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Ábalos ratifica la gratuidad la AP-1 y abre el debate sobre su «viabilidad»

A UGT le preocupa la desaparición de 121 empleos y Tudanca plantea la «subrogación» de los trabajadores de la concesionaria / Seopan se pregunta «quién va a pagar la fiesta»

DIEGO SANTAMARÍA DIEGO SANTAMARÍA
20/06/2018

 

Ya es oficial. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ratificó ayer en el Senado su compromiso de liberalizar todas las autopistas de peaje cuya adjudicación expira de aquí a 2021, entre ellas la AP-1. Durante su comparecencia, programada para responder a la pregunta planteada por Elvira García (Unidos Podemos por Álava) sobre dicha cuestión, dejó claro que el «fin de la concesión» es irreversible y que «no vamos a prorrogarla».

A la hora de argumentar su decisión, el ministro aseguró que las adjudicaciones a empresas que explotan este tipo de vías en «este tramo y otros muchos» se han beneficiado de concesiones que se sitúan «por encima» de las previsiones inicialmente fijadas. Por lo tanto, estimó que las compañías han tenido tiempo «suficiente» para «amortizar» sus inversiones. A modo de ejemplo, detalló que la AP-7 ha permanecido en manos privadas durante cinco décadas cuando en principio se tenía intención de que el peaje tuviese una vigencia de 20 años.

Aún con todo, Ábalos es consciente de la confrontación latente entre quienes apoyan la medida y quienes la critican -o matizan- amparándose en los costes que el Estado deberá asumir para su conservación y mantenimiento. Por ello, se mostró partidario de abrir un debate con todas las fuerzas políticas para abordar la «viabilidad» y «sostenibilidad» de las autopistas que se incorporarán en los próximos tres años a la red pública de carreteras.

Más allá de las reflexiones y propuestas que lance cada grupo, el titular de Fomento defendió la necesidad de impulsar una política «igualitaria»en esta materia porque «no tiene sentido» que «unos territorios estén penalizados y otros absolutamente liberados». Por su parte, la senadora de Unidos Podemos por Álava exigió a Ábalos que no se eche atrás y cumpla con lo prometido. No obstante, señaló que de aquí en adelante el Estado debería velar por la consolidación de una red de autopistas «públicas, gratuitas y sostenibles».

Puestos de trabajo

La «alegría» mayoritaria del espectro político nacional contrasta con la inquietud de algunos sindicatos como UGT, que ayer alertaba de la previsible desaparición de 121 puestos de trabajo en la AP-1 y más de 1.300 en el conjunto de autopistas que serán gratuitas a partir de 2021. Además, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo del sindicato teme que la medida impulsada por Ábalos suponga el «abandono de la fórmula del peaje explícito», lo que abriría la puerta a nuevas liberalizaciones a medida que finalicen las concesiones vigentes.

Aparte de subrayar los «interrogantes» actuales sobre el futuro de las autopistas en España, UGT recordó que la AP-1 soporta un tráfico «ingente» que obedece, en buena medida, a que un 30% de los conductores que transitan por la vía provienen de Francia. Entretanto, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) calcula que el tráfico habitual de 19.000 vehículos diarios podría superar los 27.000 por el trasvase de coches de la N-I.

Sea como fuere, el sindicato augura un «progresivo deterioro y colapso de no mediar la ampliación a tres carriles». Por todo ello, UGT anunciaba ayer su intención de reivindicar a Fomento el mantenimiento del empleo para garantizar la «sostenibilidad económica, social y medioambiental de las infraestructuras».

Después de reunirse con representantes de UGT y Comisiones Obreras, el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, indicó que Fomento está al tanto de la «preocupación» de los operarios que trabajan para la concesionaria de la AP-1. La solución, a su juicio, pasaría por la «subrogación» de los trabajadores porque «las labores de conservación y mantenimiento en esa vía van a tener que hacerse».

Sorpresa en la patronal

«¿Quién va a pagar la fiesta?», se preguntaba ayer el presidente de Seopan, Julián Núñez, en alusión a los planes del actual Gobierno para «subvencionar a 20.000 señores para que no paguen». En este sentido, subrayó que la balanza entre gastos de mantenimiento e ingresos fiscales arroja un saldo positivo de unos 30 millones de euros anuales. Al mismo tiempo, según informa Europa Press, defendió el principio de «quien usa y contamina, paga», de ahí su convencimiento de que la conservación y mantenimiento de la carretera debe correr a cargo de los usuarios para que «el contribuyente se dedique a financiar lo que tiene más prioridad».

Según recoge Servimedia, Núñez aseveró que la AP-1 requiere una renovación integral de sus infraestructuras y una ampliación de su capacidad que cifra en 320 millones de euros. Por otra parte, precisó que las concesionarias españolas de autopistas facturaron el año pasado 1.836 millones de euros. Con ello, manifestó que cuanto más ganan más impuestos pagan.

 

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