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La Diputación cede a la presión de Roa y recusa a su técnico

CCOO critica que «se aparte a un empleado porque a un ayuntamiento le molesta que éste haga su trabajo y se queje de él al jefe»

M. M.
15/12/2017

 

Nadie lo entiende pero ahí está el decreto aprobado por el presidente de la Diputación, César Rico, tras un informe del área de Personal que así lo avala aceptando las quejas de la alcaldesa de Roa, Carmen Miravalles, quien pide que se retire al jefe y dos miembros del servicio provincial de Medio Ambiente, de todo lo relacionado con su ayuntamiento por considerarse «objeto de una persecución» por parte de todos ellos. Recusación que la Diputación acepta sólo en el caso del jefe del servicio, Luis Pérez, a quien se le deniega el derecho a recurrir, «pero sí podré hacerlo en cuanto se resuelvan estas ayudas, y lo haré».

Desde Medio Ambiente tienen muy clara la intencionalidad de la alcaldesa de Roa, pues como explican, ésta remite de nuevo su petición de recusación «curiosamente después de que hayamos visitado a principios de noviembre las obras incluidas en una segunda ayuda pedida por Roa, las cuales a pesar de que tendrían que estar concluidas desde finales de octubre, estaban entonces a medias».

Irregularidad que confirma desde el propio Ayuntamiento de Roa, el concejal del PP David Colinas, quien puntualiza que pedir la recusación de los técnicos «ha sido iniciativa de la alcaldesa y del secretario, ya que en ningún momento se ha informado al resto de corporación ni se ha aprobado en Pleno esta medida, que no compartimos».

El también diputado provincial añade que ya le transmitió a la regidora en el Pleno municipal celebrado en Roa el pasado jueves, dicha postura contraria a su actuación. «Le recordé que el origen de esta cuestión es que el Ayuntamiento que regenta ha incumplido las bases para recibir una ayuda», reprochó Colinas. «Algo que fue vergonzosamente evidente cuando los técnicos visitaron unas obras que tendrían que haber estado casi concluidas y no había nada hecho, pero sí un dudoso certificado municipal que las daba por acabadas».

«La situación se repite»

Situación que, como explica, vuelve a repetirse ahora, pues las obras para las que se pidió una segunda ayuda y que tendrían que estar desde octubre, «a día de hoy, mes y medio después, están sin acabar, proceder que lo único que hace es avergonzar a los habitantes de Roa y tirar por los suelos la imagen de la localidad», lamentó.

Sin embargo, quien tiene claro que no va a dejar las cosas así es Comisiones Obreras (CCOO), «pues ésta es una medida inaudita, vergonzosa y muy peligrosa, al abrir la puerta a que cualquier ayuntamiento incumpla las normas con total descaro y logre que se retire a quien así se lo recrimina», critican. «Vamos, que se retire de su labor a un empleado por cumplir con su deber», añaden.

Dudan asimismo de la legalidad del procedimiento, sobre el que ya han iniciado las pertinentes consultas a expertos, «pues en la ley que rige la labor del funcionario público no existe esa figura, la de ‘recusar’», detallan. «Sí la de ‘expedientar’ o ‘despedir’ para las que evidentemente es necesario que el trabajador no haya cumplido con su deber, algo que no sucede aquí pues él sigue las normas vigentes que le permiten visitar antes, durante y después del período de obras dichos trabajos para los que se está destinando dinero público».

Punto incluido en las bases de las ayudas, «que por lo visto, al Ayuntamiento de Roa le molesta, porque le impide hacer lo que quiere y cuando quiere, e interpreta como ‘una persecución’», critican. «Como también le molesta que se acuda a Roa y no a otros pueblos cuando es algo normal al ser el pueblo que más recibe, al rondar las ayudas concedidas los 80.000 euros», añaden desde CCOO. «Y lo peor es que la Diputación se lo permite y da pábulo al incumplidor », reprochan.

«Se abre la puerta a una práctica muy peligrosa»

Desde el grupo provincial de Imagina, su portavoz Marco Antonio Manjón ha mostrado la total oposición de su grupo a esta medida, «por ser vergonzosa y muy peligrosa, ya que abre la puerta a que todos aquellos a los que no les guste que les revisen las obras, se quejen y pidan que se quite al trabajador». De hecho añade que pidieron un nuevo informe jurídico al respecto en la comisión de Medio Ambiente «y el PP y PSOE lo rechazaron alegando que sea el recusado el que lo pida», lamentó Manjón. Criticó además al grupo de gobierno que, «no entendemos por qué, apoya a un ayuntamiento que no ha cumplido las normas, mientras a otros se les deniegan ayudas por cosas nimias». Y advierte a la Diputación que con la aprobación de este decreto «que retira -o recusa- al trabajador que cumpliendo con su labor tras ver un incumplimiento lo plasma en el correspondiente informe, también pone en entredicho a la comisión de Medio Ambiente, que aceptó dicho informe contrario».

 

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