantista, se integraron en nuestro sistema y posteriormente en nuestro ADN, con toda la intención de quedarse.


Para ello se buscó la pertenencia al selecto club de quienes tenían a Montesquieu y a su teoría de la separación de poderes como guion y enseña de lo que debe ser un país moderno y garante de los derechos fundamentales de las personas, pretendiendo incluir España entre los países más respetuosos con esa división de poderes.


Se garantizó la libertad, la igualdad, la educación, la salud y la vivienda. Los derechos sociales, el trabajo y las pensiones y como corolario de todo aquello, se garantizaron los derechos personales. Se aceptó la entonces revolucionaria idea de “un hombre, un voto” y se pasó a reforzar el sistema electoral con un procedimiento proporcionado a las naciones vecinas.


Poco tiempo ha pasado y la sociedad se ha visto sobrepasada por la modernidad, con ciertos derechos tomando arraigo en la sociedad, pero marginando en su aplicación los derechos de otros.
La garantía de que la igualdad entre las personas sería mantenida o las exigencias de colaboración en la aportación de medios y esfuerzo para conseguir esa igualación han sido alguno de los pilares que han sostenido este sistema durante los últimos cuarenta años que, podrían calificarse de paz.
Los gobiernos sin ceder en su empeño de aplicar estos derechos, no han tenido en cuenta que, en muchos casos el pago de impuestos ha sido la llama que ha prendido la mecha de la pobreza, que los elevados emolumentos o el uso como arma, de la amenaza diaria del peligro para las pensiones, no ha dejado de suponer un permanente derroche de subvenciones, incluso para personas que jamás han cotizado.


Quedaba la protectora y tuitiva Administración de Justicia como parte del juego de la democracia, pero hete aquí que un día parte de una Comunidad Autónoma decide evadirse de los intereses generales y alguno de sus promotores resuelven “domiciliarse” en otro país por el cómodo método de la fuga, pretendiendo posteriormente presentarse a la elección de eurodiputado.


Pensábamos que la justicia actuaría de oficio, pero no. Inquirido el Tribunal Supremo, ha determinado que no tiene competencias para resolver. Eso sí, dejando marcadas las líneas generales a seguir por los jueces. El Tribunal Constitucional, en otro gesto garantista, ratifica que un fugado de la justicia, aún fugado, puede representar al país en la Alta Institución europea. No tengo palabras.


El gobierno y su vicepresidenta en funciones tienen la solución: “hay que acabar con el estereotipo del amor romántico”.

 

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