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El alcalde de Espinosa exige al PSOE que cumpla y haga dimitir a sus ediles

Javier Fernández recuerda que meses atrás David Jurado le pidió lo mismo, «pero ahora es a ellos a los que se lleva a juicio oral por permitir la obra del camposanto de Las Machorras»

M. M
04/03/2017

 

Javier Fernández Gil, alcalde de Espinosa de los Monteros por la agrupación Ciudadanos (C’s), exigió ayer al secretario de Organización del PSOE de Burgos, David Jurado, que cumpla «con lo que meses atrás reclamaba para mí, y obligue a dimitir a los concejales socialistas del Consistorio espinosiego», reclamó. «Es más, si yo estuviese en la misma situación, abandonaría mi cargo ya no al día siguiente sino en menos de 10 minutos, porque lo importante es el pueblo y su bienestar», añadió categórico.

Las palabras de Fernández Gil llegan tras conocerse esta semana la apertura de juicio oral contra los ediles socialistas de la corporación de Espinosa de los Monteros, a raíz de la polémica ampliación del cementerio de Las Machorras -pedanía de Espinosa-, la cual se inició y continúa hoy, presuntamente sin que haya de forma previa proyecto, ni licencia ni recalificación del terreno. «Y todo con el acuerdo de la entonces Junta de Gobierno Local en la que todos ellos estaban, donde afirmaron que no se estaban produciendo unas obras que sí se estaban ejecutando y que todo el mundo veía».

Petición de dimisión que también han exigido los concejales del PP en la corporación, a través de un comunicado, en el que recuerdan cómo en abril de 2013, la junta administrativa de Las Machorras aprobó ampliar el cementerio con el uso de una parcela anexa, aún propiedad del alcalde pedáneo, Roberto Ortiz. Obras que como detallan los populares, «se realizan con recursos y personal municipal, y sobre las cuales pedimos el proyecto e información en el Pleno municipal de agosto de 2013, respondiéndonos que éste no existe», detallan en su escrito.

Cúmulo de presuntas irregularidades que llevaron a los concejales populares, Juan José Angulo y Pilar Martínez, a presentar una querella criminal contra el alcalde pedáneo Roberto Ortiz, y el ex de Espinosa, José Carlos Peña, así como contra los concejales Jean Paul Sánchez y Luis Román Crespo, «Denuncia que que hizo que Peña, entonces aún alcald, paralizar la obra en enero de 2014», continúan en su escrito.

Detallan que por todo ello, el fiscal pide 8 años de inhabilitación por prevaricación administrativa por acción para los tres concejales y 16 años para el exalcalde por prevaricación administrativa por acción y por omisión. Para el arquitecto municipal solicita 4 años de prisión por falsedad documental, 5 años y 3 meses de inhabilitación especial por falsedad de certificado y prevaricación administrativa. A esta pena que fija el Fiscal se le añade la que pide la acusación particular de los concejales del PP, que lleva incluida 4 años y 6 meses de prisión para los tres concejales y Peña.

Fernández Gil reprocha las críticas recibidas por parte de Jurado, «a quien invito a marcharse y buscarse otro trabajo si no vale para esto, ya que hay que documentarse y conocer los temas antes para poder hablar de ellos», reprochó. Y le recuerda que los tribunales han decidido abrir juicio oral ahor a sus compañeros del PSOE, «pues creen probado que la obra se inició sin que el Ayuntamiento de Espinosa tramitara ningún expediente de ningún tipo».

E insiste en que «lo que tendría que hacer Jurado es dejar actuar a la justicia, razón por la cual yo no he respondido a sus ataques en todos estos meses, además de que creo que hay cosas mucho más importantes para la mejora del pueblo que todo esto», afirmó.«Entre ellas, los graves problemas de incomunicación en los que se nos está dejando al pueblo y la comarca», hiló.

Acompañado del diputado provincial, Lorenzo Rodríguez, y del procurador regional José Ignacio Delgado, Fernández Gil denunció el abandono en el que se sienten, esta vez, por parte de Correos. Así, criticó que desde la entidad se ha reducido desde el día 1 reducir el horario de apertura de la oficina de 7 a 3 horas diarias, «para cuya atención se ha contratado a una persona nueva por un mes, lo que hace que no le dé ni tiempo a conocerse las calles o la forma de acceder a los pueblos a los que se da servicio. «Dando así pie a que posteriormente aleguen servicio deficiente para dejarnos sin nada»

Medida «sin aviso previo ni al Ayuntamiento», a la que se suma la falta de señal de telefonía y de señal de internet, «para lo que hemos pedido ayuda a la Junta, y seguimos sin ellas», criticó el alcalde.

Tanto Rodríguez como Delgado criticaron duramente la reducción del servicio del correo como «una chapuza más con la que se busca poner la puntilla a los pueblos», se lamentaron. «Por lo que la próxima semana vamos a registrar en las Cortes una proposición no de ley para que la Junta inste al Gobierno central a mantener este servicio básico, y evitar que la incomunicación sea aún mayor».

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