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La alcaldesa de Tobalina confió «al 100% en la gestoría»

L El PSOE denuncia ante Trabajo los contratos de carácter laboral de los cinco ediles del PP L El equipo de Gobierno tomará «medidas» si se aprecia ilegalidad

DIEGO SANTAMARÍA DIEGO SANTAMARÍA
19/05/2017

 

Cuando asumió el bastón de mando en las últimas municipales, la alcaldesa del Valle de Tobalina, Raquel González, intentó asegurarse «de que se hacían las cosas bien». Sobre todo en materia de retribuciones salariales, por lo que depositó su confianza «al 100% en la gestoría» encargada de tramitar los contratos «y en el servicio jurídico del Ayuntamiento». Por ello, se llevó una «sorpresa» cuando el grupo municipal socialista denunció en el pleno del pasado 23 de febrero las presuntas irregularidades en torno a los contratos de su equipo al tener carácter laboral.

También empleó ayer el término «sorpresa» el edil del PSOE, Jesús Ángel López de Mendoza, al señalar que conoció la existencia de estos contratos a principios de año tras descubrir una partida de 58.000 euros en los presupuestos municipales para cubrir las nóminas de la alcaldesa y de los otros cuatro concejales del Partido Popular. Fue entonces cuando verificó en el acta correspondiente que se habían formalizado cinco contrataciones de esta naturaleza. Asimismo, constató que el acuerdo salarial aprobado en el pleno del 10 de septiembre de 2015 no se había publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (Bopbur).

A raíz de su protesta en el pleno de febrero, el equipo de Gobierno publicó casi un mes más tarde -el 21 de marzo, concretamente- en el Bopbur las retribuciones de González y de los concejales delegados. Es decir, «había pasado un año y medio». Por otra parte, López de Mendoza hizo hincapié en que un contrato de estas características no solo es «ilegal», sino que además permitiría a los cinco representantes populares convertirse en «trabajadores fijos» en un plazo de tres años. Y para rematar la jugada «tienen derecho a paro e indemnización», apostilló.

Después de denunciar los hechos ante el resto de la Corporación, el edil del PSOE pidió explicaciones al equipo de Gobierno. González, por su parte, hizo lo propio con la gestoría y le indicaron que la aplicación informática para dar de alta a los cinco ediles en la Seguridad Social requería «un tipo de contrato para poder continuar». Además, recibió la confirmación de que «lo habían estudiado y que estaba correcto».

Por todo ello, el grupo municipal socialista presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el 9 de mayo con el objetivo de que «paralice los contratos». Y con el fin de demostrar la supuesta incompatibilidad, recordó que el artículo 26 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social considera una «infracción muy grave la simulación de relación laboral».

Antes de la denuncia, López de Mendoza solicitó un informe al servicio jurídico del Ayuntamiento. La alcaldesa volvió a confiar en la gestoría para su redacción y se mostró dispuesta, según sus propias palabras, «a entregárselo a quién sea», tanto a la oposición como a las administraciones competentes. Pero no fue suficiente para el edil del PSOE, quien no ocultó su recelo porque el hecho de que su elaboración haya corrido a cargo de la «misma empresa que confecciona los contratos y las nóminas».

Después de conseguir los contratos y proceder a su revisión, lo que más le llamó la atención a López de Mendoza fue la inclusión de González «en el grupo profesional de alcaldesa». A su juicio, es lo «más llamativo» junto a la naturaleza de «obra y servicio».

Por el momento, González se muestra «bastante tranquila» y «a expensas de tener comunicación con el inspector» para comprobar si la oposición está en lo cierto. De confirmarse cualquier tipo de irregularidad, precisó que el Ayuntamiento tomará «medidas» al respecto porque desde que tuvo constancia de la denuncia pública de los socialistas comunicó su «inquietud» a la gestoría. No obstante, espera que «esté todo bien».

El otro partido de la oposición, Vivir en Tobalina, también inició una «investigación» en su día a través de un gabinete jurídico. Sin embargo, tal y como apuntaba el concejal Fernando Martínez, comprobaron que se trata de «contratos muy poco habituales, pero no ilegales».

Por su parte, el portavoz provincial del PSOE, David Jurado, criticó que los ediles del Partido Popular hayan convertido su dedicación exclusiva en una «relación laboral al uso como cualquier trabajador del Ayuntamiento». Por eso, exigió «explicaciones» al equipo de Gobierno sobre su «enésima o la penúltima tropelía» con la intención de que se asuman responsabilidades «si finalmente se confirma que esto vulnera la legalidad».

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