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SUCESOS

Confiscan cuatro perros a un criador de Melgar acusado de maltrato animal

El acusado acumula varias denuncias por «estafa» e «intrusismo profesional» / El fiscal solicita un año de cárcel y tres de inhabilitación, aunque por ahora la instalación no ha sido desmantelada

DIEGO SANTAMARÍA DIEGO SANTAMARÍA
18/07/2019

 

Lo llaman el «criadero de los horrores» porque las pruebas saltan a la vista. Más de un centenar de perros de diferentes razas malviven en condiciones extremas, desde hace años, en una instalación ubicada a las afueras de Melgar de Fernamental. De nada sirvió que el Seprona haya levantado más de 50 actas de denuncia desde marzo de 2015. Su propietario, D.O.U. (28 años), siempre hizo caso omiso de los requerimientos de los agentes que se personaban periódicamente en la finca para realizar un «seguimiento exhaustivo». Sin embargo, el pasado jueves fue detenido por la Guardia Civil, en el marco de la ‘Operación Chenilbur’, como presunto autor de un delito de maltrato animal. Ahora, la Fiscalía solicita un año de prisión y tres de inhabilitación. Cuando fue arrestado, se encontraba en posesión de 97 adultos y 50 cachorros pese a que la licencia ambiental que le otorgaron en su día solo le autoriza la tenencia de 75. Cuatro de esos ejemplares fueron rescatados porque presentaban «lesiones graves». Por desgracia, uno de ellos no logró sobrevivir. Tal era su maltrecho estado de salud que no quedó más remedio que aplicarle una «eutanasia humanitaria» para que dejase de sufrir.

A la espera del juicio, previsto para octubre, el resto de perros continúan en el criadero. Por ello, la Plataforma Ciudadana Justicia y Defensa Animal de Burgos exige que se apliquen «medidas cautelares» para que D.O.U. sea inhabilitado ipso facto y los canes abandonen cuanto antes las instalaciones. De esta forma, se evitarían nuevas ventas a través de internet como hasta ahora. En portales web de compra-venta, con distintos número de móvil para despistar a posibles clientes insatisfechos, el criador lleva años ofreciendo cachorros de múltiples razas. Nunca por debajo de 200 euros.

Fuentes de la Guardia Civil consultadas por este periódico aseguran que D.O.U. también acumula varias denuncias por «estafa». Una vez cerrada la operación, muchos compradores se percataban de que el perro en cuestión se encontraba aparentemente enfermo. Al final, las sospechas se confirmaban tras la pertinente visita al veterinario. Por otro lado, las mismas fuentes señalan que también está acusado de «intrusismo profesional» por implantar microchips y vacunar a los animales pese a carecer de formación para acometer este tipo de intervenciones.

La vicepresidenta de Justicia y Defensa Animal y de Protección Animal Burgos (Proanbur), Judith Sánchez, corrobora la versión policial y anuncia que muchos de esos clientes insatisfechos «quieren contar su historia». Por ejemplo, un particular de Bilbao que adquirió un Husky sin saber que estaba «cojo por falta de alimentación». Entretanto, hace un llamamiento a la población para que «nadie le compre un solo perro» mientras insiste en la necesidad de desmantelar la instalación lo antes posible para evitar que se deshaga de los animales. De ser así, cree que podría salir indemne porque «no lleva ningún tipo de registro». Y claro, al no estar censados resultaría prácticamente determinar cuántos faltan y dónde están.

Las pruebas del delito

Cuando los agentes del Seprona visitaron el criadero por primera vez, detectaron «anomalías» relacionadas con el incumplimiento de la licencia ambiental, la ausencia de fosa séptica o las «condiciones inadecuadas» en materia de alimentación y servicios veterinarios. Ya en su día, remitieron un informe aconsejando la confiscación de los animales, pero ni el Ayuntamiento de Melgar ni la Junta de Castilla y León tomaron cartas en el asunto.

