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RIBERA

La Banca Pecho abre una brecha entre políticos y técnicos

El equipo de Gobierno reprocha a la Oficina de Obras el retraso del expediente de derribo

LORETO VELÁZQUEZ LORETO VELÁZQUEZ
05/12/2017

 

A la espera de que hoy se reabra el tráfico en la calle Postas -en el tramo comprendido entre los Jardines de Don Diego y el puente Duero- mientras la empresa adjudicataria del derribo de la Banca Pecho comprueba el estado real del edificio y constata si conserva o no alguna parte de la antigua muralla que deba ser objeto de conservación, el expediente de este inmueble histórico que en su día sirvió de archivo municipal ha abierto un nuevo frente entre el equipo de Gobierno y la máxima responsable técnica de la Oficina de Obras. Y es que nadie parece estar de acuerdo en cómo se ha tramitado el expediente de este espacio municipal que se tuvo que derribar de forma parcial el sábado 25 de noviembre por desprendimientos y riesgo de derrumbe.

Por un lado, la jefa de obras se aferra a un informe en el que se recomendaba, el pasado 13 de junio, acometer en la Banca Pecho actuaciones previas al derribo como la demolición de las partes huecas del techo, en la zona de escalera y bajo cubierta; el refuerzo del apuntalamiento o la reparación de tres goteras. El documento instaba además a limpiar el escombro generado y gestionar los residuos e incluía un presupuesto por 2.255 euros más IVA.

Sin embargo, el equipo de Gobierno mantiene una versión distinta y se escuda en las tres providencias que remitió Alcaldía, sin éxito, a esta técnica para que tramitase el pliego de derribo. Según explican a este periódico fuentes cercanas a la Corporación, desde que el 17 de junio de 2016 la Junta de Gobierno adjudicó el contrato de asistencia técnica para la elaboración de documentación previa para la declaración de la ruina económica del edificio Banca Pecho -cuestión que se resolvió en octubre de 2016, dos meses antes de que la Junta de Gobierno aprobase el inicio del procedimiento de la declaración de ruina con el comienzo del periodo de exposición pública-, se produjo, a su entender, el primer «parón» de este expediente en la oficina de Obras.

Así, explican que el siguiente paso no se dio hasta el 5 de abril de 2017, cuando visto el informe de la Letrado de Obras y el informe de la jefa de servicio de Urbanismo se aprobó por unanimidad la declaración de ruina económica del edificio, dando un plazo de cuatro meses para su demolición. Además, se acordó una nueva visita técnica para comprobar si procedía el apuntalamiento o la cobertura con lona para evitar filtraciones de agua.

El 1 de junio, al comprobar que no se había realizado, se volvió a remitir una segunda providencia requiriendo que se iniciase el expediente. Al no avanzar, se remitió una tercera el 24 de agosto. En ella se llegaba a indicar la distribución exacta de lo que se quería para el edificio nuevo y la distribución de dependencias en relación a lo indicado por los jefes de servicio de Intervención, Gestión tributaria y Recaudación. En este caso, hubo respuesta de la Jefatura del Servicio señalando que era necesario elaborar un anteproyecto de lo que se pretendía realizar en la ejecución del nuevo edificio antes de poder realizar el pliego para la demolición del viejo.

El 5 de septiembre, Alcaldía emitió un nuevo requerimiento a la Jefatura del Servicio de Obras. Y el 24 de octubre, tras varias actuaciones y requerimientos por parte de Contratación, la Junta de Gobierno Local aprobó el pliego de condiciones técnica y administrativas para el Proyecto de derribo, Proyecto de ejecución de la obra, Dirección facultativa de la obra y Seguridad y Salud para el edificio municipal de la Banca Pecho sito en plaza mayor, número 5. Un proceso que sigue abierto a día de hoy a la espera de formalizar la adjudicación a la que optan 9 empresas.

El enfrentamiento vivió un nuevo episodio el pasado 25 de noviembre cuando, al conocer la noticia de los desprendimientos, la alcaldesa, Raquel González, realizó varias llamadas a la Jefatura de Servicio sin obtener respuesta. Tras consultar con los técnicos municipales presentes, se decidió derribar parte de la fachada en presencia del arquitecto municipal, la arquitecta técnica y el jefe de Servicio de Extinción de Incendios.

 

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