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El Congreso exige al Estado que cierre Garoña «definitivamente»

Ayer se aprobó una PNL del Grupo Mixto con el fin de que se inicien las medidas necesarias para ello y dar forma a un plan de industrialización de todo su entorno

BURGOS
08/03/2017

 

El Congreso de los Diputados aprobó ayer una proposición no de ley (PNL) del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno «a poner en marcha medidas necesarias para proceder al cierre definitivo de la Central Nuclear de Santa María de Garoña». La propuesta fue defendida por el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, que argumentó la necesidad del cierre definitivo de la instalación, que calificó como un «vestigio del pasado», por el más del centenar de incidencias que ha registrado a lo largo de su vida útil. «Su innecesaria reapertura, ya que lleva más de cuatro años sin actividad, una piscina colmatada y una mayoría social en contra de su puesta en funcionamiento», fueron sus argumentos, recogidos por Ical.

La proposición, que finalmente fue sustituida por una enmienda transaccionada que firmaron los grupos parlamentarios de PSOE, Ciudadanos, Podemos, Esquerra y Grupo Vasco, insta también al Ejecutivo «a acometer el proceso de desmantelamiento en condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas, bajo supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)», y a la activación inmediata de un plan alternativo y específico de reindustrialización y adaptación económica para el área de influencia de Garoña».

Por su parte, la diputada socialista por Burgos, Esther Peña, recordó la posición de su grupo al respecto de la central como «cierre, desmantelamiento y futuro», y criticó las «contradicciones» en las que incurría el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al considerar su reapertura sin completar las exigencias que requirió a Nuclenor en materia de seguridad.

«No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, queremos aprobar una ley que impida la autorización para explotación o renovación de una nuclear, una vez haya sido decretado su cese definitivo», advirtió Peña. Acusó al Gobierno de querer hacer de Garoña un «elemento de negociación» para las eléctricas para ampliar la vida útil del resto del parque nuclear español de 40 a 60 años «sin necesidad de cumplir medidas de seguridad», y al PP como «moneda de cambio para aprobar los Presupuestos Generales del Estado».

«A los que no va a servir Garoña para nada es a los vecinos de Burgos y de su entorno», por lo que Peña solicitó al PP escuchar a la ciudadanía, «y a la enmienda que con vocación de acuerdo hemos presentado todos los grupos».

La vinculación con la ampliación de la vida útil del resto de centrales nucleares del parque español fue argumento utilizado también por el resto de los grupos que intervinieron en el debate de esta PNL que acogió la sesión plenaria del Congreso de los Diputados de ayer martes. Como el diputado de Unidos Podemos Juan López de Uralde, que tras calificar la central de «vieja, peligrosa y obsoleta», dijo que el debate no era tanto Garoña como el alargamiento de la vida del resto de centrales. «¿Cuántas mayorías absolutas hacen falta para que el Gobierno tome nota y haga caso a la ciudadanía?», interrogó López de Uralde, que exigió un «cierre progresivo y ordenado» de todas las centrales.

La diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, esgrimió además el argumento de que la central nuclear de Garoña, sin actividad desde el año 2012, no ha influido en el sistema eléctrico español. Con su desenganche de la red «no pasó nada, no hubo ningún problema de suministro», enunció, por lo que demandó su cierre definitivo y la puesta en marcha de «un plan de intervención en la zona para que no quede deprimida».

Desde Esquerra Republicana, Joan Capdevila i Esteve criticó que con este asunto «el Gobierno deja que lo urgente pase por delante de lo importante» para no acometer la transición energética que a su juicio necesita el país. A la vez que la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea, advirtió de que «prolongar su vida útil supondría un riesgo inasumible para la seguridad». Seguridad que como remarcó, «no puede estar sometida a unos intereses económicos o políticos particulares.

La postura del Ejecutivo fue defendida por el diputado del PP Guillermo Mariscal, que aseguró que su grupo «no es ni pro ni anti nuclear», y reprochó a sus interlocutores el haber encontrado «un pegamento que permite unirse todos contra el PP». Aseguró que «nosotros queremos un sistema eléctrico que garantice el ‘trilema’ tantas veces planteado: 24 horas y 7 días de suministro continuado, reduciendo las emisiones de CO2 y a un precio que sea razonable».

«Lo relevante en política energética es la velocidad que le demos a esa transición», recalcó, ya que «si nos precipitamos ocurrirá como con el sistema eléctrico español: se generará déficit, incremento del precio de la luz y se acabará perjudicando el bienestar y la competitividad de las empresas y las familias», advirtió. Mariscal tildó este sentimiento antinuclear como «un endemismo de la izquierda española», y criticó que con Garoña existan lo que calificó de «prejuicios y falta de juicio», ante la puesta en duda por parte del resto de grupos la seguridad nuclear avalada por los técnicos del CSN, lo que calificó de «irresponsable y un acto de frivolidad».

Finalmente, la PNL en los términos recogidos en la enmienda de sustitución transaccionada salió adelante por 205 votos a favor, 126 en contra y ninguna abstención. Tras la votación los diputados aplaudieron la toma en consideración de esta proposición, que no contó con los apoyos del PP.

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