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A la cárcel por agresión sexual

La juez decreta prisión provisional y sin fianza para los tres futbolistas que ayer ya durmieron en la cárcel de Burgos

LORETO VELÁZQUEZ LORETO VELÁZQUEZ
14/12/2017

 

ARANDA
Pasadas las siete de la tarde ingresaron en la prisión provincial de Burgos los tres futbolistas detenidos el lunes por abusos sexuales a una niña de quince años en Aranda. Tras declarar ayer ante el juez, se decretó su ingreso inmediato en prisión comunicada y sin fianza, bajo la acusación de un delito de agresión sexual. Este auto podría ser recurrido en los próximos días por la abogada de oficio, que sigue con los tres futbolistas desde su detención, en un intento por salir de la prisión o al menos acceder a la posibilidad de la fianza.

La titular del juzgado número dos de Aranda, sin embargo, atendió ayer la reclamación de la fiscal de menores y ordenó el traslado al penal de Burgos, a la vez que levantó el secreto de sumario sobre las actuaciones. Este movimiento de la juez requiere la redacción de un auto expresamente para revocar el secreto decretado en primer lugar por el juzgado de guardia y da pie a que las dos partes accedan a la totalidad de los contenidos de las diligencias practicadas hasta el momento. Entre ellas se encuentran las declaraciones de acusados y víctima, que se produjeron por separado, al igual que las diligencias practicadas por la policía y el registro en el domicilio.

Cabe reseñar que los agentes detectaron en las primeras conversaciones mantenidas con los detenidos una serie de contradicciones que motivaron que los tres detenidos permanecieran separados para evitar que pudieran concertarse en su declaración.

«La experiencia en el calabozo es un trago muy duro», aseguró a este periódico ayer un arandino, policía nacional jubilado, que ha visto a muchos condenados en esa situación. «Los calabozos están limpios y se les da mantas pero el oír el doble cerraje de la puerta se queda grabado», sentencia.
Estas contradicciones en las que cayeron los encausados se evidenciaron en las primeras explicaciones que los detenidos dieron por propia voluntad a los agentes, ya que en el momento de la declaración oficial con sus asistentes legales los tres se negaron a declarar hasta ser presentados ante la juez que, según fuentes de la investigación, «lo ha debido de ver muy claro» para mandarles a prisión tras las diligencias policiales, escuchar a la víctima y tomarles testimonio. Efectivos y mandos de la comisaría provincial de Burgos se encargaron de la custodia y traslado de los detenidos que llegaron a la cárcel burgalesa en los mismos dos furgones en los que fueron conducidos a los juzgados. Como a cualquier preso se les aplica el protocolo de admisión, con evaluación psicológica y médica, y no será hasta que lo completen cuando se les asigne su alojamiento definitivo en el penal.

«Caso mediático»
Los tres jóvenes insistieron en su versión de que la relación fue consentida, afirmación sobre la que la policía tomó declaración el martes a varios de los amigos futbolistas de los tres jugadores de la Arandina. Uno de ellos se desplazó incluso desde Salamanca, como adelantó ayer este periódico, para «hablar en favor» de Lucho, Viti y Raúl. Ayer, a las puertas del juzgado hicieron guardia empleados del club y amigos.

Esas mismas fuentes de la investigación aseguran que este caso podría ser «tan mediático o más» que en de la manada, en Pamplona, dado el alcance de la relación sexual denunciada, en la que «hubo de todo» -extremo que también confirmó a este periódico la familia- y que se refleja en un vídeo que la policía científica trata de rastrear en los móviles de los encarcelados, que se analizan en Madrid. De hecho, ya ayer en Aranda pese al frío intenso muchos curiosos se acercaron para observar las entradas y salidas.

Los tres detenidos prestaron declaración en los juzgados de Aranda a partir de la una de la tarde de ayer. Llegaron en un furgón policial que entró por el garaje y subieron a declarar por un ascensor interno. Su familia, destrozada se encontraba también en el interior. Dos horas después llegó el furgón policial con los tres investigados. Algunos familiares y amigos aguardaban fuera. Previamente, la menor había salido puerta lateral, después de desgranar su versión ante la juez y la fiscal de menores. En ningún momento la víctima y sus supuestos agresores coincidieron en los juzgados.

Según explicaron a este periódico fuentes de la investigación la menor reaccionó al conocer por algunas amistades la divulgación del vídeo con contenido sexual y avisó a sus padres. Al parecer ella no era consciente de haber sido grabada.

Según figura en la denuncia, la niña subió al piso que los deportistas comparten en el número 40 de la calle San Francisco porque le gustaba uno de ellos, Viti. Sin embargo, una vez arriba, presuntamente la forzaron sin que ella opusiera resistencia para evitar males mayores. Junto a la denuncia, que presentó en Aranda de Duero la madre de la menor, adjuntaron un parte de lesiones. Se da la circunstancia de que la menor estaba en tratamiento psicológico por un problema relacionado con la alimentación, por lo que iba a Madrid una vez por semana.

Hasta 15 años de cárcel
Mantener una relación de carácter sexual con un menor de dieciséis años conlleva un delito de abuso sexual que el código penal castiga con pena de prisión de dos a seis años. Pero cuando los hechos se cometan empleando violencia o intimidación, como sería este caso según la versión de la denunciante que incluso aporta un informe médico que respalda que hubo forcejeo durante la agresión, el responsable será castigado por el delito de agresión sexual a un menor con la pena de cinco a diez años de prisión. Esa misma pena se aplicaría a quienes forzasen a participar en actos de naturaleza sexual con un tercero o a realizarlos sobre sí mismo. Además, cuando esta agresión incluya sexo por vía vaginal, anal o bucal el responsable será castigado de 12 a 15. Así pues, en función de la diferente participación en los hechos que se pueda atribuir a los encarcelados el fiscal podría pedir penas de cinco años en el mejor de los casos o quince el en más severo. Cabe resaltar que las penas recaerían en el grado más alto si se aprecian los agravantes de la actuación conjunta de dos o más personas o que la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. A mayores, y en caso de una hipotética condena, se podrían ver excluidos de trabajos en los que haya que tener contacto directo con menores.

 

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