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La Diputación ayuda a quitar el miedo a la contratación pública

Ayer se analizaron las muchas dudas surgidas en este año de aplicación, en el que se ha puesto a disposición de los municipios ayuda técnica y jurídica

M. M.
22/02/2019

 

El Monasterio de San Agustín fue el escenario escogido ayer por la Diputación Provincial para hacer un balance del primer año de aplicación de la nueva ley de contratos públicos, la cual entró en vigor en marzo del 2018. Cita en la que si bien el balance fue positivo -«pues hemos podido comprobar que las herramientas puestas a disposición por la Diputación a los ayuntamientos les están siendo de gran utilidad para quitar un poco el miedo a los trámites vinculados a su aplicación»-, también fue el escenario perfecto para plantear a los profesionales del sector algunas de las muchas dudas con las que se encuentran los municipios -pero sobre todo los secretarios-, día a día.

Así lo destacó ayer tras la cita, la diputada provincial responsable del área de Nuevas Tecnologías de la Diputación, Inma Sierra, quien afirmó que la finalidad del evento -organizado por la Diputación y Vortal, entidad contratada por la Institución Provincial para el desarrollo de esta plataforma-, «era la consulta directa con los profesionales jurídicos y técnicos para que los secretarios, alcaldes y concejales que se ocupan de estas labores pierdan el miedo y sobre todo, les planteen las dudas y problemas reales con los que se topan todos los días». Y es que como recalcó Sierra, «han sido muchísimas las consultas que se han recibido de los ayuntamientos, pues sin atreverme a contabilizarlas, sí se han multiplicado a raíz del mayor número de obligaciones que introdujo la modificación de la ley desde el pasado mes de marzo.

Como explicaron los sucesivos ponentes de la jornada -entre ellos el abogado y director académico de la European Vortal Academy, Jaime Pintos; la jefa del servicio de Contratación de la Diputación, Cristina Clara o el letrado Javier Píriz-, con la nueva ley «se busca la total transparencia contra la corrupción generalizada que se ha sufrido en estos años, entre otros objetivos, lo que obliga -por ejemplo-, a dar publicidad y uso de medios electrónicos en todas las fases del proceso de contratación electrónica, además de reducir el plazo de los contratos -siendo 5 años el período genérico, y ser necesario argumentar la necesidad y el contenido de lo que se contrata, evitando así que se contrate ‘a bulto», detallan en sus intervenciones.

Exigencias de las que «tampoco se libran los contratos menores», remarcó Clara, como son aquéllos de suministros menores de 15.000 euros, y los de obra con cantidades menores a 40.000 euros, siendo éstos la mayoría de los que protagonizan la actividad diaria de los pequeños municipios.

«De ahí que desde la Diputación se pusiera enseguida a servicio de los municipios tanto asesoramiento técnico como jurídico e incluso plantillas de los documentos obligatorios e imprescindibles para facilitarles las cosas, pero aún así es una situación inviable», confiesa Sierra, a la par alcaldesa de la localidad de Tordómar. Y es que como señala, «más del 80% de las tramitaciones de un pequeño municipio suponen temas menores, como la compra de papel o el arreglo de una puerta que se ha roto, a los que preceden hoy engorrosos trámites que llevan más tiempo que el propio arreglo».

Si bien muestra su total acuerdo con la necesidad de transparencia y una adecuada y eficaz gestión de los gastos públicos, aboga también por buscar una posibilidad intermedia, «ya que un ayuntamiento grande cuenta con medios materiales y personales para realizar esos trámites municipales, pero los pequeños no somos corporaciones profesionales, no nos dedicamos a esto ni contamos con una persona a nuestra disposición, de hecho yo comparto secretario con 6 pueblos...».

Además de que se impide seguir velando por la actividad local, «pues con la nueva ley no podemos elegir a empresas cercanas -aunque nos ofrezcan presupuestos interesantes- al abrirse a todo el país».

Paso con el que si bien argumentan «que se asegura la igualdad de concurrencia, añade la dificultad de trabajar con empresas de fuera, cuando con una fórmula intermedia seguiría existiendo total transparencia a la par que se daría actividad a los municipios, evitando alargar aún más los trámites de ahora, que sólo nos generan triple incomprensión: por parte de los contratistas, de los vecinos y de la propia Administración», sentencia.

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