Lejos de deponer su actitud, D.O.U. se amparó en la impunidad para seguir desempeñando su lucrativa actividad hasta el jueves 11 de julio. Esta vez sí, la Guardia Civil pudo confiscar cuatro perros para someterlos a un «diagnóstico y tratamiento urgente» tras obtener el visto bueno de la veterinaria del Servicio de Ganadería de la Junta que se desplazó para examinar su estado. Además, los agentes reclamaron al Juzgado número 2 de Burgos la «retirada de la propiedad de todos los canes» al verificar, entre otras cosas, que «el centro presentaba una suciedad generalizada, deposiciones acumuladas sin retirar junto con restos de comida por el suelo» e incluso «una plaga de parásitos que comprometía la salud de muchos animales».

Los agentes ya sabían donde se metían y por eso tomaron precauciones. Se personaron en la perrera con guantes y con sus uniformes «totalmente precintados de rodillas hacia abajo» dado el riesgo de contraer enfermedades infecciosas. Pulgas, chinches y garrapatas campaban a sus anchas por el lugar, tal y como pudieron constatar durante una inspección en la que también detectaron varios ejemplares «con sarna».

Aparte del «lamentable estado» de salud y habitabilidad de los perros, los efectivos del Seprona que intervinieron el pasado jueves también observaron estupefactos la mezcla de razas domésticas y peligrosas en cada receptáculo. Según comprobaron, en algunas de esas pequeñas parcelas podían llegar a convivir hasta «25 perros». Visto lo visto, no tuvieron la más mínima duda y solicitaron que «se revoque la licencia ambiental y se retiren todos los perros».

De las más de 50 denuncias interpuestas por el Seprona desde que se iniciaron las inspecciones, tan solo tres se han admitido a trámite por parte del Gobierno regional. La vicepresidenta de Justicia y Defensa Animal, entidad que se personará en el juicio como acusación popular, critica la «pasividad» de la Junta y del Ayuntamiento tras las reiteradas peticiones de «auxilio» que se han efectuado durante los últimos años. Por este motivo, la asociación considera que ambas administraciones deben ser «responsables subsidiarias» de los animales que todavía permanecen en la perrera. El tiempo, según Sánchez, corre en su contra porque existe el riesgo de que «desaparezcan de la noche a la mañana». Así pues, reclama la «incapacidad temporal» del denunciado hasta la celebración del juicio.

Guerra en las redes

Lo que ocurría en este criadero de Melgar era de dominio público para numerosas asociaciones animalistas -de Burgos y de otras provincias- que llevan tiempo denunciando públicamente la situación a través de las redes sociales. En respuesta a las acusaciones que se vertían en su contra, el propio D.O.U. ofreció su versión de los hechos el 27 de mayo del año pasado a través de Facebook. Según sus propias palabras, tuvo que despedir a un empleado por culpa de la «información falsa» que se estaba difundiendo sobre su perrera, amén de subrayar que «cumple con todas las normativas y todos los permisos». Además, sustentó su alegato afirmando la existencia de «informes veterinarios» favorables.

Convencido de que esta supuesta campaña de desprestigio contra su negocio procedía de «personas que se dedican a buscar perros gratis para luego venderlos», D.O.U. amenazó con querellarse por «difamación, denuncias falsas y pérdidas económicas» contra dos particulares que supuestamente querían «sacar dinero» a su costa. Por aquel entonces, también aseveraba que «las ampliaciones mejoras de las instalaciones estan paradas por personas como la que publico esta publicacion (sic)».

No se amilanaron las asociaciones que en su día expusieron lo que estaba sucediendo en Melgar. Es más, Justicia y Defensa Animal Burgos ya ha anunciado su intención de «dar la guerra necesaria legalmente» en «redes sociales», «prensa» y «televisión» hasta «conseguir el cierre del criadero de los horrores». De esta forma, Sánchez y sus compañeros esperan ejercer presión sobre las administraciones competentes para evitar que D.O.U. «siga haciendo lo que le dé la gana». Por ahora, lo único que tienen claro es que la situación en la que se encuentran los perros es «muchísimo peor» que antes.

-Más información en la edición impresa-

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