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RIBERA

El Consistorio intenta rebajar los intereses impuestos en Proincove

La constructora advierte al Ayuntamiento arandino que no ha solicitado la ejecución

LORETO VELÁZQUEZ LORETO VELÁZQUEZ
01/02/2018

 

Aunque expiraba el 5 de febrero el plazo que dio el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para que el Ayuntamiento de Aranda abonase los 2,5 millones de euros que debe todavía a la constructora Proincove (en concepto de intereses por haber ocupado irregularmente una parcela de su propiedad en el margen izquierdo del río Arandilla), el Consistorio ha solicitado que se retrotraigan las actuaciones por no haber recibido la notificación a tiempo por la baja del Oficial Mayor.

La alcaldesa, Raquel González, se fija así dos objetivos: conseguir por un lado, que el Ayuntamiento de Aranda se pueda oponer a la cantidad fijada de intereses y por otro, retrasar el pago al menos hasta el mes de abril. «Como nos enteramos en enero y no en noviembre, que es cuando se envió, hemos pedido que nos den esos 3 meses», explica consciente de que sin presupuestos aprobados para 2018, el Ayuntamiento no puede pedir el préstamo que el Ministerio ha dispuesto con interés bajo.

«La propuesta tiene que estar vinculada al presupuesto», insiste la regidora, a sabiendas de que si éste no está y la ejecución de la sentencia es firme, no le quedará más remedio que firmar un documento de pago que implicaría recortar dinero a distintas concejalías.

Desde Proincove, el abogado asegura que no entiende cómo ha podido llegar el decreto del Tribunal Superior de Justicia, con los plazos de pago, cuando ellos, como parte interesada no han pedido la ejecución. Según explica el letrado, Javier de la Morena, aunque lo pidió en su momento (en noviembre de 2016), el testimonio acreedor que acordó el tribunal el 3 de noviembre de 2017 no le ha llegado todavía. «Ha debido haber algún error de interpretación porque ese testimonio fundamental para presentar la ejecución, solo puede pasar por mí», subraya.

Ajeno a intereses y ejecuciones de deuda, el juzgado de instrucción número 1 de Aranda de Duero, continúa investigando la denuncia que presentó Podemos en la que pedía que se dilucidase si en el expediente Proincove se pudo incurrir en delitos como información privilegiada, tráfico de influencias o prevaricación.

Hay que recordar que aunque el Ministerio Fiscal recogió el guante de la formación morada, no es la primera vez que la documentación es objeto de estudio. En diciembre de 2012, la propia concejala socialista, Mar Chamorro (actualmente al margen de la política), facilitó el expediente judicial y administrativo con el fin de disipar dudas y salvaguardar su imagen ante los que la cuestionaban por estar casada con el abogado del empresario y ex socio del entonces alcalde, Luis Briones. La fiscalía archivó la causa.

Tras conocer que uno de los requerimientos de la fiscalía es que fuesen más concretos en las dudas para agilizar la labor de investigación, cuando Sí se Puede (Podemos) se puso en contacto con la fiscalía, sumó al millar de folios del expediente, un informe de 6 páginas en el que dejaban constancia de las preguntas pendientes de resolver. Sí Se Puede adjuntaba además dos anexos, uno con la cronología de los hechos y otro con los nombres de los concejales que han ostentado la responsabilidad de Urbanismo y Medio Ambiente en los años en los que se desarrolló el proceso (desde el inicio en 1999 hasta su entrada en la vía judicial, en 2012), sin olvidar los técnicos que se han encargado de los distintos trámites. «Por este tema se ha condenado al Ayuntamiento a pagar una deuda millonaria y hay que saber qué ha pasado», justificaba entonces la concejala de Sí se Puede, Laura del Pozo.

Con una pena para el Ayuntamiento de 7 millones de euros, el caso Proincove se ha convertido en la sentencia más gravosa para las arcas municipales. Hasta ahora se ha pagado el 65% de la deuda.

 

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