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Equo pide explicaciones al Gobierno sobre el desmantelamiento de Garoña

Alerta del «riesgo» que entraña la presencia de residuos nucleares en la zona

Burgos
01/08/2018

 

La «preocupación» que gira en torno a los «interrogantes» sin resolverse sobre el desmantelamiento de la central de Santa María de Garoña y el «riesgo» latente de sus residuos nucleares ha llevado al coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos por Álava, Juan López de Uralde, a registrar una pregunta en el Congreso para que el Gobierno dé las explicaciones oportunas sobre dicho proceso.

Por ello, López de Uralde reclama información sobre los avances realizados por la empresa pública de residuos radioactivos (Enresa) en relación al informe perceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la estimación de los plazos de ejecución para desmontar las instalaciones.

A la hora de justificar su solicitud, la formación se amparó en el peligro sanitario y medioambiental que entraña la continuidad de los residuos en la planta, ya que constituyen un «riesgo potencial» de contaminación del agua, el suelo y la atmósfera. Asimismo, el diputado criticó que un año después de la clausura de la central, «nada ha trascendido sobre el futuro de este material radioactivo», de ahí sus críticas al «oscurantismo» que rodea al proceso de desmantelamiento.

Tal y como recoge Europa Press, López de Uralde también denunció que «se están incumpliendo las obligaciones europeas de seguridad» en el tratamiento de los residuos nucleares en lo referente a la dotación de soluciones de almacenamiento final de los residuos de alta actividad. De hecho, los residuos «continúan en Garoña y se desconoce, por el momento, dónde y cómo se van a gestionar», apostilló.

Para el parlamentario vasco, resulta «inconcebible que un año después aún no hayamos recibido explicaciones sobre cómo se va a acometer el desmantelamiento, qué se va a hacer con los residuos». De igual manera, consideró que la falta de fondos para acometer los cierres de centrales nucleares supone «uno de los principales problemas» que debe abordar el Gobierno tras confirmar que no se alargará su vida útil.

Finalmente, subrayó que las administraciones competentes «deben implicarse» en el proceso y apoyar a los trabajadores que se verán afectados por el desmantelamiento. Al mismo tiempo, reclamó un análisis del Plan de Dinamización del área de influencia de la central propuesto por 14 municipios afectados porque «no se puede abandonar a esa gente a su suerte», sino «contribuir a la revitalización de la zona».

 

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