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«Agua de consumo muy buena», tras un 99% de análisis perfectos

La Diputación firmó en 2010 un acuerdo con los municipios -ahora 157- para realizarles ese control Sólo 1.576 incumplimientos en 13.872 tomas recogidas

M. M.
02/09/2018

 

La Diputación ha recogido 13.872 muestras de agua de consumo en redes de abastecimiento, depósitos, depuradoras o grifos domiciliarios. Todos ellos puntos ubicados en los 348 pueblos y barrios pertenecientes a los 157 municipios actualmente adheridos a un convenio por el cual la Institución Provincial se ocupa desde 2010 de realizarles el control de calidad del agua. Acuerdo nacido hace 8 años -tras informar la Junta que dejaba de realizar ese servicio devolviendo así a los municipios una tarea que por ley era suya-, «los resultados demuestran que el agua que se consume en la provincia es de muy buena calidad, ya que de esas casi 14.000 muestras, sólo se incumplió en 1.576, es decir en menos del 1%», asegura Diego Santidrián, técnico de Medio Ambiente de la Diputación de Burgos.

Irregularidades que, como añade, «son puntuales y de escasa gravedad». Vincula esos incumplimientos a defectos en el control de cloro o la desinfección, «la gran mayoría en época veraniega y fácilmente subsanables debidos a fallos en los dosificadores o al regular los equipos instaladados». Así como al hallazgo de nitratos en el agua extraída, «principalmente por el abono que de una forma u otra ha acabado en los acuíferos de donde sale el agua para consumir, lo que genera mayor presencia de algunos de sus componentes pero sin causar ningún problema de salud», reitera.

Y también, de nuevo en casos muy concretos, irregularidades por la excesiva presencia de algunos minerales como hierro o aluminio, «presentes de forma natural en los acuíferos pero que por causas naturales se encontraron en más cantidad en las tomas analizadas, lo que se solucionó con la colocación de un sistema de filtrado específico en ese Ayuntamiento en concreto», detalla.

Si bien el número de municipios adheridos ha oscilado durante los 8 años de vida del convenio -en 2010 se realizaron 3.000 tomas de muestras en 380 zonas y puntos de abastecimiento de 165 ayuntamientos-, en la actualidad son 157 los asociados al acuerdo, «que abastecen a 348 pedanías y barrios, a todos los cuales se les realizan estos análisis de los que existen tres tipos, según la población y el volumen de dicho abastecimiento», explica.

El primero es el análisis ‘de control’ en el que se revisan hasta 11 parámetros distintos y se realiza una o dos veces al año en los depósitos de agua que surten a las poblaciones, en las estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y en las redes de distribución, con un precio de 45 euros por cada parte del abastecimiento. «Es el más habitual, siendo en total 5.151 los realizados desde 2010, en los que se han obsevado 56.661 parámetros», concreta.

La segunda variedad de control es el ‘completo’, en el que a pesar de ser más exhaustivo -al analizarse hasta 75 agentes diferentes-, es menos frecuente», explica, siendo 400 euros el coste en este caso por cada parte del abastecimiento, tal y como se detalla en el convenio.

El análisis en el ‘grifo del consumidor’ es la tercera modalidad que se realiza, «buscando así localizar la existencia de tuberías de plomo, por ejemplo, y comprobar que el agua no pierde calidad en el camimo a los domicilios». Últimas tipologías de las que se han realizado 846 y 7.875 tomas respectivamente, «analizando 63.450 y 86.625 parámetros respectivamente en estos 8 años de convenio», cifra el técnico provincial.

«Tipos de análisis a los que se sumará un cuarto de ‘radiactividad’ al ser obligatorio desde 2016 por ley». Se hará aprovechando la nueva licitación en 2019 de este servicio que ahora realiza Agrolab, «y que con 200.000 euros de presupuesto actual, se reducirá seguramente a 0.000 euros, al ser menos parámetros los que obliga ahora la Junta a observar en las tomas».

Santidrián remarca que a la buena calidad del agua se suma la cantidad. «Al ser una provincia rica en manantiales las tomas son en su mayoría superficiales y las subterráneas, poco profundas». Trabajos para los que la Diputación creó una línea de ayudas, «a la que que con un máximo de 3.000 euros por municipio, ha destinado ya 850.000 euros».

Convenio entre municipios y Diputación

La ley recoge entre las competencias propias a prestar por los municipios, el servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable a domicilio en

todos los municipios, y el control de que ésta llegue en perfectas condiciones de salubridad y limpieza al ciudadano, siguiendo así los criterios marcados por un real decreto publicado en febrero de 2003 para tal fin, y que el área de Sanidad de cada región podía posteriormente desarrollar.

«Y es que hasta 2009 fue la Junta la que se encargaba de realizar dichos análisis, la cual decidió dejar de prestar dicho servicio a los municipios, e informando que pasaría a ser una tarea a realizar por los propios ayuntamientos», recuerda el técnico provincial.

Muchos fueron los responsables municipales que trasladaron entonces, a la Diputación, la necesidad de contar con su ayuda y asesoramiento para realizar esta labor, para la que no se veían capacitados tanto por falta de personal como de presupuesto para ello.

Haciendo uso de la posibilidad que el real decreto permitía de que ese control del agua pudieran coordinarlo las diputaciones en el caso de municipios con menos de 20.000 habitantes, la respuesta fue en 2010, la elaboración de un convenio marco por el que la de Burgos se ocuparía de esta labor tras acordarlo con los municipios que lo solicitaran.

Acuerdo que la Institución Provincial ha renovado este 2018 tras publicar sus pautas el pasado mes de febrero, y en cuyo contenido detalla que el objeto del mismo «es la prestación de los servicios de toma de muestras, realización de análisis de aguas de consumo humano y registro de los datos

obtenidos en el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), a los que el Ayuntamiento está obligado tal y como marca el real decreto de 2003.

En él se marcan también las obligaciones de los ayuntamientos así como los costes y frecuencia de los diferentes controles a realizar, según su población y al volumen de agua de abastecimiento.

 

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