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RIBERA

Los concejales investigados defienden su inocencia

El tribunal escuchará al último afectado, Javier Rojas, el 7 de marzo

LORETO VELÁZQUEZ LORETO VELÁZQUEZ
28/02/2017

 

Tranquilos. Así salieron ayer de su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranda de Duero los concejales investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa al otorgar en 2011 una licencia de obras para que la plaza de toros ampliara las dimensiones del ruedo y cumpliera la normativa sin informe jurídico.

Fue a las 8.50 horas cuando la alcaldesa, Raquel González, comparecía acompañada por los actuales ediles de Hacienda y Personal, Emilio Berzosa, y de Cultura, Azucena Esteban. Tras ellos, el resto de investigados: el ya ex concejal del Partido Popular, Ángel Calvo; los regionalistas, José Ignacio Díez Arranz y Elia Salinero -actual concejala de Ciudadanos- y el arquitecto municipal, Raúl Frutos. Nadie quiso hacer declaraciones, ni antes ni después, ajustándose a las directrices de un tribunal que advirtió de que las diligencias son reservadas.

Bajo esta perspectiva, a la espera de que el tribunal llame a declarar al último edil aludido, Javier Rojas, quien argumentó la contratación de un viaje programado para no asistir a la cita judicial de ayer, habrá que esperar al día 7 -fecha en la que se le ha citado de nuevo- para que el PP y, por ende, los concejales del Prcal, pidan el sobreseimiento de una causa que entienden injustificada y motivada por una guerra más personal que legal.

Según ha podido saber este periódico, la línea de defensa fue casi idéntica. Todos se aferraron al acta de la polémica Junta de Gobierno en la que si bien falta un informe jurídico -como así lo observa el secretario y la interventora-, no queda constancia de que advirtiesen que era necesario y obligado. Tampoco había informes contrarios ni reparos técnicos ni advertencias de irregularidades de ningún tipo. «Entendimos que el propio Ayuntamiento le estaba requiriendo dichas obras y entraba dentro de la lógica», argumentaba a este periódico hace unas semanas, Elia Salinero.

En su defensa, los ediles coincidieron en recordar que la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros, promotora de la demanda, fue partícipe de todo el proceso porque así lo acordaron en la reunión que mantuvieron el 11 de julio de 2011, un mes antes de la celebración de la Junta de Gobierno ahora cuestionada.

Los ediles del PP -los todavía representantes públicos, Raquel González, Azucena Esteban y Emilio Berzosa; y los ya ex concejales, Javier Rojas y Ángel Calvo- han confiado sus defensas en Juan Manuel Gallardo, abogado de cabecera del Partido Popular en Burgos y conocedor de la problemática de la plaza de toros, ya que elaboró el informe en el que el Ayuntamiento basó el levantamiento de la caducidad de la licencia en 2014.

Por su parte, los ex representantes del Prcal, José Ignacio Díez Arranz y Elia Salinero contrataron de forma conjunta a Teresa Hontoria, mientras que el único arquitecto afectado, Raúl de Frutos, llegó con un abogado de Valladolid. La declaración de la alcaldesa y del arquitecto duraron una hora cada uno, mientras que el resto de los investigados comparecieron una media de veinte minutos cada uno. Este periódico intentó, sin éxito, ponerse en contacto con los concejales declarantes.

Diligencias

Avanza de esta forma un proceso que se encuentra en las primeras diligencias y que partió el pasado mes de mayo cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranda de Duero admitió la querella planteada por la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros como acusación popular.
Al tener que ingresar una fianza de 2.000 euros para garantizar los posibles daños y perjuicios a los ahora investigados, el colectivo contó con el apoyo de los grupos políticos Sí se Puede Aranda y UPyD.

Tras escuchar a los técnicos primero y ahora a los políticos, el tribunal deberá decidir si el trámite continúa. Los ediles se podrían enfrentar a una pena de inhabilitación de cargo público y al pago de una multa económica.

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